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“En Euskadi hay corrupción. Nos merecemos un Fiscal Anticorrupción”

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, defiende que "hay que adaptar y flexibilizar la política penitenciaria con los presos de ETA a la situación actual".

"La Ley de Amnistía no puede tapar delitos como las torturas en el franquismo, que no prescriben", sostiene.

"Una consulta en Cataluña sin convocatoria legal sería un fraude o una ficción", avisa.

"La Fiscalía se ha opuesto de manera fundada a todas las peticiones de imputación realizadas por la familias Cabacas".

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en un momento de la entrevista en su despacho.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en un momento de la entrevista en su despacho.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro (San Sebastián, 1960) apoya la creación de una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi para combatir esa lacra. Días antes de la visita a Euskadi del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, defiende que hay que “adaptar” la política penitenciaria con los presos de ETA a los nuevos tiempos y pide que la Ley de Amnistía no sirva para tapar delitos que se cometieron durante el franquismo. "La Ley de Amnistía no puede tapar delitos como las torturas en el franquismo, que no prescriben", sostiene. Cataluña también es objeto de la reflexión del fiscal superior de Euskadi. "Una consulta en Cataluña sin convocatoria legal sería un fraude o una ficción", apunta Calparsoro.

Desde su llegada a la Fiscalía esta institución ha adquirido una proyección pública desconocida en sus anteriores responsables.

Los tiempos obligan a que una institución como el Ministerio Público, cuya finalidad es la defensa del interés social en el ámbito del poder judicial, debe tener transparencia. En todos los ámbitos en los que intervenimos existe un interés público.

Esta actitud de transparencia también ha tenido su parte de sobreexposición: no se tienta la ropa al opinar y muchos de los temas polémicos acaban en su mesa y acaba abriendo diligencias.

Reconozco que ha habido sobreexposición y que eso no es bueno. Muchas veces la polémica es por lo que uno ha declarado, no por lo que ha hecho. Y a veces son hasta artificiales, polémicas más mediáticas que reales.

El último ejemplo es la declaración del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, sobre las ayudas sociales a las que optan los magrebíes. ¿Cree que hay un delito de incitación al odio o contra la dignidad de la persona, como defiende SOS Racismo?

Lo veo difícil. Ante la denuncia lo que he hecho es abrir diligencias para comprobar las declaraciones, escuchar la versión que nos pueda dar el Ayuntamiento de Gasteiz y valorar jurídicamente.

¿No sería más conveniente llamar a declarar al alcalde en vez de pedir informes al consistorio?

Sería más directo, lo que pasa es que tiene una carga que le estigmatiza más al que viene a declarar. Son posibles delitos que surgen de una declaración, no de una actuación. No descarto escucharle a él en función de cómo vayan las diligencias.

Algunos creen que este tipo de polémicas basadas en declaraciones simplistas y poco reflexivas lo que consiguen es hacer la campaña electoral gratis a quienes las formulan.

Son unas diligencias que no he abierto de oficio, sino a raíz de la denuncia de SOS Racismo y Ongi Etorri. Hoy en día todo el tema judicial tiene un componente de proyección pública. Probablemente haya un interés por ambas partes de que se mantengan en el tiempo [la polémica]: SOS Racismo porque está en desacuerdo y Javier Maroto porque así mantiene en tensión la polémica sobre la inmigración y la Renta de Garantía de Ingresos. En este caso es un tema de mucho calado, un colectivo importante de ciudadanos: los magrebíes que viven en Euskadi y la RGI, un tema que preocupan y mucho a todos, a los que están en necesidad y a las instituciones, y que generan cierta polémica. De ahí a que haya un delito, ya veremos. Veremos si hay temeridad manifiesta, como dice el Código Penal, al emitir información que supongan una discriminación.

En el caso de las declaraciones de tinte xenófobo del alcalde de Sestao sí hay una causa abierta por posible prevaricación por no empadronar a varias familias de inmigrantes y por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos. ¿Cuál es la postura de la Fiscalía?

