Por qué considera el Supremo que las becas para estudiantes vascos discriminan al resto de España

El sistema de becas vasco genera “importantes desigualdades”. Es lo que considera el Tribunal Supremo, que ha sentenciado que las becas deben regularse de tal modo que se garantice la igualdad en su obtención en todo el territorio español. Hasta ahora, Euskadi es la única comunidad que se autofinanciaba en materia de becas.

La historia se remonta al año 2016, cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió anular varios artículos de una orden emitida por el Gobierno vasco para regular el sistema de becas de cara al curso 2014-2015 en lo relativo a los estudiantes no universitarios. El Ejecutivo, que consideraba que esto no interfería en la financiación estatal, interpuso un recurso de casación. El Supremo rechaza ahora los argumentos esgrimidos y sostiene que el sistema de becas ha de regularse “sin menoscabo de la garantía de la igualdad en la obtención de las ayudas en todo el territorio nacional”. El asunto tiene especial incidencia en las becas concedidas a los estudiantes no universitarios.

Jurisprudencia del Constitucional

El Supremo se apoya en la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha mantenido hasta la fecha. Considera el Supremo que la jurisprudencia constitucional deja “escaso margen de desarrollo a la normativa autonómica”, ya que, de aceptarse la visión expresada por el Gobierno vasco, “la regulación autonómica podría establecer un sistema paralelo al del Estado basándose en su propia financiación, lo que, a la postre, conduciría a que los estudiantes, dependiendo del lugar de residencia y de la comunidad en que quieran cursar sus estudios, no tendrían las mismas oportunidades”.

Lo que el Supremo arguye, en el fondo, es que esta gestión de las becas genera “importantes desigualdades” a la hora de acceder a ellas “por razón de territorio”. En ese sentido, los artículos de la convocatoria vasca de becas para estudiantes no universitarios se estarían alejando de la regulación básica establecida por el Estado, que busca “las mismas oportunidades en el acceso subvencionado a la educación”. En 2014, José Ignacio Wert, por aquel entonces ministro de Educación de la ejecutiva 'popular', restringió el acceso a las becas, pero Euskadi no siguió sus pasos.

Ahora, sin embargo, en la comunidad habría, según la sentencia del Supremo, estudiantes de primera, los autóctonos, y estudiantes de segunda, los que llegan desde otros regiones y no tienen derecho a acceder a las becas. Las becas vascas se diferencian de las estatales y, de acuerdo con lo expresado por el Supremo, generan desigualdades en lo relativo a los umbrales de renta, las cuantías y los criterios académicos. Así, por ejemplo, en Euskadi no se exige la devolución de la beca si no se consiguen unos objetivos académicos determinados (superar el 50% de las asignaturas) o no se acude a las clases un número prefijado de horas.

Modalidades y cuantías

Asimismo, el Alto Tribunal considera que el sistema vasco “contradice” las modalidades y las cuantías. En el decreto del Ministerio de Educación, de junio de 2014, se establecieron varias cuantías, incluyendo una fija de 1.500 euros ligada a la renta del solicitante y una variable, cuyo importe mínimo tenía que ser de 60 euros. El sistema vasco, sin embargo, no se adecuó a este modelo, como tampoco lo hizo en lo relativo a los umbrales de renta. Así, en todos los casos los umbrales vascos son mayores que los del resto del Estado, por lo que cubren a población con niveles de renta más elevados. Y hay que tener en cuenta que Euskadi tiene una renta per cápita superior a la del resto del país.

Por ejemplo, en el umbral uno de renta (el más bajo), el ministerio contempla el derecho a recibir la ayuda a las familias de dos miembros con ingresos de 7.200 euros, de tres con 10.600 o de cuatro con 13.900 euros al año. En el caso del País Vasco, las cantidades suben hasta los 13.300, 17.500 y 20.200 euros, respectivamente.

“Escandalizado” ante la sentencia

No obstante, Cristina Uriarte, consejera de Educación, aseguró que el Gobierno vasco está “realmente escandalizado” por la sentencia, que considera un ataque directo preocupante. “Después de más de treinta años desarrollando la competencia de Educación —añadió— y concretamente con un sistema de becas que ha dado respuesta a las necesidades de las familias para la escolarización de sus hijos, esta sentencia es un ataque en toda regla a nuestras competencias y a nuestro autogobierno”.

De hecho, dos de los siete magistrados del TS emitieron un voto particular. Consideran que aquellas comunidades autónomas con competencias plenas en lo tocante a la enseñanza, como es el caso vasco, gozan de “capacidad normativa para desarrollar la regulación estatal y establecer [con cargo a sus] propios presupuestos un sistema adicional o complementario de becas y ayudas al del Estado”.