El juicio del vertedero ilegal de Zalla se celebrará en julio
El juicio por el caso del vertedero ilegal de Zalla, que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vaso ha rechazado recuperar y ha amparado a la constructora que lo creó, se celebrará en julio. El juez de lo contencioso-administrativo que investiga el caso lo ha fijado para el día 9. La vista se celebrará por una denuncia de Construcciones Olabarri, que demandó al Ayuntamiento de Zalla por la ejecución de un aval de casi 200.000 euros de la constructora por no realizar los vertidos de las obras del frontón municipal (las que ocasionaron los residuos) en un basurero oficial (se llevaron a un monte donde está el vertedero que no reconoce Medio Ambiente) y por las deficiencias en el proyecto del frontón.
El titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Bilbao está a la espera de disponer de un perito, que debe ser nombrado por el juez decano, que elabore un informe sobre el caso. Hasta ahora los dos propuestos han renunciado a esa labor.
Como informó eldiarionorte.es, el Departamento de Medio Ambiente ha rechazado recuperar el vertedero existente en un monte público, pese a que un informe técnico concluye que la zona “afectada debe ser recuperada” y que los residuos contravinieron la ley. “Constituye un vertedero a los efectos legales, técnicos y administrativos”, señala el informe de la empresa de geología Terranova encargado por el Ayuntamiento de Zalla. En cambio, Medio Ambiente dice, basándose en el mismo informe y sin ningún otro estudio de sus técnicos, que “no cabe considerar como un vertedero ilegal la actuación realizada”.
En la instrucción judicial, el magistrado ha dado otro pequeño varapalo a la constructora, vinculada al PNV, al rechazar por dos veces ( e imponer las costas del recurso) la declaración como testigo del anterior alcalde de Zalla, el peneuvista Leandro Kapetillo, bajo cuyo mandato se creó el vertedero. Como ha informado este diario, concejales de Zalla de la anterior legislatura, del PNV, que era el partido que gobernaba el consistorio, permitían el acceso de camiones al vertedero ilegal creado por la constructora, según los testimonios de vecinos. La información recabada por el Ayuntamiento, según aseguraron fuentes municipales, revela que dichos ediles “abrían la verja” del monte donde se había creado el vertedero “e indicaban a los camiones que venían con residuos dónde depositarlos”.
El juez ya rechazó en agosto pasado la suspensión de la ejecución del aval. “Puede considerarse la existencia de una, nada despreciable, afección al interés público”, dijo en un auto firme.
El Gobierno vasco mantiene un mutismo absoluto sobre este asunto. La única respuesta a eldiarionorte.es fue en septiembre, tres días después de ser requerido insistentemente, y se limitó a asegurar que no se trataba de un vertedero y que estaba a la espera de las explicaciones de Construcciones Olabarri sobre cómo gestionó los vertidos. Medio Ambiente hizo esta petición en mayo con un plazo de 10 días para recibir respuesta y, según comunicó al juzgado el mes pasado, sigue sin disponer de la información.
La ley General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco de 1998 obliga a las empresas a gestionar los residuos que generen a través de vertederos oficiales. En este caso, en el contrato con el ayuntamiento, la constructora recibió más de 100.000 euros para realizar una gestión correcta de los residuos generados que, según los datos existentes, no se acometió y se llevaron al monte público para crear un vertedero ilegal.
