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El servicio social de ayuda a domicilio de Irun se pone en huelga

Leyre González Grande

Irun —

En el mes de marzo las trabajadoras de Arquisocial, de la localidad fronteriza de Irun, recibieron el aviso de que la empresa se descolgaría del convenio vigente para aplicar una bajada salarial del 20% en los sueldos de sus empleadas. “Desde entonces hemos intentado por todos los medios que paren la propuesta pero siguen adelante”, dice María José Sorazu en representación de una plantilla que se declara ahora en una huelga indefinida “que sólo pararemos cuando la empresa frene el descuelgue”.

Cumplen así desde el pasado día 8 de julio unos servicios mínimos “a rajatabla” porque “hablamos de personas a las que ponemos cara. Es muy complicado porque llevamos muchos años trabajando con esta gente. Sabemos que nos necesitan y para nosotras está siendo muy duro, y para los abuelos mucho más todavía”, apunta Sorazu.

El motivo de esta rebaja salarial, es, según la empresa, “que tenemos más empleadas de las que hacen falta” dice Sorazu, que añade que “nosotras hemos luchado durante años para lograr un convenio que ahora piensan saltarse”. La situación de crisis actual marca las necesidades a las que la plantilla se ha visto obligada a adaptarse en los últimos tiempos, aceptando “que teníamos que estar dispuestas a ceder porque la situación es mala, y por ello hemos renunciado, en muchos casos, a vacaciones, subidas de sueldo, o hemos ampliado disponibilidades, dándole a la empresa todo lo que estaba en nuestra mano para poder mantenernos”, denuncian.

Las condiciones laborales del sector no son de por sí las mejores, con una disponibilidad laboral desde las siete de la mañana las diez de la noche y jornadas a tiempo parcial en numerosas ocasiones, por lo que “si nos rebajan aún más el sueldo, para muchas de nosotras resulta imposible seguir ganándonos el pan con esto”. Sus condiciones ya se han visto rebajadas desde el nombramiento de Arquisocial como empresa adjudicataria hace tres años, “entonces contábamos con 62 trabajadoras y ya hemos sufrido una reducción de plantilla hasta las 51”.

Las trabajadoras solicitan ahora al Ayuntamiento de la localidad que obliguen a la empresa a cumplir con el convenio “que ellos mismos firmaron”. El consistorio irunés les anima “a negociar” pero las trabajadoras “no comprenden porque deben seguir manteniendo conversaciones entorno a un tema que ya negociaron a la hora de la firma del convenio vigente”.

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