El derribo amenaza a 14 chalés de lujo ilegales
Cuatro años después, la amenaza del primer derribo de una urbanización de chalets de lujo en Euskadi por ilegalidades urbanísticas vuelve a ser real. 14 viviendas del municipio de Barrika, a pocos metros de la costa, están en la picota por el rechazo del Ayuntamiento a buscar un acuerdo con los ecologistas, que presentaron una demanda contra la construcción en un suelo protegido y ganaron todos los pleitos en los tribunales.
Esta historia es muy antigua: de 23 años atrás, y se localiza en Barrikabaso, al lado de los acantilados del municipio vizcaíno de Barrika, un auténtico caramelo urbanístico. Los intentos de edificar se remontan a los años 80 y todas las tentativas se asocian a la familia Lezama-Leguizamón (una de las más pudientes de Bizkaia), propietaria de las 65 hectáreas de Barrikabaso y que siempre ha figurado como promotora de los diferentes planes urbanísticos. Pero se han topado con la resistencia del Gobierno vasco y, especialmente, del grupo ecologista Txipio Bai.
En los años 80, el urbanismo iba siempre por encima del medio Ambiente. Aunque había excepciones. En 1988, el Gobierno calificó la zona de suelo no urbanizable de especial protección paisajística. Pese a que los informes del Ejecutivo eran vinculantes, el Ayuntamiento firmó solo dos años después (en 1990) un convenio con la Diputación de Bizkaia y los propietarios que contemplaban 349 chalés, un hotel y un campo de golf. El órdago no amedrentó a la Administración, que entonces supeditó la aprobación de todo el plan urbanístico de Barrika a que esa área tuviera la declaración de especial protección. Finalmente, el Ayuntamiento, que siempre ha estado gobernado por el PNV, claudicó y el macroproyecto quedó aparcado.
Aparcado, pero no olvidado. En 1997, el Ayuntamiento demostró su gran interés en edificar en esta área y volvió a aprobar una recalificación en la zona: Entonces, la limitó a dos parcelas de 19 hectáreas situadas en los dos extremos y que preveía 97 viviendas: 85 chalés y 12 pisos de protección. Una medida calificada entonces como argucia por los ecologistas porque, si se acometía, supondría con el tiemplo la urbanización de todo el área. Como en 1990, fue apoyado por la Diputación, cuya actuación evidencia igualmente su interés en impulsar la operación.
De nuevo, la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco se plantó y dijo en un informe que, en “evitación de daños ambientales irreparables” debería seguir como área protegida.
Vistos los acontecimientos, los ecologistas decidieron recurrir ante los tribunales que hasta en tres sentencias judiciales (dos del Tribunal Superior vasco y la última del Supremo en 2009), calificaron nula la recalificación que se hizo porque “no cabe duda” del interés paisajístico de la zona y que estos intereses “se sacrificaban implantar viviendas de baja intensidad”. Los fallos calificaron de “arbitraria” y “desviación de poder” la modificación urbanística de un suelo clasificado como no urbanizable de especial protección paisajística.
Salida negociada
Las sentencias daban pie al derribo de las 14 viviendas ya construidas mientras se resolvían los pleitos y varias habitadas desde hace ya siete años. Pero los ecologistas se avinieron a negociar una salida para que los propietarios se quedasen en sus casas. El pacto propuesto pasaba por declarar el área fuera de ordenación, aunque manteniendo las viviendas con los servicios básicos. El PNV (que ha estado siempre al frente de la Diputación, la institución que ha ido validando las recalificaciones) también se implicó para buscar una salida en 2009. Dirigentes y diputados forales vizcaínos se reunieron con los ecologistas primero en 2009 y en los siguientes años, en lo que se veía como la antesala del acuerdo.
Pero ha pasado el tiempo, ya cuatro años desde el fallo del Supremo, sin cerrarse ningún acuerdo y los últimos pasos de las instituciones que han soliviantado a los ecologistas. El más grave, la propuesta de la Diputación vizcaína, en su informe sobre el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que propone recalificar la zona protegida como urbana. Aunque los contactos entre la Diputación y los ecologistas se han mantenido en los últimos meses, los conservacionistas han dado ya el primer paso previo a solicitar el derribo: un requerimiento al Ayuntamiento para que desaloje a sus residentes y se suspendan los suministros de agua o electricidad al tratarse de “una ocupación clandestina”. Una exigencia que el Ayuntamiento está obligado a aprobar, ya que, al tratarse de viviendas en situación de ilegalidad, los concejales que no lo hicieran estarían cometiendo un delito de prevaricación. Ninguno de los 14 chalés cuenta con licencia de uso y primera ocupación. La amenaza del derribo se cierne de nuevo sobre sus moradores.
