Los inquilinos replican al Gobierno que su “política de alquiler social es palabrería hueca”
La distancia que separa al Gobierno vasco de sus inquilinos de viviendas de alquiler social es cada vez mayor. Y así ha quedado reflejado en el Parlamento, en sendas intervenciones del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, y los portavoces de los inquilinos de Alokabide (la sociedad pública que gestiona el parque de alquiler del Ejecutivo). El Parlamento aprobó en abril, entre otras medidas, una resolución para que las rentas que pagan los inquilinos de Alokabide no superen el 30% de sus ingresos, incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad. Una reivindicación vital para los arrendatarios. Ocho meses después todo sigue igual. Esa inacción del Ejecutivo les ha llevado a protestar de nuevo ante la Cámara.
Arturo Val del Olmo, portavoz de los inquilinos, tachó la política de alquiler social del Gobierno de “palabrería hueca”. “En cualquier alquiler promovido por una institución se incluyen los gastos de comunidad, pero en Euskadi no. Y esos gastos pueden ascender en el caso de Alokabide hasta los 100 euros. Lo que sumado a los 240 de media que supone el alquiler hace que muchos inquilinos se encuentren al límite de sus posibilidades”.
Val del Olmo desmontó una por una las explicaciones ofrecidas por Aburto, quien reconoció que el mandato del Parlamento “no se ha cumplido al 100%”. “Es verdad que entre el 30% de máximo que deben pagar los inquilinos no se incluyen las tasas y los gastos de comunidad. Estamos haciendo un estudio para comprobar su impacto, pero a ningún inquilino se le pasa una renta superior al 30% de sus ingresos”, ha insistido el consejero.
El portavoz de los inquilinos le replicó que “se tienen en cuenta los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia. Aburto habla desde el desconocimiento”. “Además, desde que alguien comunica que ha tenido una caída en sus ingresos hasta que le aplican un nuevo alquiler pueden pasar entre cuatro y cinco meses, con lo que se genera una deuda que muchas veces resulta inasumible”, ha añadido Val del Olmo.
Junto con el límite del 30%, la Cámara aprobó en abril la adecuación del precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler a la “bajada sufrida en el precio de mercado” y que los inquilinos de Alokabide puedan acceder a la prestación complementaria de vivienda y el establecimiento de los mecanismos que permitan su participación directa en la gestión de los gastos de comunidad, con el fin de reducir gastos.
