El euskera nos vertebra
Con independencia del idioma en que cada cual se exprese, el euskera nos vertebra, nos enriquece, nos aporta identidad en la diversidad que nos caracteriza -afortunadamente- como grupo humano. Así lo ponen de manifiesto, de hecho, las conclusiones del último sociómetro del Gobierno Vasco sobre actitudes y opiniones de la población en torno al euskera: las personas de nuestra comunidad tienden a considerar el bilingüismo como un valor positivo, que relacionan con la convivencia y la igualdad.
El consenso se extiende a la necesidad de llevar a cabo políticas que garanticen el futuro del euskera, cuya pervivencia y vitalidad constituye motivo de orgullo para la gran mayoría vascos y vascas, más allá de cuál sea su opción lingüística preferente. Esos valores dotan de sentido a la cooficialidad de euskera y castellano, y obligan a trabajar sin descanso, más allá del respeto debido al ordenamiento, por identificar y superar los obstáculos que dificulten el pleno ejercicio de los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Por eso el Ararteko, como institución encargada de garantizarlos, insiste en que estamos ante normas que amparan el derecho de la persona a su desarrollo integral, de las que nos hemos dotado con el fin de hacer la convivencia entre diferentes más enriquecedora, más vivible, más humana.
La labor desarrollada en su defensa nos permite valorar, en términos históricos, el avance que ha experimentado el euskera desde hace tres décadas. Y al mismo tiempo, nos señala las dificultades que sigue encontrando la ciudadanía para relacionarse con la Administración en cualquiera de los dos idiomas oficiales. Dificultades que raramente se concretan en la denegación de su derecho a hacerlo, sino en que su ejercicio se vea sometido a condiciones que resultan disuasorias, como puedan ser la pérdida de inmediación por tener que recurrir a un intérprete, o la necesidad de esperar o de desplazarse para recibir en euskera una atención que, si optara por el castellano, se le prestaría de forma inmediata.
Lo mismo cabe decir del contraste entre el conocimiento del euskera y su uso efectivo por parte de la Administración, como reflejó el último Informe sobre la situación en España elaborado por el Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la Carta de Lenguas Regionales o Minoritarias. Los poderes públicos explican estas situaciones apelando a que el derecho a ser atendido en euskera es de aplicación progresiva, lo que hace que su ejercicio, en la práctica, esté sujeto a una disponibilidad de personal bilingüe con el que, a pesar del tiempo transcurrido desde la declaración de cooficialidad, no siempre se cuenta.
El planteamiento pudiera resultar razonable, siempre que vaya acompañado de una intervención decidida para que las cosas cambien, que se evalúe si esa intervención está mejorando en la práctica el servicio prestado, y se corrijan las medidas adoptadas en la medida en que no esté siendo así. Y que entre tanto, el eventual desconocimiento de uno de nuestros idiomas oficiales se vea compensado por una planificación que establezca, sobre todo en los ámbitos más deficitarios, como puedan ser la seguridad, la justicia o la sanidad, una dotación suficiente de personal bilingüe en cada servicio y turno.
Ello requiere mantener e intensificar el actual impulso para que el avance sea real, y hacerlo desde todos los niveles, incluyendo a los responsables políticos, sin olvidar a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, así como a la propia ciudadanía. Puede que a pesar de los indudables logros de estos últimos treinta años, la normalización lingüística esté aún lejos de ser una realidad. Pero acaso por primera vez, podemos afirmar que el futuro del euskera está en nuestras manos. Hacerlo posible representa un reto, y una responsabilidad, para todas y todos.
