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4.000 firmas para 'salvar' un servicio de rayos x

Un médico observa una radiografía.

Eduardo Azumendi

El único servicio público de rayos x que trabaja en exclusiva para los centros de Atención Primaria de Álava está a punto de cerrar. Osakidetza ha decidido cerrar el servicio de rayos x del centro de salud de Olaguibel y dispersar estas pruebas entre los hospitales de Santiago, Txagorritxu y las nuevas Consultas Externas del Hospital Universitario de Álava. Trabajadores y ciudadanos ya se han movilizado contra este cierre y han reunido más de 4.000 firmas que entregarán en el Parlamento vasco.

Según los trabajadores, este servicio es “una pieza fundamental en el engranaje de la sanidad alavesa en general y de los centros de salud en particular. Su cierre va a producir perjuicio asistencial, económica y laboralmente”. Desde el punto de vista asistencial, este servicio realiza pruebas de rayos a unas 6.000 personas al mes. “La absorción de miles pruebas por parte de otras organizaciones va a suponer el aumento de las listas y el tiempo de espera de las placas a realizar, tanto de las que lleguen de los centros de salud como las de los propios hospitales”, vaticina Jesús Oñate, representante del sindicato LAB.

Por otro lado, el servicio de rayos de Olaguibel está orientado a las peticiones de los centros de salud, proporcionándoles “una rapidez y agilidad diagnóstica que se perderá cuando estas peticiones entren en el circuito hospitalario”.

La previsión inicial es desmantelar los cuatro aparatos de rayos existentes en Olaguibel y trasladar dos de ellos al hospital de Leza y los otros dos se quedarían en Vitoria. Además, “se va a tirar a la basura una infraestructura como es la planta baja de Olaguibel que está totalmente plomada y que tuvo un alto costo en su momento. En una época de crisis, en la que se tienen que paralizar obras por falta de dinero como ha ocurrido con el centro de reproducción asistida de Txagorritxu, es vergonzoso que se desperdicie una gran cantidad de dinero para cerrar algo necesario y funcional”.

Según Oñate, “se va a proceder al cierre de un servicio, ejemplar en su funcionamiento, que va a acarrear con un coste asistencial, económico y laboral injustificado Y todo ello sin que se sepa porqué, para qué o, ni tan siquiera, de quién ha sido la idea”.

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