“Un maltratador no puede ser un buen padre ni decidir sobre sus hijos”
“Cada vez que hay que pedir permiso a un padre maltratador, los hijos-víctimas quedan todavía más desprotegidos”. Eso es lo que advierte la diputada foral de Empleo, Inserción Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, quien insta a las instituciones a “repensar la patria potestad, la guarda y custodia”. Así, ha emplazado a buscar mecanismos para evitar que los padres maltratadores puedan decidir sobre las intervenciones para proteger a sus hijos menores de edad en casos de sentencia por violencia de género.
Laespada, quien ha intervenido en la inauguración del congreso 'Justicia con ojos de mujer 10 años después', La diputada ha afirmado que “un maltratador no puede ser buen padre” y ha añadido que “eso tiene que ver con cuestiones tan importantes como la patria potestad o la guardia y custodia”. A su entender, “hay que revertir algunos viejos conceptos que confunden el bienestar del menor y el necesario contacto del menor con su padre, con el derecho paterno a su potestad sobre el menor”.
Cuando los servicios de la Diputación tienen que actuar para proteger e intervenir sobre las víctimas menores de edad es un problema que la patria potestad siga estando compartida con el padre maltratador. Cuando se precisa del permiso paterno para la intervención terapéutica, “el hombre se niega en demasiadas ocasiones y no responde al requerimiento”, apunta la diputada.
Además, hay mujeres que rechazan dar el permiso para iniciar procesos terapéuticos “para restañar sus heridas en sus hijas e hijos para no tener que pedir permiso al padre, para que no se entere, porque rechazan absolutamente esa figura”.
Perversa encrucijada
Esta situación provoca una perversa encrucijada. La Diputación ha puesto en funcionamiento un programa socioeducativo y terapéutico dirigido a que los hijos puedan encauzar su vida hacia una normalidad, pero sin el permiso paterno “no podemos intervenir a riesgo de ser acusados, perversamente, por el padre maltratador”.
Se trata de dar con un mecanismo que en los casos de sentencia por violencia de género no sea preciso el permiso del maltratador para intervenir en la protección de sus hijas e hijos.
A la jornada de inauguración también ha asistido la consejera vasca de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, quien ha defendido una mayor presencia de la mujer en los puestos de responsabilidad del ámbito de la Justicia, y se ha comprometido a reforzar el Servicio de Atención a la Víctima, que en 2016 atendió a 1.084 víctimas de violencia de género. “Conseguir la normalización que supone el desarrollo de la sociedad democrática dentro del reconocimiento efectivo y real de la igualdad de oportunidades y de una distribución homogénea de roles, que efectivamente se está produciendo, aunque sea a un ritmo más lento que el deseado”, ha recalcado.
El Servicio de Atención a la Víctima atendió a lo largo de 2016 a un total de 2.276 personas, de las que 1.833 fueron mujeres y, de ellas, 1.084 víctimas de violencia de género.
