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Las “disfunciones” en la exigencia de euskara en la Administración se limitan al 5%, según datos oficiales

El consejero Bingen Zupiria, en el Parlamento

Iker Rioja Andueza

El PSE-EE hizo bandera de ello en campaña electoral: la exigencia de euskara en la Administración podría llegar a ser discriminatoria. El acuerdo de Gobierno entre el PNV y los socialistas recoge de manera genérica una revisión de los perfiles lingüísticos de los funcionarios y este martes, en el Parlamento, el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, propuesto por el PNV, ha presentado las “directrices” para los próximos años en esta materia. Sin embargo, lo ha hecho desde la constatación de que el sistema ha funcionado de manera “mayoritariamente acertada”. Dos son los datos ofrecidos para sostener esa información: desde 1990 hasta 2017 el número funcionarios bilingües ha pasado del 23,9% al 71% y apenas se han detectado “disfunciones” en el 5% de las plazas, bien por exigir más euskara del necesario o bien por lo contrario.

A futuro, Zupiria pretender evitar estas “disfunciones” -solamente nueve administrativos han de acreditar un nivel en lengua vasca superior al necesario, por ejemplo- limitando a dos los perfiles que, como máximo, se puedan exigir para cada plaza. El consejero ha reseñado que ese cálculo del euskara necesario se realizará teniendo en cuenta las “funciones” de los afectados y también su “entorno sociolingüístico”. Ha puesto el ejemplo de que no es lo mismo ejercer de policía en Azkoitia (Gipuzkoa) o Laguardia (Álava).

El dato de las disfunciones, en todo caso, excluye los sectores que tradicionalmente mayor polémica han suscitado: Educación, Sanidad, Ertzaintza y Justicia. Zupiria ha explicado que el análisis de la realidad idiomática se ha hecho en aquellas áreas donde se aplica el decreto de 1997 de normalización lingüística, ya que en esos otros servicios públicos existen programas específicos de euskaldunización.

En total, se han revisado 38.039 perfiles, correspondientes al resto de servicios del Gobierno excepto los reseñados, a las tres diputaciones y a más de dos centenares de municipios. Otra de las conclusiones extraídas, según ha apuntado el consejero, es que el conocimiento de la lengua vasca no proporciona una ventaja decisiva en las oposiciones. “Como máximo -ha dicho- puede suponer el 10% de la puntuación total cuando se trata de puestos con perfiles B1 y B2, mientras que para C1 y C2 puede suponer, como máximo el 20%”.

Otra realidad es que más de la mitad de las plazas de funcionario en Euskadi no tienen exigencias de euskara. Son el 40,91% de Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos, que emplean a 93.962 personas, más los funcionarios del Estado en la comunidad autónoma, de los que no ha ofrecido datos Zupiria aunque ya había reclamado con anterioridad que perfilen sus plantillas. Excluyendo a estos últimos, 1.532 (1,63%) puestos requieren el máximo nivel de euskara (C2), 27.164 (28,91%) el C1 o EGA, 24.542 (26,12%) el B2 y 2.285 (2,43%) el B1.

Zupiria también ha ofrecido otros datos sobre el empleo del euskara en la Administración. Se ha felicitado el titular de Cultura y Política Lingüística porque el idioma es “más utilizado que nunca” sobre todo porque “se ha avanzado de forma notable en la atención en euskara”. Apenas un 10% de las solicitudes en esta lengua se atienden en castellano. El reto, según ha remarcado, es más continuar impulsando el uso del euskara que exigir el conocimiento: “Un trabajador con perfil obligatorio tiene que estar preparado para trabajar en los dos idiomas”. De hecho, ha destacado que las nuevas generaciones de funcionarios, mayoritariamente, ya tienen un perfil obtenido en la educación obligatoria y ha explicado que el Gobierno pondrá medios para convertir el euskara en lengua de servicio, tales como vademécums terminológicos de las diferentes áreas de la Administración.

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