“Si no reformamos las leyes procesales, es muy difícil que el corrupto se sienta intimidado”

Inés Olaizola Nogales, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra y autora del libro 'La financiación ilegal de los partidos políticos: Un foco de corrupción', reconoce, no sin cierta resignación, que casi ningún partido político se salva de la corrupción. Olaizola ha recordado la Gürtel y a Luis Bárcenas del PP, el caso Filesa del PSOE, el 3% de Convergència o el viejo escándalo de las tragaperras del PNV para evidenciar esa amarga realidad pero no se ha detenido a citar las organizaciones que quedan libres de 'pecado'. Después de compartir la desalentadora conclusión en la charla sobre corrupción política ofrecida en Vitoria-Gasteiz de la mano de Adi Elkartea, ha querido dejar entreabierta una puerta a la esperanza.

Ha revelado que confía en un cambio porque “algo se está moviendo”. A su juicio, además de las reformas que se toman a nivel político, administrativo y judicial para atajar la corrupción, la sociedad está empezando a organizarse para, en la medida de sus posibilidades, contribuir a erradicar estas prácticas. Olaizola considera que en España, debido a la democracia tardía, la indignación ciudadana no se materializa en reclamación planificada. “Gritamos pero no reclamamos, no tenemos cultura de rendición de cuentas”.

Pero las reacciones meramente callejeras están mutando. Según la catedrática surgen cada vez más grupos, movimientos, plataformas que toman la iniciativa, vigilan, señalan al infractor y denuncian. Y en la medida en que esto suceda, no está todo perdido para la autora.

Olaizola entiende que esta respuesta ciudadana debería ir acompañada de un mayor acercamiento de los electores a los partidos políticos, “herramientas absolutamente necesarias en democracia pese a todos sus defectos”. El desapego hacia estas organizaciones es un problema. “Somos el país de Europa con menor número de afiliados. Esto, aparte de demostrar la separación entre los ciudadanos y los partidos, disminuye una fuente de financiación vital, la más sana a juicio de Olaizola. ”Si los partidos no están sustentados económicamente por los propios ciudadanos, los partidos se separan de los intereses de los ciudadanos. Y además no tendrán que rendir cuentas a la ciudadanía porque no les financia. Esto debe ser objeto de reflexión“, ha resaltado.

Las fundaciones, pasarelas de dinero a los partidos

De hecho, Olaizola sitúa este punto entre las causas de la financiación ilegal de los partidos. El escaso número de afilados, junto con el “desmesurado” nivel de gasto de los partidos, la falta de transparencia y la enorme jerarquización de las formaciones, son el caldo de cultivo perfecto para la entrada de financiación ilegal. “Los propios cargos públicos están sometidos al aparato de los partidos. Esta presión se mitigaría con el sistema de lista abiertas”.

Para facilitar la transparencia Olaizola propone que se adopten fórmulas ya utilizadas y con éxito en otros países, como otorgar subvenciones públicas en la medida en que las formaciones difundan las aportaciones privadas recibidas. De esta manera, la ciudadanía conoce qué empresas apoyan a qué partidos. “Se debería seguir el ejemplo alemán o el italiano, que por cada 50 céntimos llegados de empresas que hacen públicos, reciben la misma cantidad de subvención. Así, con ese incentivo, está garantizada la transparencia y al mismo tiempo la financiación”.

Olaizola también se he referido a las “tentaciones” a las que están sometidos los cargos públicos y la discrecionalidad y ausencia de controles en algunos ámbitos de la actividad administrativa, especialmente en el ámbito de la contratación pública. En este sentido aconseja rearmar y reforzar la Administración, porque los sobornos, junto a la arbitrariedad de determinadas leyes urbanísticas, han facilitado los delitos de cohecho.

El remate de esta situación es que aunque en teoría, no existe impunidad ante estas conductas delictivas, la excesiva prolongación en el tiempo las instrucciones de los procesos, juegan en contra. “Si no reformamos la leyes procesales, es muy difícil que la persona que va a ser corrupta se sienta intimidada. Con la última reforma, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la gran medida estrella, la más aplaudida, fue la duración limitada de los procesos, no más de 18 meses, y si no, se cierran. Pero en la práctica, esto no es cierto. Además nadie ha dado más medios a los juzgados, ni más jueces, ni más funcionarios, ni más técnicos de hacienda...para hacer esto posible. Desde determinados sectores penalistas nos tememos que, esta medida de que los procesos no van a poder durar más de cierto tiempo, es una forma de conseguir la impunidad de determinados procesos que no son precisamente los abiertos por los hurtos. Los procesos que duran son los grandes procesos económicos, Bankia, o procesos de corrupción, caso Bárcenas, caso Noos...”

Finalmente Olaizola ha puesto el foco y sospecha en las fundaciones de los partidos. Faes, Ideas, Sabino Arana actúan con libertad a la hora de recibir dinero de empresas. Los límites de financiación se ponen por Ley a los partidos políticos pero no a las fundaciones vinculadas a cada sigla, “cuando son una pasarela de dinero a los partidos y no tienen obligación de publicar sus cuentas”.