“Hay muchas familias para las que la vida pierde sentido al ser desahuciadas de su casa”
“No tenemos tiempo. Dentro de unas horas, una familia puede perder su casa por culpa de un desahucio”. Ese era el grito de auxilio que Imanol Arnaiz, portavoz de Stop Desahucios Bizkaia, lanzó esta semana en el Parlamento vasco a los partidos que discuten sobre la futura ley de Vivienda. Entre otras medidas, la ley podría recoger la expropiación a los bancos de los pisos que hayan embargado y permitir que sus propietarios sigan viviendo en ellos por medios de un alquiler social.
En su desesperación, Arnaiz relató la situación de una familia vizcaína que aguarda con inquietud la hora de su desahucio. “Se trata de una madre y una hija adolescente. El padre se quitó la vida el pasado mes de noviembre superado por las circunstancias y cuando le llegó la carta del desahucio. No han tenido ningún tipo de ayuda. La madre ha tenido que ser hospìtalizada y mientras se encontraba en esa situación ha llegado otra notificación. Si Stop Desahucios no actúa para suspender el lanzamiento, este mismo mes se verán en la calle”.
“Hay muchas familias”, ha añadido a eldiarionorte.es, “para las que la vida deja de tener sentido al perder la vivienda de esta manera, especialmente para las madres. Necesitan ayuda psiquiátrica para poder sobrellevar la situación. Con las ayudas que reciben no les llega ni para comer. Cuando habló con los responsables de bienestar social de algunos ayuntamientos se fijan más en si el hijo está escolarizado que si come o no”.
A pesar de que un proceso de desahucio puede durar hasta dos años desde que empieza la presión del banco, “el peor momento es cuando llega la carta definitiva con fecha de lanzamiento. Los afectados no pueden ni abrirla”.
Arturo Val del Olmo, representante de Stop Desahucios Araba, también apremió a los partidos a sacar adelante la ley de Vivienda y, al mismo tiempo, criticó el convenio entre Gobierno vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la detección de casos de vulnerabilidad relacionados con desahucios de la vivienda familiar. “No está sirviendo para nada. Es papel mojado. El pasado mes de octubre echaron a una madre con dos hijos a su cargo. Le cambiaron la cerradura del piso y no podía entrar. Ni el juez decano ni nadie en el juzgado se percató de que se trataba de una familia vulnerable. ¿Cómo es posible? La ley es como una apisonadora. En diciembre mandamos al juzgado el caso de Ainhoa, otra madre que iba a ser desahuciada, y nadie tenía conocimiento siquiera del convenio que se había suscrito con el Gobierno vasco”
