La oposición censura las externalizaciones masivas y a empresas afines al PNV
Toda la oposición, a excepción de EH Bildu, que ayer prefirió guardar silencio, censuró la práctica del Ejecutivo del lehendakari Urkullu de seguir echando mano de la contratación externa a la Administración de manera masiva para ejecutar tareas que, en muchas ocasiones, pueden ser realizadas internamente con los recursos del propio Gobierno. “Pequeño escándalo”, apuntó el portavoz del PP en la Cámara vasca, Borja Sémper; “pequeñas corruptelas que son legales”, calificó el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, mientras que los socialistas hablaban de incumplimiento del compromiso del Gobierno vasco de “optimizar los recursos de la propia Administración”.
Los populares han registrado una pregunta parlamentaria en relación con la informacion adelantada por eldiarionorte.es en la que se indicaba que en los tres primeros meses de 2014 el número total de contratos externos sube a 779 por un importe de gasto de 35,23 millones de euros, lo que supone un repunte frente al mismo periodo de 2013 tanto en número de contratos externos (597 el pasado año), como en gasto (32,8 millones). Solo en nueve meses de 2013, el Ejecutivo peneuvista gastó 128 millones de euros en contratar servicios de manera externa a la Administración. En concreto, el parlamentario Iñaki Oyarzabal, considera que el número de contratos de este tipo fue “muy elevado” y “la tendencia en el primer trimestre de 2014 apunta a un aumento considerable” por lo que ha pedido que el Ejecutivo informe sobre los contratos externos realizados en 2013 y, además, detalle la “persona física o jurídica, con quien se contrata, importe, objeto del contrato y duración” durante el año pasado.
“No parece que en el capítulo de informes, consultoria y comunicación-publicidad el Gobierno esté cumpliendo su compromiso de optimizar los recursos de la propia Administración”, aseguraron desde el PSE-EE. Fuentes de la dirección socialista en Euskadi recuerdan, por ejemplo, que la Ley Municipal que redactó el Ejecutivo anterior y que finalmente quedó sin aprobar “se realizó con medios del propio Gobierno” y fue supervisada por la Lehendakaritza. No es el único ejemplo, recuerdan en el partido que lidera Patxi Lopez. “La Ley de Fundaciones se hizo también desde la dirección correspondiente del Ejecutivo, apoyándose en el sector de fundaciones, en vez de pagar a gente externa a la Administración”. Por eso, los socialistas creeen que aprobar como ha hecho el Gobierno del PNV recientemente una norma sobre contratación en la que se establece “el compromiso de no externalizar necesidades habituales y permanentes” se desvirtúa atendiendo a los datos reflejados en esos informes.
Los socialistas censuran el hecho de que “el Gobierno de Urkullu se está dando más diligencia en adjudicar contratos menores que afectan al gasto corriente, que en ejecutar los programas presupuestarios que afectan a inversiones productivas, la formación y contratación de parados y el estímulo de la economía, que es lo que necesitamos prioritariamente”.
Por su parte, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, cree que “esta práctica de las externalizaciones masivas, con centenares y centenares de contratos pequeños, esconde muchas veces el pago de favores a los amigos, favorecer a determinadas empresas, esas pequeñas corruptelas que son legales, porque la ley lo permite, pero que escapan al control, a la libre concurrencia, a la publicidad y al mérito que deben presidir todas las contrataciones de la administración”. Muchos de los contratos -no todos- recogidos en los informes redactados por Función Pública son menores, esto es, están por debajo de los 18.000 euros (sin IVA). Este tipo de contrato permite casi manos libres a la Administración para adjudicarlos, ya que se dan a las empresas o particulares elegidos de manera directa, sin pasar por ningún concurso público, aunque deben acompañar memorias justificativas de los servicios que se pretenden obtener de manera externa a la Administración.
“Favorecer a amiguetes”
“Se demuestra que el Gobierno de Urkullu es sobre todo de imagen y propaganda, decir muy buenas palabras, vender buenas intenciones, para luego no cumplirlas, incluso ir en la línea contraria como en este caso que en vez de disminuir las contrataciones externas se va a más y más cada año”, criticaba Maneiro en alusión al “compromiso de no externalizar necesidades habituales y permanentes” aprobada por el gabinete Urkullu el 29 de abril pasado.
UPyD seguiremos muy vigilantes en este asunto, porque gracias a nuestro seguimiento hemos podido descubrir cosas que nos parecen escandalosas, como las clases de idiomas pagadas a altos cargos, como si no ganaran lo suficiente como para pagárselas ellos mismos con su sueldo, o que se encargue la realización de importantes proyectos de ley a empresas privadas o pagar publirreportajes en la prensa amiga contra la 'ley Wert', por ejemplo.
El PP, por boca de su portavoz parlamentario, Borja Sémper, criticó con dureza este tipo de contratos que, a su juicio, suponen un “pequeño escándalo” que tiene además “una difícil venta ética, ciudadana y parlamentaria”. El alto volumen de presupuesto destinado a estos contratos y el número de contratos -solo en nueve meses de 2013 se adjudicaron un total de 1.541 externalizaciones- le hace a Sémper calificar las prácticas de “abuso, ya que han convertido en procedimiento habitual un sistema -la contratación externa- y una figura -los contratos menores- que no estaban pensados para que se generalizaran de esta manera”.
El PP, además, cree que es más “vergonzoso el asunto” porque “llueve sobre mojado y hay un sospecha porque en anteriores ocasiones se ha comprobado cómo se ha usado esta vía para favorecer a determinados amiguetes o empresas”, denuncia Sémper.