De momento, creemos que hay que investigar la denuncia de SOS Racismo, como en el tema de Maroto. Los posibles delitos son los de prevaricación por no empadronar a personas extranjeras y por las manifestaciones que hizo supuestamente discriminatorias. No hemos tomado una decisión sobre pedir el sobreseimiento o acusar. El fiscal de Barakaldo decidirá con libertad de criterio.

Su denuncia sobre la falta de medios contra la corrupción en un momento como este en el que cada día surge un nuevo escándalo sonó increíble. ¿Tras las buenas palabras de instituciones y gobiernos, tienen ya todo lo que necesitan para atajar esta lacra?

Nunca se tienen todos. Tendríamos que tener más medios, pero reconozco que son cuestiones complejas. Se va avanzando: se reforzó la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza, la Fiscalía General va a estudiar la petición del Parlamento vasco para crear el fiscal anticorrupción.

¿Usted apoya la creación de esa figura en Euskadi?

Sí, sí, me parece importante crear esa figura, aunque la puedan llevar entre varios fiscales. Tiene un valor simbólico de una figura especializada.

¿El hecho de que no exista y que los medios no sean aun los adecuados, puede que explique por qué Euskadi no está en los ránkings de comunidades más corruptas?

Es difícil hacer una comparación. En otras comunidades ha habido más casos, pero también es verdad que eso no puede ser el motivo para no crear la figura porque casos de corrupción hay y los ha habido y condenas y gente en prisión y los hay. Euskadi, por las características institucionales, igual merece tenerla, dado que recaudamos impuestos y tenemos muchas competencias. Ahí está el caso del delegado de Hacienda en Irún, que fue condenado.

Hay casos abiertos, como el ‘caso de Miguel’, que afecta de lleno al PNV alavés de la época en la que se cometieron los hechos investigados.

Está instruyéndose y veremos si cuando se termine la instrucción el fiscal deberá acusar.

La Fiscalía se ha opuesto de manera fundada a todas las peticiones de imputación realizadas por la familias Cabacas.

Hay un caso especialmente grave por la existencia de un muerto: Íñigo Cabacas. Tras las últimas declaraciones de hace más de dos meses, de nuevo parece que se ha entrado en un letargo.

En ese caso, lo que me informa la fiscal de Bilbao, que es la competente, es que no hay retrasos, está en trámite y todo está correcto y que será la juez la que tendrá que decidir si archiva o acusa. Me alegro que la acusación particular comparta que la juez está actuando correctamente en plazos, al menos es lo que ha dicho la abogada Jone Goirizelaia.

La acusación particular a quien acusa de “inacción” y “pasividad” es a la Fiscalía

Es legítima la crítica. Yo las instrucciones que he dado es que estén encima y están encima del proceso porque van a las declaraciones; lo que no puede es obligar a una fiscal a preguntar. Hay fiscales que son más explícitos que otros en sus expresiones, pero bueno…

Le recriminaban también que la Fiscalía se ha opuesto a todas las imputaciones pedidas por la familia de Cabacas

Pero se ha opuesto de manera fundada. Veremos ese tema como termina.

¿Cree que no hay ninguna responsabilidad? ni de los jefes policiales, ni de la Administración de manera subsidiaria.

No lo sé. Hasta que no termine la instrucción no se puede valorar. La Administración puede tener una responsabilidad civil, responsabilidad civil tiene que haber porque hay una muerte por un pelotazo de la Ertzaintza. De ahí a una responsabilidad penal, ya se verá.

¿Acusarán en su escrito a los ertzainas que han admitido haber disparado aquella noche?

No lo sé, no puedo contestarle.

La fiscalía lleva muchos años en sus memorias advirtiendo del aumento de la violencia filioparental, la machista y de la siniestralidad laboral.

