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Un 80% de jueces y fiscales vascos, en huelga para denunciar “el abandono” de la Justicia por los poderes públicos

Un 80% de jueces y fiscales vascos, en huelga para denunciar "el abandono" de la Justicia por los poderes públicos

EUROPA PRESS

BILBAO —

Alrededor de un 80% de jueces y fiscales se han sumado este martes en Euskadi a la huelga convocada en el ámbito estatal, y “decenas” de juicios han sido suspendidos, para denunciar “el abandono” por los poderes públicos de la Justicia y pedir que ésta “no sea la hermana pobre de todas las administraciones públicas”. Además, han reclamado “un nivel decente” de miembros de la carrera judicial, y han calificado de “invención” que el Ministerio haya satisfecho el 70% de sus reivindicaciones.

Unos cien representantes de la Judicatura y de la Fiscalía se han concentrado a las 12.00 horas ante la sede del Palacio de Justicia de Bilbao con una pancarta en la que se podía leer: “Por la dignidad de la Justicia, reclamamos medios dignos. En defensa de los ciudadanos, pedimos una Justicia independiente y libre de injerencias políticas”.

En el acto de protesta han participado, entre otros, el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte; el presidente de la sala de lo Contencioso administrativo del TSJPV, Luis Garrido; el presidente de la APM, Santiago Romero; el coordinador de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui; el presidente de Francisco Vitoria, Alfonso Álvarez Buylla; la presidenta del Foro Judicial Independiente, Nekane Rodríguez; y la predidenta de la Asociación el presidente de la Asociación de Fiscales, Pilar Sánchez.

Las asociaciones que han convocaban la huelga --las cuatro de jueces y las tres de fiscales-- han cifrado en un 80% el seguimiento del paro en la Comunidad Autónoma Vasca. Por territorios, en Bizkaia han parado la totalidad de jueces de los partidos judiciales de Barakaldo, de Getxo, Balmaseda y Durango, el 70% de los de Bilbao --en la Jurisdicción Social ha sido de un 100%--; mientras que en Gernika se han sumado a la huelga dos de los tres magistrados.

En Álava, el 100% de los miembros de la Judicatura se ha sumado al paro en el partido judicial de Amurrio, mientras que en el de Vitoria solo lo han hecho la mitad. En cuanto a Gipuzkoa, la totalidad de miembros de la carrera judicial han realizado huelga en Tolosa, en Bergara, en Azpeitia y en Irun, miemtras que en San Sebastián el seguimiento ha sido de un 75% y en Eibar dos de tres jueces han parado.

El Ministerio de Justicia ha ordenado a los secretarios judiciales que no ofrecieran datos sobre el seguimiento del paro, según ha denunciado el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, algo que ha causado un importante malestar entre los miembros de la Jusdicatura y Fiscalía vascos. Uriarte ha denunciado que, de esta forma, se trata de que no se “visibilice esta protesta”.

El juez decano de la capital vizcaína ha calificado de “histórica” la jornada. “Con el paso del tiempo, se ha puesto más de manifiesto la necesidad de las reivindicaciones que estamos realizando. De hecho, una de las principales era la independencia del CGPJ, cuya falta se ha hecho patente con todo el escándalo y el ataque sin precedentes que ha sufrido la carrera judicial a partir de la sentencia de 'La manada'”.

En este sentido, ha recordado “la tibieza” de la respuesta ofrecida por el máximo órgano de gobierno de los jueces que, a su entender, se debe a que “existe una falta de independencia de sus vocales”.

“Estamos exigiendo un aumento de la planta judicial desde hace muchísimo tiempo. De hecho, lo que hemos puesto sobre la mesa es que se creen 1.200 plazas en cuatro años, a razón de 300 plazas por año, con convocatoria de oposiciones, para poner a España a nivel decente en la relación europea de jueces por habitante, y para poder absorber la carga de trabajo que existe en España, con una elevadísima litigiosidad”, ha destacado.

Además, se ha referido a las declaraciones realizadas por el ministro, Rafael Catalá, en las que ha asegurado que han satisfecho el 70% de las peticiones de jueces y fiacles, para asegurar que se ha visto “un cumplimiento del cero por ciento”. “Ojalá me equivoque y la mesa de negociaciones vaya a mejor. Pero, hoy por hoy, el 70% es una cifra inventada”, ha asegurado.

EL “ABANDONO” POR LOS PODERES PÚBLICOS

por su parte, Edmundo Rodríguez Achútegui, coordinador en Euskadi de Juezas y Jueces por la Democracia, ha denunciado “el abandono de los poderes públicos a la Administración de Justicia”, y no ha descartado que se puedan repetir nuevos paros.

“Nosotros deseamos no repetir la huelga porque creemos que el ministro de Justicia se tiene que sentar a negociar, abrir la mesa de negociación, dejar de marear a las asociaciones judiciales y fiscales, y hacer ofertas concretas porque nosotros le hemos trasladado una serie de puntos que son bastantes razonables”, ha apuntado.

Rodríguez Achútegui ha afirmado que hay que “tratar de asegurar que la Justicia no sea la hermana pobre de todas las administraciones públicas”. “Hemos percibido que no hay sensibilidad en el poder público para afrontar esta situación, no ha habido respuesta a esa negociación y, después de varios meses de concentraciones, de paros y de reivindicaciones, hemos tenido que recurrir al final a un remedio que no nos gustaba, que era el de la huelga”, ha aseverado.

El magistrado considera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “son el ejemplo de que la Justicia es una parte de la Administración pública que no interesa, y sus gestores no quieren cambios para hacerla más eficiente”.

Por ello, ha exigido “una fuerte inversión” que garantice que las reclamaciones ciudadanas sean “atendidas con rapidez, calidad y garantía” de sus los derechos. También ha pedido un plan decenal “que ponga al día la Administración de Justicia, incrementando el número de juzgados, tribunales, jueces y fiscales”.

En este sentido, ha apuntado que, tras dos legislaturas de Gobierno del PP, sigue siendo “mínima” la creación de plazas judiciales, no se incrementa la inversión, y el incremento de litigiosidad “se afronta con una mayor dedicación de los funcionarios de la Administración de Justicia, fiscales, letrados, procuradores y abogados, fiscales, forenses y jueces”, peroo genera cargas de trabajo “inasumibles”, lo que conlleva “problemas de salud laboral”.

Al margen de la inversión, el coordinador de la Asociación progresista cree que “es preciso hacer más eficiente la Administración de Justicia”. En esta línea, ha recordado que “la nueva oficina judicial sigue sin implantarse completamente, los tribunales de instancia que se han anunciado, no se ponen en marcha, y el expediente digital no existe porque no lo es, pese a que así se venda”. “Nos siguen faltando presupuestos para hacer efectivo el Estatuto de la Víctima o un verdadero sistema de interpretación y traducción”, ha apuntado.

También ha pedido “un cambio en la forma de designar el CGPJ, que tiene que cumplir su verdadero cometido constitucional”, como es el de “garantizar la independencia del Poder Judicial”. “Reclamamos que se vuelva a la situación anterior a la reforma de la Ley Orgánica 4/2013, que suprimió muchas de sus facultades”, ha subrayado.

En cuanto a las condiciones laborales, ha instado a que se proceda al “cese del maltrato a las nuevas promociones de jueces” que se encuentran “en una situación precaria respecto a sus lugares de trabajo”, y ha pedido la convocatoria de la mesa de retribuciones, la recuperación de los días de vacaciones suprimidos y unas cargas de trabajo “razonables, que aseguren que los ciudadanos puedan tener jueces que estudien con tiempo y rigor cada uno de sus asuntos”.

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