La ley no protege igual a empresas y familias
Julián F. lleva 14 años como autónomo. Y en todo ese tiempo, nunca lo había pasado tan mal como ahora para poder cuadrar los ingresos y los gastos familiares. Hasta el punto que ha decidido declarar en quiebra a su familia y recurrir a la fórmula del concurso de acreedores en busca de que el juez le eche una mano y consiga reordenar sus deudas. Sobre todo, lo que quiere Julián F. es un aplazamiento en los pagos, un balón de oxígeno, un plan que le permita seguir pagando, pero de una manera más flexible.
“Mi situación financiera es insostenible y no ha habido manera de refinanciar la deuda con los bancos. Es mi última oportunidad para que no me embarguen todo”. La idea de Julián F. es seguir haciendo frente a la hipoteca, pero conseguir un aplazamiento en el crédito personal que suscribió para comprar un vehículo con el que realiza mudanzas.
El concurso de acreedores es una fórmula prevista en la ley para ayudar a empresas y familias que pasan por situaciones difíciles para atender pagos. Es una posibilidad que se ha disparado en los últimos años debido a la crudeza de la crisis. Un total de 1.265 empresas y familias vascas se han declarado en quiebra y han recurrido al concurso de acreedores desde 2012, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Mientras que en el caso de las empresas resulta una solución beneficiosa, para las familias puede que no lo sea tanto. De las 1.265 peticiones de concurso de acreedores, tan solo 34 correspondieron a familias. El principal problema para estas es que sus deudas no se acaban en el concurso, algo que sí pasa con las empresas, que incluso pueden empezar de cero.
Edmundo Rodríguez, magistrado de la Audiencia de Álava y miembro de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), cree que la ley no protege por igual a las empresas y las familias cuando se declaran en quiebra y recurren al concurso de acreedores. “Las familias apenas ven esta fórmula como una solución. ¿Por qué? Pues porque la actual Ley Concursal, la que regula los concursos, no da una segunda oportunidad a las familias. La declaración del concurso supone paralizar los pagos, los intereses de la deuda y las ejecuciones en curso. Pero los créditos hipotecarios no entran dentro de la negociación entre deudores y acreedores. Solo si el banco accede de manera voluntaria a esa negociación se puede intentar algo”, explica.
Así, el concurso es viable para personas que con su salario pueden pagar la hipoteca o el alquiler pero que ya no llegan a pagar el resto de préstamos o deudas pendientes, según Edmundo Rodríguez. Ese puede ser el caso de Julián F. “Ya me han advertido de que es muy complicado renegociar las condiciones de pago de la hipoteca, pero si al menos consigo aplazar el crédito personal. Es el vehículo con el que trabajo, el medio de vida de la familia. Espero que se paralicen los intereses y un posible embargo”.
Segunda oportunidad
Segunda oportunidadEl concurso de acreedores no paraliza la ejecución de la hipoteca. Según la Ley Concursal, para que no se ejecutara sería necesario que en la vivienda se desarrollase algún tipo de actividad empresarial. Por ejemplo, no se embargaría la vivienda hipotecada de un profesional (dentista, abogado…) que ejerciese su trabajo en su domicilio particular. El magistrado Edmundo Rodríguez ya conoce algunos casos en los que las familias han alegado actividades de lo más variopintas para no perder el piso. “Desde decir que utilizan el piso para embotar atún y venderlo hasta que se dedican a hacer jerseys de punto. Pero al final no cuela”, apunta este magistrado.
“Es preciso”, añade Rodríguez, “una reforma de la Ley Concursal que conceda una segunda oportunidad a las familias. España es el único país de Europa que no ofrece esa posibilidad. Se trata de que el juez pueda imponer algún tipo de alternativa a perder la vivienda, como dejar que la familia siga en la casa con un alquiler, aplazar la salida un año para ganar tiempo... Hay que facilitar un plan a esas familias que les permita acomodar los gastos a los ingresos para que puedan salir adelante, pero sin asfixiarles”.
