“La pérdida de control sobre la propia vida es lo más demoledor de un desahucio”

Muchos de los ayuntamientos recién constituidos han convertido en una prioridad la paralización de los desahucios. Pero su falta de experiencia, en algunos casos, está impidiendo que su actuación sea eficaz. La necesidad de dar una respuesta inmediata a familias en riesgo de desahucio es algo que debe ser abordado desde una legislación a nivel estatal, pero la ausencia de un marco jurídico protector ha supuesto (y aun supone) un sufrimiento “extraordinario” para decenas de miles de familias. En un intento de paliar este vacío, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado una guía de actuación para que los nuevos ayuntamientos y gobiernos autonómicos sigan una estrategia para dar una respuesta efectiva a los desahucios.

“Resulta comprensible y necesario”, explican desde la Asociación, “que ante la cortedad de las respuestas globales, los gobiernos autonómicos y locales, en un ejercicio de cercanía, se pongan manos a la obra para paliar las graves situaciones. Pero conviene organizar las actuaciones y delimitar los ámbitos para no generar falsas expectativas ni un exceso inasumible y desordenado de respuestas tan atomizadas como bienintencionadas”.

Su experiencia acumulada en este campo les ha llevado a sugerir la aplicación simultánea de las siguientes estrategias:

1-Atención integral: “Ninguna familia en riesgo de desahucio tiene esa única amenaza sobre sí. La experiencia nos dice que son situaciones en las que los problemas se acumulan y afectan a muchas facetas vitales: desempleo de larga duración o sub-empleo, otras deudas, salud deteriorada, estados de shock, ansiedad, relaciones familiares alteradas, sentimientos de fracaso, angustia, pérdida de apoyos de entorno”, se punta desde la Asociación. Por eso, es necesario abordar estas situaciones de forma integral, aunando al menos las perspectivas jurídica, financiera y social. En este sentido, el sistema de Servicios Sociales debe actuar como interlocutor público que movilice y ordene los recursos urgentes y necesarios para que la familia afronte la situación con garantías de recuperación. “No basta con parar un desahucio. Ni siquiera basta con reestructurar la deuda familiar. Las personas afectadas, dentro de la gravedad de su situación, deben contar con un mínimo abanico de opciones informadas para adoptar sus propias decisiones. La pérdida de control sobre la propia vida es, quizás, lo más demoledor de estas situaciones”.

2-Atención pública: “Cuando el bien jurídico a proteger es la integridad y seguridad de las personas se justifica plenamente esa irrupción de lo público en lo privado. La legitimidad para crear dispositivos públicos que atiendan a las personas en riesgo de desahucio es total y además es imprescindible hacerlo para garantizar la seguridad jurídica”.

3-Tratamiento profesional e individualizado. No hay remedios mágicos. Por ejemplo, “la buena prensa de la dación en pago ha generado una falsa expectativa de súper-solución a todos los males hipotecarios. Nada más lejos. De hecho, una dación en pago con abandono del inmueble es, en la práctica, una importante pérdida patrimonial y emocional. Sin deudas, pero en la calle y destrozados. Su aplicación sistemática sería trágica”. Según la Asociación, resulta preciso hacer un tratamiento individualizado de cada situación y aplicar un arsenal de soluciones posibles mucho más amplio y complejo. Ante la ejecución hipotecaria es conveniente intentar en primera instancia fórmulas de reestructuración de la deuda pendiente, siempre que sea posible (sin perder la propiedad ni la inversión familiar realizada). Solo cuando es inviable conservar la propiedad debe plantearse la dación en pago (para no quedar en posición deudora posterior), eso sí, combinada siempre con un alquiler social que sea asumible por la familia para posibilitar la permanencia en el mismo inmueble por un mínimo de tres años.

Hay que agotar otras opciones previas que pasan por reestructurar la deuda pendiente mediante carencias, bajada de tipos, supresión de cláusulas abusivas, reunificación de deudas, quitas….Y todo ello dentro de un plan de pagos realista y diseñado a medio plazo (entre cinco y ocho años) que posibilite la recuperación de la economía familiar.

4-Impago de alquiler. “Aquí no queda sino analizar el caso en profundidad y ayudar a enervar la deuda con los propietarios individuales por la vía de ayudas monetarias si se estima que el caso es viable a futuro. Si no quedase otro remedio y hay que abandonar el inmueble, se debe hacer siempre desde la certeza de la existencia de una alternativa habitacional siempre dentro del contexto de referencia de la familia. Estos casos son mucho más complejos porque en muchas ocasiones la supervivencia del acreedor depende del cobro de la renta, generándose un problema en cascada”.

Políticas de realojo

Políticas de realojo5-Consenso y participación. Desde la responsabilidad pública, en los sistemas de tratamiento integral existen agentes cuya implicación resulta casi inexcusable. “Las entidades financieras son un agente imprescindible ya que pueden y deben facilitar las soluciones adecuadas a cada caso. Existen fórmulas mucho más inteligentes que las adoptadas hasta ahora. Ya sea en las ejecuciones hipotecarias o en las demandas por impago de alquiler, es muy importante conseguir la complicidad de los juzgados. Ya hay territorios donde se han implementado protocolos de alerta e intercambio de información para garantizar que jamás se produzca un desalojo forzoso y sin alternativa habitacional. El tercer sector de la acción social debe incorporarse a los protocolos que se diseñen ponerse al servicio de la atención integral”.

6-No inventar lo que ya fue inventado. Existen desde hace años iniciativas de intermediación con entidades financieras diseminadas por todo el territorio. Con matices diversos, se trata de programas que tratan el problema hipotecario de forma muy eficiente y que curiosamente han recibido más reconocimiento a nivel internacional que dentro del país, donde están siendo ignoradas. Gracias a las experiencias acumuladas, el plazo para poner en marcha un dispositivo mínimamente razonable de servicio público de tratamiento del riesgo de desahucio podría ser de dos a tres meses con la suficiente voluntad política y todo ello casi a coste cero

7-Considerar siempre el impacto convivencial de las medidas de vivienda. Las políticas de realojo suelen ser muy delicadas. “Es muy peligroso realojar a familias con tan serios problemas fuera de su contexto primario o en entornos poco integrados. Ya se ha experimentado eso de ‘proporcionar’ un bloque de viviendas vacías y meter ahí a ‘los desahuciados’. Es un error de proporciones inmensas cuyo tratamiento posterior es costosísimo humana y económicamente. Esa aparente solución de hoy se convertirá en un serio problema para mañana, generando incluso casos de chabolismo vertical. Las personas deben poder reestructurar sus vidas en su contexto. La ligazón al contexto social-vecinal es imprescindible porque constituye el punto de apalancamiento esencial para la recuperación de la situación individual y familiar. Los desplazados internos pueden ser una tónica si los desahucios de alquiler empiezan a encadenarse. Es difícil imaginar una situación de mayor exclusión social y vulnerabilidad”.