El incremento en la concesión de nacionalidades desborda los juzgados de Vitoria
El Registro Civil de Vitoria está colapsado por una avalancha de juras de nacionalidad. El Ministerio de Justicia ha impulsado un plan intensivo para tratar de descongestionar la tramitación de los expedientes de nacionalidad acumulados. Estas tareas las asumen las nuevas Oficinas Judiciales. En el caso de Vitoria el despliegue de esta oficina ya está en marcha y son los trabajadores del registro los que han asumir las tareas que competen a ese área. La gestión de los nuevos cometidos han repercutido directamente en la carga de trabajo de los trabajadores del registro que se sienten desbordados.
Así como Justicia ha reforzado con diez funcionarios los registros civiles más sobrecargados como los de Cataluña, donde se han incorporado diez nuevos técnicos, en la sede de Vitoria ocurre lo contrario. Los funcionarios aseguran que “han perdido plazas porque están sin cubrir unas cuantas”, revela una de las empleadas del Palacio de Justicia de Vitoria. “La sobrecarga de trabajo se ha ido incrementando en este último año de manera considerable. Se nos han acumulado expedientes de tres años. Tenemos sin citar a personas que han presentado los escritos en febrero del año pasado, no damos abasto. Por parte de quienes ahora responden del Registro Civil no se ve voluntad de asumir la carga de trabajo que hay sobre la mesa. Independientemente de lo que pueda pasar en el futuro la responsabilidad ahora es del Gobierno vasco y es el que tiene que poner los medios para que el trabajo salga adelante”, reclama la portavoz de los trabajadores de Vitoria.
Debido a esta saturación los trabajadores afectados han decidido demutúo acuerdo limitar la entrada han decidido limitar la atención al público. Recibirán a un máximo de un centenar de personas al día frente a los más de 150 usuarios atendidos hasta ahora por jornada además de las citas previas.
Al mismo tiempo, los funcionarios han salido a las calles a manifestarse de nuevo por la posible privatización de los registros civiles. Reclaman la implicación del Gobierno vasco para evitar ese desenlace que podría llegar al implantarse la modificación de la Ley de Registros elaborada por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón. Consideran que el Ejecutivo autónomo, que ya gestiona y paga los recursos materiales y personales, debería asumir también la gestión del propio registro. “No podemos dejar que esto pase a manos privadas. En la última reunión que mantuvimos con el Departamento de Justicia, nos comentaron que todo está en tal punto de indefinición que no saben cómo reaccionar. No disponen de la confirmación de cómo va a evolucionar este asunto y esperan nuevos pasos para decidir qué hacer. Pero deberían estudiar posibles escenarios y actuar ya y no cuando sea demasiado tarde. Ceñirse a mostrar su rechazo en Parlamento no es suficiente”, señala Amaia Goiri, de CCOO.
Concentraciones ante la posible privatización del servicio
Los trabajadores denuncian el caos e incertidumbre generados por esa posible privatización del servicio. “Hay una ley que tiene que entrar en vigor en julio pero no nos han informado absolutamente de nada. Estamos señalando bodas para agosto sin saber si van a poder celebrarse. Tampoco podemos asegurar a los usuarios si los expedientes se van a poder seguir tramitando a partir de julio. Y trabajar así de cara al público es una presión tremenda y nosotros tenemos que dar la cara. No sabemos si todo esto es un complot para desprestigiar el registro Civil pero desde luego lo están consiguiendo”, lamenta una funcionaria del registro de Vitoria.
Advierten que las consecuencias las sufrirán los trabajadores cuyos puestos están amenazados, unos 300 en Euskadi, pero también la sociedad en general que deberá pagar por trámites ordinarios ahora gratuitos y verán como sus datos personales pasan a manos privadas. “A nivel social las repercusiones son muy graves. El derecho a la justicia se está cercenando cada vez más. Primero fue la ley de tasas, la destrucción de acceso a la Justicia gratuita, vamos a tener que pagar por todo. Es registro civil es algo muy sensible. Allí se guardan los datos de todos, desde que nacemos hasta que morimos, de las generaciones anteriores. Son datos muy personales que están a recaudo público. Cuando pasen a manos privadas, la gente va a tener que pagar por un certificado de defunción, de matrimonio, de nacimiento o una fe de vida, y nos son cantidades irrisorias. Las inscripciones de las adopciones, tutelas, incapacidad, muchas cosas que nos afectan día a día y que son muy sensibles van a quedar en manos de los intereses privados. No lo podemos permitir”, insiste Mariano Gómez, del registro civil de Barakaldo.
Para estos empleados públicos el proyecto de privatización del Registro Civil es un ejemplo de cómo dilapidar dinero público. Denuncian que después de haberse gastado, en los últimos años, casi 130 millones de euros en informatizar y escanear los libros registrales de nacimiento, matrimonio, defunción y tutelas de todos y cada uno de los Registros Civiles “ahora pretenden regalar todo ese esfuerzo de las arcas públicas a los intereses privados registradores de la propiedad y notarios, curiosamente cuerpos muy ligados a eminentes miembros del PP. Al tiempo hacen recaer en la ciudadanía un nuevo copago-repago inaceptable”, manifiestan desde la Plataforma unitaria sindical de la Administración de Justicia de Euskadi compuesta por CC.OO, ELA, UGT, LAB y CGT.
