Los exconsejeros de Educación coinciden: “Jamás hubo sospechas de fraude en los comedores escolares”
La ministra de Educación y exconsejera vasca del área, Isabel Celaá, al igual que dos de su antecesores en el cargo han negado cualquier responsabilidad políticas de sus respectivos departamentos en el reparto de mercado y fijación de precios entre las empresas adjudicatarias de los comedores escolares. Isabel Celaá, Anjeles Iztueta y Tontxu Campos y la actual consejera de Educación, Cristina Uriarte, han sido contundentes al asegurar que “jamás hubo sospechas de fraude en los comedores escolares”.
Los cuatro han comparecido en la comisión del Parlamento vasco que investiga el papel del Ejecutivo autonómico en este reparto de mercado y de precios que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) da por probado que se produjo entre 2003 y 2015. En 2016, la AVC impuso una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por ello. Algunas de las firmas recurrieron la multa y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó en 2017 la sanción en un 60 % porque entendió que hubo un pacto entre ellas que fue posible gracias a la falta de “reacción, indagación, consulta o prevención” del Gobierno Vasco.
Por la comisión de investigación ya ha pasado la expresidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Pilar Canedo, impulsora de la investigación quien destapó el cártel de empresas que se repartieron durante una década ese servicio logrando maximizar sus beneficios. Caneda insistió en que hay pruebas abundantes y abrumadoras que confirman esta “concertación” entre Auzo Lagun, Cocina Central Magui, Cocina Central Goñi, Gastronomía Cantábrica, Gastronomía Baska, Eurest y Tamar. Y destacó el elevado coste económico que estas irregularidades acarrearon para la Administración, los contribuyentes y, desde luego, para las familias usuarias del servicio.
Ahora, los exconsejeros de Educación se han aferrado a la idea de que durante sus mandatos se respetaron los principios de contratación pública en las adjudicaciones del servicio de comedores escolares. Celaá ha apuntado que “jamás” se llegó a intuir la existencia de un pacto de las empresas adjudicatarias para encarecer el servicio, tal y como ha sentenciado el TSJPV.
Respecto a la actuación de las empresas, ha subrayado que hoy se sabe lo que no se sabía antes, y que incluso para la AVC, pese a disponer de “personal especializado” en esta materia, ha resultado muy “difícil” descubrir el pacto de las adjudicatarias para encarecer el contrato.
“En el Departamento de Educación no teníamos medios ni competencias para haberlo logrado. En mi época como consejera, esa competencia correspondía a la Comisión Nacional de la Competencia; y es absolutamente irreal llegar a pensar lo contrario”, ha manifestado.
Por ese motivo, ha considerado que “no sería procedente ni justo analizar lo ocurrido con un sesgo retroactivo”, ni tampoco “juzgar el pasado con la información del presente”.
Conciencia tranquila
Por su parte, Anjeles Iztueta, ha recordado que la última palabra en la contratación de estos servicios la tenía la Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico, a través de Hacienda y de la mesa de contratación, ya que Educación se limitaba a la gestión, aunque ha precisado que las contrataciones eran de “poco volumen” porque había 1.000 alumnos en estos recursos, frente a los cerca de 100.000 actuales.
En cualquier caso, ha dejado claro que durante su mandato no se detectaron posibles irregularidades en la adjudicación de los servicios. “Lo que se buscaba era garantizar la calidad de la comida. Que yo sepa todas las normas de contratación se siguieron y se respetaron”.
Auditorías
La actual consejera de Educación ha subrayado que los comedores de los centros de enseñanza públicos de Euskadi fueron sometidos a 508 auditorías presenciales el año pasado, unos controles que se efectúan sin aviso previo y con los que se pretende garantizar la calidad del servicio. Uriarte ha recordado que su departamento modificó el sistema de adjudicación del servicio de comedores en 2015.
Entre los objetivos de los cambios se encuentra la ampliación del número de empresas que se pueden presentar a los concursos o el incremento de la “transparencia” de los expedientes de contratación.
El nuevo modelo cuenta con el “aval” de la Autoridad Vasca de la Competencia y, al igual que los anteriores responsables del departamento, ha afirmado que en todo momento se han “cumplido” los principios de contratación pública.
