La juez investigará si hubo un tercer delito urbanístico en un alto cargo de Bizkaia
El Ayuntamiento de Bermeo ha solicitado a la juez que investiga el caso la imputación de un tercer delito contra el actual director Igualdad de la Diputación de Bizkaia Xabier Legarreta (PNV) cuando era alcalde de la localidad. A Legarreta y a otro edil del PNV (el entonces teniente de alcalde Iñigo Imatz) se les acusa de de los delitos de prevaricación y societario en una operación urbanística. El Ayuntamiento, personado como acusación en el caso, añade ahora el delito contra la Administración de la Justicia por haber obstruido la acción de la Justicia al negarse a parar las obras del proyecto que habían sido ordenadas por el juzgado.
Este caso se remonta a la anterior legislatura, cuando Legarreta era el alcalde de Bermeo y presidente de la sociedad municipal Beruala, que promovió una operación urbanística de viviendas. Pero en la construcción se afectó a otro bloque de viviendas y, tras un pacto judicial, no se cumplió lo acordado y se construyeron dos plantas más. Las obras fueron paralizadas por un juzgado en 2011 (y desde entonces no se han reanudado) y un informe técnico concluyó que el Ayuntamiento de Bermeo debe abonar una fianza de 3,4 millones para el derribo de las dos plantas construidas de manera irregular. Además de Legarreta e Imatz, está imputado también el entonces gerente de Beruala, Josu Azaola, pero solo por el delito societario.
En un escrito enviado el pasado 31 de octubre al juzgado de instrucción número 1 de Gernika que investiga lo ocurrido, la acusación del caso se refiere a las “presiones” que presuntamente efectuaron los imputados contra la empresa constructora afectada para no paralizar los trabajos de la sociedad municipal Beruala. El consistorio, gobernado ahora por Bildu, alude a las declaraciones, tanto en el juzgado como en el expediente urbanístico, de uno de los representantes de la constructora afectada, quien dijo que el teniente de alcalde Iñigo Imatz les dijo textualmente que “tendremos problemas en el Ayuntamiento con nuestras licencias y solicitudes”.
Datos detallados en la denuncia
Mientras, la Fiscalía ( a la que la juez la juez Rebeca Huertos, titular del juzgado número 1 de Gernika, pidió la intervención del fiscal de Delitos Económicos para que examine el caso) le ha instado a que continúe la investigación y no ha aceptado la solicitud de la defensa de los imputados para que se determinen cuáles fueron las licencias otorgadas que serían ilegales. En un escrito enviado el 21 de octubre, el fiscal señala que la denuncia tiene “una descripción suficientemente detallada” de los hechos imputados “y de las posibles resoluciones o actuaciones administrativas que se considerarían vulneradoras de la legalidad”.
En la instrucción abierta, han declarado ya 11 personas entre ellos tres imputados. El actual director de Igualdad de Bizkaia culpó de lo ocurrido, en sus testimonios ante la juez, a una asesoría municipal. “Siempre actué guiado por la asesoría”, afirmó. Agregó que en “ningún momento” la asesoría les comunica los problemas del proyecto ni el pacto judicial que impedía la construcción de las dos plantas y que “posteriormente” tuvo conocimiento de lo que sucedía. Añadió que “en ningún momento” su intención era “desobedecer” al juzgado. Los otros dos imputados mantuvieron la misma tesis de trasladar la responsabilidad a la empresa de asesoría.
También ha declarado el actual concejal de Urbanismo de Bermeo y consejero delegado de la sociedad Beruala Juan Karlos Goienetxea, quien aseguró que el consejo de administración de la sociedad no tuvo conocimiento de las irregularidades, tanto del pacto judicial suscrito que luego se incumplió como de la paralización de las obras.
