La izquierda obliga al Gobierno a gravar las viviendas vacías
El debate parlamentario del Plan Director de Vivienda 2013-2016 ha supuesto un revés para el Ejecutivo, que ha visto como salían adelante una serie de propuestas de la oposición que no comparte en absoluto y que va a tener que incluir en su estrategia de vivienda. Es el caso de la implantación de un canon anual para gravar los pisos vacíos que no sean segunda residencia. EH Bildu y PSE sumaron sus votos y junto al apoyo del único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, forzaron al Gobierno a incluir el canon. Tanto PNV como PP se opusieron, dejando claro que el debate del Plan Director es la antesala del que está por llegar: la Ley de Vivienda. Se trata de palabras mayores y todo lo que recoge el Plan tendrá que someterse a lo que fije la Ley.
La correlación de fuerzas ha quedado clara: EH Bildu y PSE frente al PNV y PP, con UPyD más cerca (al menos en su discurso) a los postulados que defienden los socialistas, que son los que han presentado la proposición de ley de Vivienda. La inclusión del canon es una medida de un gran calado, puesto que es una de las banderas de socialistas y de EH Bildu. La idea original del PSE recogida en la proposición de ley es dar potestad a los ayuntamientos para que establezcan un canon sobre las viviendas vacías, aquellas que permanezcan más de dos años desocupadas de forma continuada “sin causa justificada” y no sean residencias secundarias. Ahora, queda por definir que se entiende por piso vacío.
Bixen Itxaso, el parlamentario del PSE que lleva el debate de vivienda, resalta la “trascendencia” de la futura ley, que afectará a todas las personas, independientemente de que dispongan o no de una vivienda y de que ésta sea en propiedad o en alquiler, libre o protegida. De ser aprobada, la norma reconocerá por primera vez el derecho subjetivo a una vivienda para aquellas personas con menos recursos económicos.
Cuantía del alquiler
Junto con la propuesta del canon, el Parlamento también ha solicitado que se garantice que el alquiler de las viviendas públicas no supongan para el arrendatario un esfuerzo superior al 30 % de sus ingresos mensuales, incluidas las tasas y gastos de comunidad fijos. Otra propuesta que salió adelante fue la instar al Ejecutivo a que el 50 % de la vivienda protegida que se promueva en el País Vasco se destine al alquiler.
También se ha emplazado a que se realice una revisión anual de la renta de alquiler para que cuando se produzca un cambio notable en los ingresos de los inquilinos, la adaptación de la misma “se haga en un plazo breve y se aplique desde el momento del cambio de situación”.
Otra de las propuestas que ha sido aprobada solicita que el Plan Director de Vivienda reconozca el derecho a disfrutar de una casa “digna, adecuada y accesible” a todas las personas con vecindad administrativa en la comunidad autónoma Vasca. Pero en este punto no se fue más allá, dado que la proposición de ley de Vivienda que se debatirá en las próximas semanas recoge el derecho subjetivo, es decir, que será exigible por ley.
El Plan Director de Vivienda 2013-2016 prevé una dotación presupuestaria de 460 millones para los próximos cuatro años y hace una apuesta por el alquiler y la rehabilitación. Las estimaciones son que se promoverán 8.000 viviendas, de las que 3.950 serán de alquiler, aunque 900 de ellas con opción de compra, y 4.050 de propiedad.
