El 'peso' político de Alfredo de Miguel

La estrategia del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ha sido arriesgada. Tras haber estado a punto de asumir varios delitos de corrupción, rechazó por un tema menor -que por sí solo no implicaba el ingreso en prisión- la última oferta de la Fiscalía y decidió escenificar en una larga declaración preparada con su abogado, Gonzalo Susaeta, que todas las acusaciones contra él son inconsistentes, cuando no pruebas manipuladas para incriminarle. Él fue el primero de los 26 acusados del 'caso De Miguel' en comparecer en la fase decisiva del juicio en la Audiencia Provincial de Álava y la pasada semana y ésta le han seguido otra docena. Aún no ha llegado el día en que quienes sí han pactado con la Fiscalía una rebaja de penas a cambio de colaboración le señalen con claridad. De hecho, salvó a última hora el golpe que hubiese supuesto que su hermana Aintzane de Miguel, contable de su entramado de empresas, fuese la primera en dar ese paso para que su petición de 13 años de cárcel se quedará en la de absolución.

Aunque no han llegado las incriminaciones, en las últimas sesiones sí ha quedado en evidencia el “peso” político que tenía quien todos conocen como Txitxo y su influencia en incontables negocios y operaciones. Son pequeños detalles que pueden tener una importancia capital. Ello contrasta con la línea de defensa de Susaeta, quien ha reiterado que De Miguel redujo al máximo sus actividades mercantiles en el momento de ser nombrado en 2007 como diputado alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo).

Hasta el momento, el único que ha alcanzado un acuerdo con el ministerio fiscal -cuyo alcance se desconoce- es el constructor Prudencio Hierro, acusado de haber costeado en 2008 la reforma de la vivienda de veraneo de la mujer de De Miguel en Gorliz (Bizkaia), valorada en 44.000 euros. La de Hierro fue una confesión 'sui generis'. Con sacacorchos, tras varias preguntas, el fiscal Manuel Pedreira logró que Hierro admitiera que se hizo cargo de los pagos a la empresa Emociona porque “siempre ayuda” hacer un favor a quien entonces era diputado. El empresario, como De Miguel, explicó en todo caso que la operación sólo supuso un ahorro del IVA para el político -lo cual no es delito porque 6.000 euros no llegan al límite de 120.000 y porque está largamente prescrito- y que Txitxo le devolvió la base imponible. Las devoluciones no constan en el sumario, pero para la Fiscalía era suficiente en este momento procesal que se destacara que el motivo de la prebenda a De Miguel era su cargo, lo que permitiría facilitar una condena por cohecho impropio.

Hierro no fue para nada beligerante más allá de esta concesión. Sin embargo, desde que compareció ya entra y sale solo del Palacio de Justicia. Algunos observadores hablan de “miedo” y “presiones” hacia quienes han pactado. Ahora todas las miradas se posan sobre Josu Arruti y los otros imputados por la fallida recalificación urbanística de Zambrana y los millonarios negocios paralelos. En principio, sigue vigente el acuerdo por el cual se admitirá que los promotores de la operación, los catalanes de Construcciones Riera, pagaron a Arruti sumas importantes por nada real. Arruti, por su parte, destinó parte de ese dinero a De Miguel, a su esposa y sus sociedades mercantiles Kataia Consulting o Eskalmelo. El fiscal Josu Izaguirre manifestó que ese acuerdo incluía el reconocimiento de que aquello eran “comisiones ilícitas”.

Lo que quedará para valoración del tribunal, ante la falta de confesiones, es si De Miguel extorsionó a la empresaria Ainhoa Alberdi para cobrarle una comisión de 100.000 euros por la adjudicación que su empresa había recibido en el parque tecnológico de Miñano. En 2006, el año de la contratación, Txitxo no tenía nada que ver en Miñano, pero quien era gerente del polígono ya ha confirmado en el juicio que se puso en contacto con él y que le dio la referencia de Alberdi para gestionar el trabajo, consistente en la compra de suelo para la ampliación del recinto. El político trató de matizar que no primó la opción de Alberdi y que ofreció una “terna” a Arriola para que luego el propio parque eligiera. Arriola indicó que “es posible” que le diera más nombres, aunque la primera y única opción por las referencias recibidas era la de la empresa de Alberdi, Urbanorma Consulting.

Alberdi asegura que a finales de 2008 recibió la noticia de que tenía que “pasar por caja” por el contrato de Miñano. Sitúa la petición de la mordida en el despacho de De Miguel en la Diputación. El político lo niega con rotundidad, hasta el punto de aportar dos coartadas diferentes para los mismos hechos. La credibilidad de la versión de Alberdi es el punto clave. De momento, el empresario Sergio Fernández Oleaga (de Stoa) deslizó de refilón que en una de sus reuniones en la Diputación se encontró con Alberdi saliendo del despacho de De Miguel. Además, tanto Arriola como el presidente de los parques tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegría, han confirmado en el juicio que conocían desde primeros de 2009, por boca de la propia Alberdi, su denuncia de que estaba siendo extorsionada. Éste último, además, reconoció que tenía conocimiento de la cifra concreta: 100.000 euros.

Se da la circunstancia de que el nombramiento de De Miguel en 2007 conllevó también su entrada en el consejo de administración de Miñano. Sobre esa época, Arriola indicó que Txitxo tenía “peso” en la Diputación. Según Sánchez Alegría, era una persona de “referencia”. Fernández Oleaga, por su parte, comentó que despachaba con él en la Diputación asuntos que normalmente trataría con un cargo de menor rango. Unos años antes, el empresario y el político habían decidido constituir juntos una mercantil, Marratik, en la que Fernández Oleaga esperaba aprovechar la “facilidad de Alfredo para tratar con industriales”.

El juicio del 'caso De Miguel' se retomará el lunes, cuando continuarán las declaraciones de los imputados por la adjudicación aparentemente irregular de contratos a empresas del entorno del político salidas desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por el 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles. Tras la suspensión ya prevista del martes, se prevé que sea el miércoles cuando lleguen las comparecencias de los procesados por la operación de Zambrana, un momento clave del juicio.