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“El fraude de los comedores ha hecho que nuestros hijos coman peor”

Imagen de un comedor escolar.

Eduardo Azumendi

“Hay que judicializar el fraude de los comedores. Es necesario conocer la responsabilidad que ha tenido cada uno”. Lourdes Imaz, coordinadora de la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública (EHIGE), valora así el paso dado por el Parlamento de exigir al Gobierno que recurra a la Fiscalía para depurar responsabilidades penales en el conocido como 'caso de los comedores'. La Autoridad Vasca de la Competencia ha sancionado con 18 millones de euros a las ocho empresas encargadas de servir el catering a las escuelas de la red pública por entender que habían acordado el reparto del mercado y, por lo tanto, acordaban los precios y no competían. Las familias y representantes de la plataforma 'Gure platera Gure aukera' se han concentrado frente al Parlamento en demanda de justicia y de un nuevo modelo de comedores, que posibilite la gestión por parte de los propios centros y de las familias.

“Llevamos más de 15 años arrastrando un modelo de comedores que no funciona. Lo que se impone ahora es crear una mesa con todos los agentes implicados y cambiar la normativa”, apunta Imaz. Hasta ahora, el Gobierno se ha mostrado remiso a apoyar los proyectos piloto que han planteado algunos colegios. “El Parlamento ya instó hace más de un año a Educación a poner en marcha esas experiencias, pero nada de nada. Nos gustaría tener el mismo apoyo por parte del departamento que tienen las empresas de catering. Ahora le toca apoyar a los centros que quieran otro tipo de gestión. Pero no tiene ganas de ponerlos en marcha, el proceso va muy lento y pone muchas pegas. El departamento pide a las asociaciones de padres y madres que hagan lo mismo que una multinacional”.

La Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública lleva años denunciando que la normativa actual de comedores no se adecúa a las necesidades de las familias. “Es muy estricta, no da opción de elegir ni de cambiar. En otras comunidades se acepta otro tipo de gestión. Las familias pagan un 65% del coste del comedor, así que no tiene sentido que no puedan decidir nada”, insiste Imaz. Para la coordinadora de la Confederación está claro que si ha habido fraude ha afectado “al bolsillo de las familias y a la calidad de los menús”. “Si no hay competencia, las empresas aspiran a mejorar y se termina por comer peor”.

Desarrollo local

Eneko Biñuela, coordinador de la plataforma 'Gure platera Gure aukera' considera que los comedores escolares pueden convertirse en “una herramienta de desarrollo local, incluir porductos locales y ecológicos, ganar en cercanía”. Todo ello perrmitiría que los comedores fueran una parte pedagógica más de los colegios y que los niños sepan de dónde vienen los alimentos y cómo producirlos de manera sostenible y ecológica. “Hay escuelas con su comedor propio, que disponen de producto local y ecológico y no resulta más caro que el catering. No se encarece el precio respecto al sistema actual”.

“El mundo rural y la comunidad educativa tienen mucho que decir en la alimentación de nuestros hijos. Ahora que se ha quitado el cepo del catering hay que seguir dando pasos. Hasta ahora, el Gobierno no ha hecho caso a lo que las familias demandaban”.

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