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6.000 desahucios, 6.000 dramas

La indignación popular y la presión de la calle han llevado a la Administración a aprobar medidas antidesahucios para detener la sangría.

Y mientras, el Gobierno vasco mantiene un parque de más de 800 viviendas de protección oficial vacías porque no logra adjudicarlas.

La crisis se ha llevado por delante la vivienda de varios miles de familias vascas, condenándolas a la exclusión social.

Concentración frente a los juzgados de Stop Desahucios Gipuzkoa acompañados de Ada Colau

Concentración frente a los juzgados de Stop Desahucios Gipuzkoa acompañados de Ada Colau

"Los bancos y cajas no quieren dar ahora la imagen de malos y que solo desahucian. Ahora están promoviendo aplazamientos en los pagos, costear solo los intereses…..Pero el drama del desahucio sigue muy presente y las consecuencias de esos aplazamientos se van a ver dentro de un año o dos, con más gente expulsada de sus casas". José Francisco Lag, miembro de la plataforma Stop Desahucios Araba, todas las semanas atiende una media de dos o tres familias que buscan asesoramiento y ayuda porque el desahucio se cierne sobre ellas. Desde que comenzó la crisis a finales de 2007 hasta ahora, más de 6.000 familias vascas se han visto inmersas en un proceso judicial de ejecución hipotecaria, es decir, para echarles de sus casas. En algunos casos, aún resisten en sus hogares, pero muchas otras han tenido que salir. "Tu casa es la última frontera antes de caer en la exclusión social. La gente queda noqueada, como cuando a un boxeador le dejan fuera de combate", insiste Lag.

La información recogida por el Consejo General del Poder Judicial permite presentar una panorámica del alcance de la tramitación de ejecuciones hipotecarias en Euskadi desde  2007. Según esta información, en 2012 el número total de ejecuciones hipotecarias registradas por los juzgados de primera instancia en el País Vasco llegó hasta las 1.061. Los datos de 2013 (aún sin cerrar) apuntan hacia una disminución. "Aparentemente hay menos desahucios", explica Blanca Moraza, activista también de Stop Desahucios. "Se están parando procesos de ejecución hipotecaria porque los bancos están recurriendo a otras fórmulas para conseguir el dinero. Pero esto no quiere decir que no se vaya a producir el desahucio. No se incendia la calle por esa aparente condescendencia, pero continuamente estamos parando lanzamientos".

Las entidades financieras consultadas por eldiarionorte.es coinciden en que el recurso al desahucio es la última opción. Inexistente en el caso de CaixaBank. "No hemos realizado ningún desahucio en 2013", aseguran desde la entidad. "La política de la entidad", añaden, "es dialogar hasta buscar la solución". Y se remiten a las declaraciones de su presidente, Isidro Fainé, quien ha asegurado que CaixaBank no practica desahucios. Por su parte, Kutxabank abunda en que "negociamos de forma directa con los clientes. Hemos pactado más de 1.000 aplazamientos de pago".

Las explicaciones de bancos y cajas no convencen ni a la plataforma Stop Desahucios ni a gran parte de la sociedad. Olga Uruñuela es una de las voluntarias que trata a diario con los ciudadanos que acuden "desesperados". "La gente ha perdido la vergüenza y acude en busca de ayuda. La situación se mantiene en un frágil equilibrio. El problema ya no es solo de los ciudadanos con un piso en propiedad, sino que incluso los que se benefician de un alquiler público corren riesgo de ser desahuciados". Uruñuela se refiere al conflicto surgido con algunos inquilinos de la sociedad de alquiler Alokabide, dependiente del Gobierno vasco. "Es tremendo que tu propio gobierno te desahucie y mientras tanto tenga viviendas vacías. Se pagan alquileres en base a lo que los inquilinos cobraban hace tres o cuatro años. Pero la situación ha cambiado. Y a los que deben bajar el alquiler, no les renuevan el contrato".

La corriente de opinión que considera que no es socialmente aceptable mantener viviendas vacías, y más si son públicas, se ha extendido de manera imparable. Los ciudadanos entienden la vivienda como una condición previa para ejercer y obtener el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida digna. En el caso de Euskadi, el Gobierno vasco busca una salida para más 800 viviendas de protección oficial (VPO) que se encuentran vacías, la inmensa mayoría en Vitoria. La mala coyuntura económica lleva a muchos demandantes de VPO a rechazar los pisos, incluso cuando la escritura está pactada.  Vitoria ha levantado en la última década más del 50% de viviendas protegidas en la comunidad autónoma  y ahora, atropellada por la crisis, no encuentra la manera de darles salida. En la actualidad, en Euskadi existen un total de 116.300 pisos deshabitados, lo que representa el 11,4% de todo el parque inmobiliario residencial. Los datos corresponden al último censo de población y vivienda del Instituto Vasco de Estadística, correspondiente al cierre de 2011.

Ley de Vivienda

La presión social ha obligado a los políticos a concentrar su atención en los desahucios. El Parlamento vasco se va a enfrascar en los próximos días en el debate de las enmiendas de la futura Ley de Vivienda. Los partidos ya han puesto sus cartas sobre la mesa. El texto a debatir es el propuesto por el PSE-EE, que entre otras cosas, plantea que el acceso a la vivienda sea considerado como un derecho subjetivo, es decir, que sea exigible ante los tribunales en el caso de no satisfacerse. También aboga por gravar a los dueños de viviendas vacías y articula un procedimiento para poder expropiar a los bancos aquellas viviendas que éstos a su vez hayan conseguido desahuciando a familias en situación de grave necesidad. Unas propuestas que han encontrado eco en EH Bildu y el rechazo frontal de PNV y PP.

Se trata de una ley que pone el acento en las viviendas vacías y en las expropiaciones a los bancos para evitar desahucios. Las fórmulas que se barajan para gravar el parque de pisos desocupados van desde incrementos en el Impuesto de Bienes Inmuebles, a penalizaciones de la permanencia voluntaria en desuso hasta la posibilidad de expropiación. También se recoge la concesión de ayudas públicas para su puesta en activo en el mercado y la protección pública del propietario ante las inseguridades jurídicas

En este sentido,  ¿qué debe hacer la Administración: castigar y obligar a los propietarios que no quieren alquilar sus viviendas vacías? La Ley de Vivienda puede convertirse (según cómo se apruebe) en la última esperanza para muchas familias para las que ya ha empezado la cuenta atrás del desahucio.

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