Nos preocupan las tres porque tienen consecuencias gravísimas. Aunque en las estadísticas hay vaivenes, un solo caso ya es grave. Y el fiscal debe estar especialmente vigilante para este tipo de hechos.

¿Hay un fracaso institucional compartido por ese incremento?

No, al revés, diría que hay una mayor concienciación, sensibilidad social y exigencia de respuesta ante estos hechos que igual hace años no eran tan reprobables socialmente o no había esa repercusión pública.

¿Sigue pensando que Hasier Arraiz no ha cometido ningún delito con sus declaraciones sobre la izquierda abertzale? Dignidad y Justicia ha pedido su dimisión por esa posición, ¿cómo lo ha encajado?

Siempre que piden mi dimisión, y la han pedido tantas veces y desde sitios tan diferentes, yo reflexiono mucho porque una parte de la sociedad, en este caso las víctimas del terrorismo, está insatisfecha por mi actuación como fiscal. Y eso me preocupa, claro. Pero mantengo mi criterio de que en esas declaraciones no hubo delito de enaltecimiento del terrorismo. ¿Judicialización de la política? Pues sí y no. Es una polémica de trasfondo político, hay una cierta judicialización, pero es el legislador el que ha introducido esos tipos penales.

¿Debe el Gobierno flexibilizar la política penitenciaria con los presos de ETA para acelerar la disolución de la organización terrorista?

Probablemente sí. Hay que adaptar la política penitenciaria a la situación actual. Pero eso es una decisión política que tendrá que tomar el Gobierno. Luego hay sin duda un control judicial, pero hay una iniciativa de Instituciones Penitenciarias que quizás fuera necesaria.

El colectivo de presos etarras anunció en diciembre que aceptaba la legalidad penitenciaria, pero por el momento solo ha reclamado el traslado a prisiones vascas. Otros han pedido perdón y han reconocido el daño causado.

Yo valoro mucho a las víctimas del terrorismo y su dolor. Los presos tendrían que dar pasos significativos y ETA tiene que disolverse ya, aunque no están por la labor. Hay un paró en esta situación.

El debate soberanista en Cataluña está subiendo de tono: el Gobierno central da por hecho que el Constitucional prohibirá la consulta y ERC llama a la desobediencia civil.

De momento no se ha hecho nada ilegal en Cataluña. Hay una Constitución, hay un Estatuto y unas leyes y un poder judicial que está obligado a hacer cumplir la ley.

¿Usted ve inviable que saquen las urnas a la calle, que se haga la consulta?

Una consulta sin convocatoria legal sería un fraude o una ficción. ¿Quién votaría? ¿Qué valor tendría? Estamos en un Estado de derecho y las normas hay que cumplirlas. Quien tiene competencia exclusiva para convocar un referéndum es el Gobierno central. Y es una materia que, además, no puede ser sometida a referéndum solo en una parte del territorio, porque afecta a la soberanía nacional. La Constitución habla de la soberanía del pueblo español. Cualquier modificación que afecte a la forma de Estado, a la separación de una parte de España, todo eso requiere un referéndum nacional, no de una comunidad. Eso está en la ley.

Ninguna ley de consultas de un parlamento autonómico lo puede cambiar.

En absoluto, es muy claro. En el caso de Ibarretxe quedó también claro y por unanimidad del Tribunal Constitucional: la soberanía es de todo el pueblo español.

¿Ha habido impunidad en el caso de la querella argentina en relación con el capitán Muñecas y el policía Billy el Niño?

Tenemos un informe de Naciones Unidas que pide que hagamos una interpretación distinta de la Ley de Amnistía. Se puede hacer una interpretación que favorezca la persecución de este tipo de delitos para evitar esa sensación de impunidad. Discrepábamos en la Asociación de Fiscales Progresistas con la postura de la fiscalía de la Audiencia Nacional porque entendíamos que eran delitos contra la humanidad, que no prescribirían, y que la Ley de Amnistía no les podría cubrir. Todo lo que sea abrir vías para investigar este tipo de hechos me parece bien.

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