Los fiscales exigen una policía a sus órdenes para investigar la corrupción
La cúpula fiscal en Euskadi compareció ayer ante el Parlamento vasco, a petición de UPyD, para que desgranara las “trabas y los obstáculos” que habían denunciado en la memoria del ministerio público de 2012. Todos ellos, desde el fiscal superior, Juan Calparsoro, hasta sus tres subordinados Josu Izagirre (Álava), Carmen Adán (Bizkaia) e Idoia Zuriarrain (Gipuzkoa), defendieron el incremento de los medios personales y materiales sobre todo de las fiscalías provinciales -auténtico “puntal en la lucha contra la corrupción”, aseguró Izaguirre- para atajar una lacra como esta que afecta a toda la sociedad.
Pero hubo una exigencia que todos ellos defendieron ante los parlamentarios y que destacó por encima de las demás: la creación de una “policía judicial real y no nominal” como la que existe ahora, en palabras de Izaguirre. Los fiscales pretenden además que se creen “unidades de auxilio” para que los fiscales puedan desgranar los diferentes delitos (cohecho, trafico de influencias, etc) que se esconden tras opacas realidades económicas de empresas manejadas por corruptos. Izaguirre explicó que la actual dependencia funcional es “muy evanescente” y relató que ante el menor conflicto, los agentes “obedecen a sus mandos superiores”.
El PP está tramitando una reforma de la ley procesal cuyo borrador había fijado inicialmente una Fiscalía al mando de las investigaciones judiciales, con una policía a sus órdenes y con una dependencia “orgánica y funcional” del ministerio público, una auténtica revolución en el sistema judicial español. Adán, sin embargo, reveló en la comparecencia parlamentaria que en la última reunión a la que había asistido en Madrid en relación con este asunto parecía que el legislador se estaba inclinando por mantener la dependencia funcional, pero no así la orgánica.
El representante de UPyD, Gorka Maneiro, lanzó en su segunda intervención una acusación de calado contra los sucesivos Gobiernos vascos por haber “fomentado la corrupción” y haber defendido “la impunidad y ”a los corruptos al no haber puesto todos los medios al alcance de los fiscales para combatirla, según la denuncia de la propia Memoria. Para clarificar las acusaciones y la denuncia de los fiscales, Calparsoro respondió, de manera contundente, que “ni el gobierno actual ni el anterior” han“defendido a los corruptos” en Euskadi. Y precisó que las “trabas y los obstáculos” denunciados por ellos en esta memoria -pero también en otras anteriores, según precisó la fiscal Adán- se referían sobre todo a la falta de medios y a trabas “técnicas”. Una realidad que Calparsoso, interpretó, se producía en “muchas ocasiones involuntariamente” y que atribuyó a una “autodefensa” ante un “determinado acto administrativo”, pero no a un boicoteo desde la propia Administración de las investigaciones en curso. Calparsoro abrió la mano para que intervinieran también los tres fiscales jefes, momento que fue aprovechado por la fiscal vizcaína Adán para, sin enmendar a su superior, apuntar que se había producido un “relajo de los mecanismos de control del manejo de los fondos públicos”. Previamente, la fiscal jefe de Bizkaia ya había censurado a determinados funcionarios que, cuando hay una investigación por corrupción o malas prácticas de la Administración, “cierran filas” por cierto “corporativismo” y no “proporcionan las pruebas de los hechos que necesitamos los fiscales” para actuar penalmente.
Los casos de Hiriko y Epsilon
El parlamentario de EH Bildu Igor López de Munain preguntó por dos casos concretos en los que precisamente este control de los fondos públicos ha brillado por su ausencia, tanto por parte el Ejecutivo vasco, como del Ejecutivo cetral: Hiriko y Epsilon. Pero la Fiscalía se parapetó en su “deber de reserva e imparcialidad” para no responder, aunque Izaguirre le pidió al parlamentario soberanista “un voto de confianza” a los fiscales en ambos casos.
Socialistas y populares, que coincidieron en descalificar la intervención de Maneiro -“España es un país donde la corrupción es generalizada”, llegó a decir el miembro de UPyD-, no quitaron importancia a los casos de corrupción apoyaron las unidades de auxilio que exigían los fiscales. Y recordaron, como también lo hizo la representante del PNV, que Euskadi está a la cola de casos de corrupción con siete en la actualidad, frente a los 541 casos de Andalucía o los 200 de Valencia.
La cúpula fiscal también reclamó un “sistema ágil de refuerzo, aunque sean temporales”, apuntó el fiscal jefe de Álava. Finalmente, la representante del PNV Ana Otadui destacó los esfuerzos que ha hecho el Gobierno vasco en materia de transparencia al aprobar el Código Ético. Además destacó que el Ejecutivo ya se había puesto a a la tarea para atender algunas de las reclamaciones contenidas en la Memoria fiscal: tanto al abrir los cursos del IVAP para la formación de los fiscales, como desde el Departamento de Seguridad, cuya titular, Estefanía Beltrán de Heredia, en la reordenación que está acometiendo la Ertzaintza, ha doblado las plazas de la Unidad de Delitos Económicos.
