¿Cuál es la incidencia real de las torturas en Euskadi?

El Gobierno vasco investigará entre 200 y 400 denuncias de torturas registradas en Euskadi entre 1960 y 2010. Su objetivo es desvelar la incidencia real del fenómeno de las torturas en Euskadi en estos 50 años y establecer unas conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención. El Ejecutivo encargó el pasado mes de marzo la elaboración de este estudio a un equipo dirigido por el forense Francisco Etxeberria y al Instituto Vasco de Criminología.

Para su elaboración se realizará un análisis de la información documental disponible sobre la prevalencia de malos tratos y torturas, o los elementos que analizan la investigación judicial en estos casos. Asimismo, se recabará toda la información existente en diferentes fuentes sobre los casos de tortura y malos tratos, y, si es posible, se tratará de contar con la víctima para verificar la información.

La idea es elaborar un censo en el que se recojan el número de casos, una clasificación por sexo, edad, territorio de la detención, motivo de la misma, situación legal tras la detención y cuerpo policial que la efectuó. La investigación se hará a partir de entre los 200 y 400 casos que se seleccionarán de entre las denuncias recogidas y se clasificarán en cuatro épocas: 1960-1978; 1978-1990; 1991-2000; y 2001-2013.

Además, se hará un estudio cualitativo y específico de casos emblemáticos de en torno a 40 seleccionados del grupo anterior con el fin de conocer “la experiencia humana de las víctimas, las consecuencias sufridas, las respuestas sociales e institucionales recibidas y el impacto en la vida de las víctimas, más allá de los datos estadísticos o la valoración médica o psicológica de los casos”.

Esta propuesta de proyecto ha sido enviada a los grupos del Parlamento vasco y al Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para su valoración. Esta investigación responde a la iniciativa sexta del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco y se enmarca en el marco del primero de los tres grandes compromisos que define el Plan: la clarificación del pasado. Dicho plan establece que no se puede construir “el futuro como si nada hubiera ocurrido en el pasado”, ya que “lo padecido es demasiado grave” y se debe “poner luz sobre la violencia y sobre cada vulneración de Derechos Humanos para poder hacer efectivos los principios de verdad, justicia y reparación