'Agresión' (“acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño”) y 'ensañamiento' (“circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en aumentar inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la comisión del delito”). Éstos dos han sido los gruesos vocablos castellanos empleados este martes en rueda de prensa por el consejero-portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, para denunciar los últimos efectos del “proceso de recentralización sin precedentes” que cree que inició el PP de Mariano Rajoy en 2011 y que denuncia que mantiene ahora a pesar de haber perdido su mayoría absoluta en el Congreso y de haber iniciado un ‘deshielo’ con Euskadi enmarcado en la necesidad de contar con el PNV en las Cortes Generales y de primar la moderación del nacionalismo vasco frente al catalán.

El motivo de la nueva batería dialéctica de Erkoreka era doble. Por un lado, el inicio del diálogo político entre el PP y el PNV, es decir, entre los Gobiernos central y vasco, no ha impedido que la Abogacía del Estado, encabezada en Euskadi por la letrada Macarena Olona, haya consumado su amenaza de recurrir la tercera OPE consecutiva de la Ertzaintza al entender que su número de plazas, 250, supera el máximo fijado en los presupuestos generales del Estado como tasa de reposición de funcionarios. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha atendido el recurso del Estado contra la decisión vasca de fijar en 35 horas semanales la jornada laboral de los funcionarios autonómicos, frente a las 37,5 planteadas como normativa básica por el Gobierno ‘popular’.

¿El mayor autogobierno de Europa?

Sobre la Ertzaintza, Erkoreka ha afirmado que “se trata de una agresión más que podía haberse ahorrado [el Estado]” ya que “sintoniza muy mal con el período de entendimiento y diálogo que dicen preconizar desde el Gobierno central”. “Es una demanda que podía no haberse formalizado”, ha insistido el portavoz de Iñigo Urkullu. Se refería a que, aunque había ya un aviso sobre esta posibilidad y una sentencia que dio la razón al Estado y que mantiene en el aire la OPE anterior, la Abogacía del Estado dio curso a su advertencia el pasado viernes, apenas tres días después de un encuentro técnico entre letrados de Madrid y de Vitoria para tratar de evitar cuatro recursos de inconstitucionalidad contra otras tantas normativas salidas del Parlamento Vasco. En este marco de incertidumbre es “objetivamente imposible” garantizar un servicio público de seguridad a medio plazo, con una cascada de jubilaciones en el horizonte.

encuentro técnico entre letrados de Madrid y de Vitoria para tratar de evitar cuatro recursos de inconstitucionalidad contra otras tantas normativas salidas del Parlamento Vasco

Sobre los funcionarios, el Gobierno entiende que “de inmediato” no habrá “efectos prácticos” tras la sentencia que da la razón al PP y que entiende que Euskadi no puede ahorrar a sus 70.000 empleados públicos los 30 minutos diarios adicionales que marcó en 2012 el Gobierno central como medida de ahorro en materia de personal. Según Erkoreka, y como ocurre con la sentencia de la anterior OPE de la Ertzaintza, la comunidad autónoma acudirá al Tribunal Supremo en casación, lo que supondrá que la normativa vasca “seguirá en vigor” al menos hasta que se resuelva ese recurso.

Para el Gobierno vasco, ahora una coalición de PNV y PSE-EE, casa poco con las afirmaciones de que Euskadi goza del mayor nivel de autogobierno de Europa el hecho de que ni siquiera pueda fijar el calendario laboral de sus trabajadores. “Durante más de 30 años esta facultad correspondía a cada Administración hasta que llegó la mayoría absoluta de Rajoy”, ha protestado Erkoreka.

El mal precedente manchego

El asunto de las 35 horas –una patata caliente para Urkullu porque el sindicato mayoritario,  el nacionalista ELA, amenaza con una huelga si no se va hasta el final en la confrontación con Rajoy- afecta también a otras comunidades autónomas. El propio Erkoreka ha dado la pista de que la batalla judicial tiene poco recorrido, ya que el Tribunal Constitucional dio claramente la razón al Estado en su contencioso contra Castilla-La Mancha: “El ejercicio de esta competencia exclusiva autonómica para organizar sus propios servicios no puede desconocer las normas que el Estado haya podido aprobar en virtud de los títulos competenciales estatales que inciden en el ámbito material del régimen jurídico del personal del sector público autonómico”.

el Tribunal Constitucional dio claramente la razón al Estado en su contencioso contra Castilla-La ManchaEn este sentido, Erkoreka ha subrayado que el Constitucional también forma parte de la maquinaria recentralizadora. En otras ocasiones ha utilizado incluso la metáfora del árbitro comprado. Ha recordado, en todo caso, que la primera jurisprudencia del alto tribunal, precisamente, respetaba las competencias autonómicas en materia de función pública y ha citado que hay también magistrados discrepantes con el criterio dominante en las más altas instancias judiciales de España.

Quizás por ello ha planteado como ‘plan B’ a continuar la batalla jurídica en el Supremo y, en su caso, también en el Constitucional, la posibilidad de derogar en las Cortes Generales la disposición introducida en los presupuestos de 2012 sobre la jornada laboral del personal al servicio de todas las Administraciones. Sin norma básica, no hay control posible. “Emplazo a todos los grupos”, ha dicho Erkoreka a la oposición en España, que ya ha desmontado en estos primeros meses sin mayoría absoluta de Rajoy parte del andamiaje de la anterior legislatura. ¿Lo incluirá el PNV como contraprestación a un acuerdo presupuestario?

Carta de Urkullu a Rajoy

Lo cierto es que los últimos han sido años de cruce de pleitos. ¿Ha retirado Euskadi algunos de sus recursos contra el Estado en este escenario de deshielo? La pregunta se la han lanzado los periodistas a Erkoreka y ésta es su respuesta: “Esos recursos obedecen a la necesidad de combatir un proceso recentralizador. Las comunidades autónomas en general han duplicado la conflictividad [con el Estado]. Hay que partir de esa constatación elemental y primaria. Tienen sentido los recursos de las comunidades autónomas al poder central y tiene sentido pedir [al Gobierno del PP] que retire los recursos”.

La batalla jurídica entre Madrid y Vitoria suma unos 40 contenciosos. A buen seguro, es uno de los puntos que Urkullu desearía plantearle a Rajoy en la reunión que le ha solicitado por escrito. El lehendakari, que no se reúne con el presidente del Gobierno desde que en septiembre de 2014 sintió que su ‘agenda vasca’ quedaba guardada en el último cajón del palacio de La Moncloa, ha declinado por carta la invitación para participar en la conferencia de líderes autonómicos del próximo 17 de enero pero se ha ofrecido a mantener un encuentro “bilateral” para retomar el diálogo sobre autogobierno, sobre infraestructuras o sobre la gestión del final de ETA. No hay respuesta hasta la fecha de un Rajoy que sólo se ha comunicado con Urkullu en los últimos años con SMS y llamadas “de cortesía”.