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Los monitores de tiempo libre denuncian que las instituciones ignoran sus condiciones laborales

Los monitores se han concentrado en Vitoria.

Paloma Bravo Pérez

Los monitores de ocio y tiempo libre de Álava no cesan en su lucha y vuelven a salir a la calle para protestar por su situación laboral. Exigen que las actividades socioeducativas y socioculturales entren en el Convenio de Intervención Social que está apunto de firmarse “para lograr mejoras salariales y laborales, además de los plus por nocturnidad que nos corresponden”, reclama Eduardo Peña del Comité Prisma. En Bizkaia y Gipúzcoa sí gozan de dicho convenio. En esta última provincia, por una semana trabajada en el año 2013, el sueldo era de 584 euros netos, mientras que en Álava fue de 385 euros brutos. 200 euros de diferencia por el mismo tiempo.

Ese Convenio de Intervención Social engloba a 1.500 trabajadores de diversos ámbitos (sociosanitaria y asistencial, gestión de programas sociales y de intervención sociocomunitaria, etc.), pero no a los trabajadores de la animación socioeducativa y sociocultural. Por ello, 400 personas podrían quedarse sin un acuerdo por el que regirse. “Estaríamos sometidos a una regulación estatal que rebaja a mínimos de probleza las condiciones laborales y salariales”, aseguran los trabajadores de animación.

Los sindicatos ELA, CCOO, LAB, ESK y UGT también reclaman esta inserción. En una declaración en defensa de las condiciones laborales de los trabajadores del ocio socioeducativo y animación sociocultural de Álava, las agrupaciones demandan unas “condiciones dignas para los profesionales del sector y así prestar unos servicios de responsabilidad pública de calidad”. Exigen, que tanto empresas como instituciones, “se comprometan a asumirlo y evitar así la precariazación que actualmente se está soportando en el sector”.

“Las instituciones nos ponen trabas”

Uno de los focos a los que apuntan los educadores son las instituciones ya que aseguran que les ponen “trabas” y no garantizan que las actividades englobadas en la animación socioeducativa y sociocultural vayan a estar dentro de ese convenio. Además, inciden en denunciar que Zeharka (la patronal que engloba las empresas de tiempo libre Ludoland, Kulturbide, Mastaller y Xenda), no quiere participar en esa firma.

Pero Javier Ruiz, gerente de Xenda, asegura que, para firmarlo, “el marco debería ser otro más específico” y que los sindicatos deberían de presionar a las instituciones, no a las empresas. El problema es, según Ruiz, que las instituciones deberían de aumentar el presupuesto. De lo contrario, se dejarán de hacer proyectos nuevos o se tendrá que rebajar el personal. “Y nosotros velamos por que los proyectos sigan saliendo. Si finalmente se llega a un acuerdo y se logra insertar el ocio educativo dentro de ese Convenio de Intervención Social y el presupuesto no se aumenta, habrá una rebaja de personal”, asegura el gerente.

Sin embargo, los monitores denuncian que “las administraciones no están dispuestas a asumir ni una mínima parte de la responsabilidad en este tema. Se desentienden de unas relaciones laborales en las que el espacio que se nos deja para negociar está limitado por las cifras de sus presupuestos”.

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