Cuando el Estado es moroso: más de un año litigando para recuperar 626 euros en costas
No es ya una cuestión de dinero -se trata de apenas 626,10 euros-, sino de “dignidad” y de intentar que su caso no siente precedente. Lo dice el letrado Javier Galparsoro, presidente de CEAR Euskadi, que lleva más de un año peleándose en los tribunales contra el Estado, al que le ganó un caso de Extranjería, porque no ha cumplido la sentencia judicial, que le obligaba a asumir las costas del procedimiento.
El caso en cuestión se abrió en 2015. Galparsoro actuó en nombre de un ciudadano de Marruecos al que la Subdelegación del Gobierno le había denegado la reagrupación familiar a pesar de tener autorización de residencia de larga duración y un empleo estable en Bilbao. El expediente judicial fue superando las diferentes fases hasta que la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) emitió una sentencia firme en noviembre de 2016 dando la razón al marroquí. Como es habitual, estableció que la parte perdedora del pleito, en este caso el Estado, asumiera las costas, básicamente el dinero que había gastado la familia en contratar a Galparsoro. La minuta se estableció en 626,10 euros en abril de 2017 al ser un procedimiento relativamente sencillo.
Pero el Estado no ha pagado. El primer requerimiento judicial es de julio de 2017 y Galparsoro asegura que “hasta hoy” la Administración mantiene un “silencio impenetrable”. Es más, sólo hace unos días se abonó la multa de 150 euros lograda tras las muchas protestas del letrado y ante la negativa del Estado a identificar al funcionario o autoridad responsable de atender esta solicitud. Suman 27 los escritos, respuestas y peticiones que se han emitido en este período en que se ha alargado un trámite aparentemente sencillo.
Galparsoro reclama al juzgado que actúe y plantee una “ejecución forzosa”, es decir, que se embargue al Estado una cantidad equivalente a su deuda. En algunos de sus escritos sostiene que esta demora podría incluso tener “responsabilidad penal”. Lamenta además que la multa no haya sido acumulativa para forzar un cambio de postura, como se planteó en un inicio desde el propio juzgado.
Fuentes de la Abogacía del Estado explican a este periódico que ,“evidentemente, el Estado necesita más tiempo para hacer frente a los pagos” que un particular. Ello es debido a “todos los trámites y controles” propios de la Administración. No obstante, estas mismas fuentes ven excepcional este caso: “Cuando decimos que se necesita más tiempo hablamos de demoras razonables, de semanas o de un par de meses. Nunca de tanto tiempo”.
