¿Qué derechos electrónicos tienen los ciudadanos para relacionarse con las administraciones?
Las nuevas tecnologías han modificado de manera casi radical la forma en que ciudadanos, empresas y administraciones se relacionan entre sí. La reducción de costes de los servicios y de los plazos de tramitación de los procedimientos es lo que persiguen las administraciones, pero no siempre lo consiguen. La Ley de Acceso Electrónico recoge los derechos de la ciudanía tanto para solicitar información como para realizar trámites y consultas. Esta ley convierte en universal el derecho de los ciudadanos a relacionarse con todas las administraciones de manera electrónica, pero ¿se trata de un mito o ya es una realidad?
El primero de los derechos de los ciudadanos es a elegir el canal de relación con la administración. Nadie puede ser discriminado como consecuencia de esta elección. Los canales que puede escoger van desde oficinas presenciales hasta sedes electrónicas pasando por la atención telefónica. El segundo derecho que asiste al ciudadano es a no aportar documentos que ya obren en poder de las instituciones. Es lo que se conoce como interoperabilidad: un sistema de intercambio de datos que evita que las administraciones públicas soliciten información y documentos que ya poseen.
Además, los canales de relación de las instituciones con la ciudadanía deben resultar accesibles desde las diferentes opciones tecnológicas, sin dar más facilidades a unos sistemas que a otros. Por otra parte, el usuario tiene derecho a conocer el estado de tramitación de sus expedientes, salvo cuando la normativa establezca restricciones al acceso a esa información.
También existe el derecho a obtener copias electrónicas de los documentos de los procedimientos que afecten al usuario y a que la administración conserve de manera electrónica los expedientes. La seguridad, confidencialidad y protección de los datos del usuario por parte de las administraciones es otro de los derechos básicos.
