El endeudamiento de la Diputación vizcaína pasó de 1.500 a 2.200 millones de euros en el periodo 2009-2011

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), José Ignacio Martínez Churiaque, ha constatado, en comparación con años anteriores, el “significativo” crecimiento del endeudamiento de la Diputación foral de Bizkaia, pasando éste de 1.500 a 2.200 millones de euros en el periodo 2009-2011, y la “fortísima” deuda de las sociedades públicas, que creció “casi el 50%” en 2010.

Churiaque ha comparecido este lunes en la Comisión de Economía y Hacienda para presentar a los grupos junteros los Informes emitidos por dicho Tribunal correspondientes a las Cuentas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia de los ejercicios 2010 y 2011, como le había solicitado previamente el parlamento vizcaíno. De ambos informes fiscalizadores se puede concluir, según Churiaque, que la Diputación “ha cumplido razonablemente” la legalidad.

El máximo responsable del órgano fiscalizador ha explicado aspectos contables y recomendaciones para la mejora de la gestión, además de realizar un análisis de la situación financiera del Gobierno foral y de sus entes públicos, en una sesión que ha durado tres horas.

Según han informado las JJGG de Bizkaia, los dos informes fiscalizadores presentados abarcan un análisis de todo el sector público foral de Bizkaia, en donde se examinan las cuentas de la Diputación, del IFAS y del Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia, y de las once sociedades mercantiles en donde la Institución foral tiene una participación superior al 50% en su capital.

INCUMPLIMIENTOS DE LEGALIDAD

En cuanto a los “incumplimientos” de la Diputación más relevantes, Churiaque ha puesto el foco en el capítulo de algunos ingresos fiscales, y en el de subvenciones y contrataciones directas entre las que no se habían realizado concursos de concurrencias.

Así, el presidente del TVCP ha puesto sobre la mesa los aplazamientos que la Diputación concedió a 22 contribuyentes acogiéndose a la Norma Foral General Presupuestaria que determinaba que el titular del departamento de Hacienda y Finanzas, podría otorgar “condiciones especiales” cuando las circunstancias así lo aconsejasen.

Por este asunto, Churiaque constata que hubo una pérdida patrimonial, al aplicarse un porcentaje de entre el 0 y el 4,5%, cuando el interés establecido en la normativa es del 5%.

Asimismo, Churiaque ha señalado que la Diputación incluye como rendimientos de trabajo exentos del IRPF los gastos por primas por jubilación anticipada, incapacidad permanente y renuncia a la condición de empleado público. El TVCP detectó 49 casos en 2010 por importe de 4,4 millones de euros, y 62 en 2011 por 4,9 millones.

SUBVENCIONES

En el capítulo de subvenciones, el órgano fiscalizador detectó incumplimientos legales en la concesión de subvenciones directas (ocho casos en cada uno de los dos años fiscalizados) “alterando de forma significativa las consignaciones nominativas aprobadas por las Juntas Generales”.

En cuanto a las contrataciones, el TVCP encuentra una irregularidad en el hecho de que la adjudicataria de la gestión de los Túneles de Artxanda se lleve por 1,2 millones de euros la implantación de los sistemas informáticos y el software de control y gestión del peaje, en función del acuerdo de resolución de dicha infraestructura aprobado por el Consejo de la Diputación, algo criticado también por los grupos de la oposición en el turno posterior de preguntas.

En este apartado, el tribunal detecta otra anomalía en la adjudicación de las obras complementarias de conexión de la autopista del Txorierri y el aeropuerto por importe de 4,1 millones de euros, adjudicadas por el procedimiento de negociado sin publicidad, cuando debiera, según Churiaque, haberse tramitado por concurso abierto, ya que para el tribunal estas obras no eran necesarias para la finalización del proyecto principal.

En su intervención, Churiaque ha destacado otros incumplimientos en materia de contratación como la efectuada para 15 servicios jurídicos con seis asesorías por importe de 1,3 millones de euros, o trabajos forestales o gastos por el procedimiento de “contrato menor” por valor de 2,4 y 1,6 millones de euros, respectivamente. En ambos casos, según el presidente del Tribunal Vasco, la “homogeneidad” de lo contratado exigía la aplicación de un procedimiento abierto.

CONVENIOS

En la sesión, Churiaque se ha referido a los cuatro convenios firmados con la Fundación Euskoiker, de carácter privado pero con una participación del 50% de la UPV/EHU. Pues bien, para el tribunal, el objeto de los acuerdos “no reúne los requisitos” para que se otorgue una subvención directa.

En cualquier caso, y pese a estos incumplimientos, Churiaque ha afirmado que la Diputación foral de Bizkaia “ha cumplido razonablemente” en los ejercicios 2010 y 2011 la normativa legal que regula su actividad económica-financiera y la Cuenta General expresa en “todos” los aspectos significativos, una “imagen fiel” del patrimonio y de la situación financiera al cierre de los dos ejercicios. Esta conclusión se puede extender también a los organismos autónomos forales (IFAS e ISB).

DEFICIENCIAS

En una segunda parte de su intervención, Churiaque se ha detenido a explicar las “deficiencias” detectadas en la Diputación y entes forales, consideradas “menos graves” por no afectar a principios de legalidad.

Entre ellas, el presidente del tribunal se ha detenido en el procedimiento excepcional al que se ha acogido la Diputación para conceder subvenciones directas a beneficiarios que tienen una actividad de interés social y humanitario por valor de 25,7 millones de euros en 2010 y de 38,7 millones en 2011.

El órgano fiscalizador recomienda que se realicen convocatorias públicas o que las subvenciones concedidas de manera directa, así como sus beneficiarios, se publiquen en el BOB. El tribunal considera tambien que aquellas que se repitan dos años consecutivos pasen a tener carácter nominativo en los presupuestos.

El tribunal ha puesto el ojo en 22 contrataciones de personal realizadas en los entes forales y sociedades públicas a través de empresas especializadas, ya que éstas “no aportan la documentación que permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad”. En su intervención, Churiaque ha recomendado a las sociedades forales que “regulen y homogeneicen” las retribuciones de su personal.

VIDEOMARCADOR DE MIRIBILLA

En cuanto a la contratación de bienes y servicios, el Tribunal ha encontrado irregularidades en la adquisición del videomarcador de Miribilla por importe de 377.000 euros por parte de Kirolgintzan, adjudicada directamente a una sociedad que desarrolla su actividad en el citado recinto.

Por su parte, ha criticado que Lantik realizara obras en su sede por importe de 230.734 euros, “fraccionando indebidamente el objeto del contrato”.