La justicia condena en 244 ocasiones al Gobierno vasco en tres años por denegar y anular las ayudas sociales
El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide acumula 244 sentencias en su contra en los últimos tres años por denegar, recortar o restringir el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a las familias con menos recursos. Son los datos que ha ofrecido el propio Departamento de Empleo y Políticas Sociales al Parlamento a petición del grupo Elkarrekin Podemos.
Aunque la RGI es la envidia de otras comunidades en cuanto a sistema de protección social, lo cierto es que su gestión no ha estado exenta de problemas. En varias ocasiones, el Ararteko ha advertido de que las quejas ciudadanas por la gestión que realiza Lanbide de la prestación le han desbordado. Sobre todo, en los momentos más acuciantes de la crisis. Además, también ha aprobado numerosas resoluciones reprochando el proceder de Lanbide al denegar o suspender algunas ayudas.
En el año 2017 hubo 88 condenas por parte de los tribunales de lo contencioso administrativo; en 2018 alcanzaron las 104. Y en rl primer semestre de 2019 se han producido ya 52 fallos de la justicia contra Lanbide.
La mayor parte de las actuaciones ilegales de Lanbide este año han correspondido a la suspensión y cancelación de la RGI. También destacan las condenas por reclamar a familias que devuelvan dinero de las ayudas sociales. El Servicio Vasco de Empleo ha exigido al menos en 14 ocasiones el reintegro de “cantidades indebidamente percibidas”, pero la justicia ha señalado que era Lanbide la que actuaba indebidamente.
La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak, de Barakaldo, es una de las organizaciones más activas para que se garantice el cumplimiento de la ley y los procedimientos por parte del Servicio Vasco de Empleo. “Esta cascada de condenas confirma las denuncias sobre los constantes recortes, malas prácticas y campañas de criminalización que, por parte de Lanbide, sufren las personas perceptoras de las prestaciones sociales”, ha recalcado.
Gran parte de las sentencias en contra de Lanbide se debe a lo que el propio organismo denomina “errores en la valoración de hechos”, así como por no motivar las decisiones, reclamar documentación innecesaria y provocar la indefensión de las familias que solicitan la RGI.
Según Berri-Otxoak, los ciudadanos perjudicados se enfrentan a un “auténtico calvario en su relación con Lanbide, que además tarda meses en acatar y cumplir las sentencias”. Esta tardanza afecta de manera especial a las mujeres, que son las que sufren de manera más profunda la pobreza en Euskadi. “Se les niega la RGI incluso en situaciones en las que existen sentencias que demuestran que son víctimas de la violencia machista”.
