Las políticas de vivienda dispondrán en 2018 de 327,5 millones, un 62% para políticas de alquiler en Euskadi

Las políticas de vivienda del presupuesto del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco para 2018 dispondrán de 327,5 millones de euros, si se suman al programa del Departamento (126,9 millones) los presupuestos de las sociedades públicas Alokabide (77,8 millones) y Visesa (122,7 millones).

Según ha explicado el consejero Iñaki Arriola en su comparecencia esta tarde ante el Parlamento vasco, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda que dirige va a disponer en 2018 de un presupuesto de 205,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2% sobre el gasto disponible en 2017. Se trata del Departamento que más crece en términos porcentuales.

De la cifra total para políticas de vivienda, el 62% es gasto directamente imputable a políticas de alquiler y el 26% será para políticas de rehabilitación urbana. Descontando este último, el 84% del gasto directo del programa de vivienda se asigna a políticas de alquiler: es decir, por encima de los términos fijados en la Ley de Vivienda.

Concretamente, el 81% de la iniciativa de los entes públicos de vivienda se destinan al alquiler. El programa de Vivienda se centra en tres objetivos. El primero, desarrollar reglamentariamente la Ley de Vivienda y garantizar el Derecho Subjetivo a la Vivienda.

Para satisfacer este derecho, en 2018 se adjudicarán viviendas en alquiler mediante la rotación del parque público gestionado por Alokabide, las nuevas captaciones de Bizigune, la adjudicación de nuevas viviendas sociales y alojamientos dotacionales, y el pago de prestaciones económicas de vivienda (PEV). Se estima en 2.500 el número de hogares que tendrán reconocido el DSV al cierre del ejercicio. La partida destinada a cubrir esas prestaciones económicas se ha dotado con una partida ampliable de 2 millones de euros.

VIVIENDAS DESHABITADAS

El segundo objetivo del Departamento es el impulso del alquiler, a través de la nueva edificación, la captación de viviendas deshabitadas y las ayudas directas al pago del alquiler. El objetivo para 2018 es alcanzar las 5.400 viviendas captadas por el programa Bizigune (la partida sube un 8%, hasta los 26 millones, y la renta máxima a abonar a los propietarios sube a 600 euros desde los 525 actuales) y otras 400 viviendas a través del programa ASAP.

Por último, la Consejería pretende impulsar la rehabilitación del parque residencial. El próximo año casi uno de cada tres euros de gasto en vivienda se destinarán a políticas de rehabilitación urbana. Con ellas se pretende renovar el “envejecido parque de vivienda, mejorando la accesibilidad, sus condiciones de energéticas y de habitabilidad, y favoreciendo la integración social de las personas que viven en los barrios más degradados”, ha indicado Arriola.

Además, se va a reforzar el impulso a las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITEs), dando apoyo a los ayuntamientos en esta tarea, realizando un “mayor esfuerzo” en materia de accesibilidad. Así, el Plan Renove Rehabilitación concentrará todas las actuaciones en accesibilidad y rehabilitación urbana, con el objetivo de incidir, con efectos multiplicadores, en la actividad económica del sector y en el mantenimiento y creación de empleo vinculado a este nuevo nicho de mercado.

En 2018 se contará con 21 millones de euros para ayudar a propietarios y comunidades de vecinos en la rehabilitación de 15.000 viviendas. Para la mejora específica de la eficiencia energética de grupos de edificios se recogen 6,4 millones de euros, con el objetivo de alcanzar 1.322 viviendas.

Otros 6,4 millones de euros irán destinados a financiar 140 nuevos proyectos que desarrollen los ayuntamientos en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en espacios urbanos. Sestao Berri recibirá 1,9 millones euros para actuaciones de regeneración en Sestao, mientras Visesa contará con 5,9 millones de euros en gastos comprometidos hasta 2019, para la rehabilitación integral del barrio de Coronación de Vitoria.

MEDIO AMBIENTE

El presupuesto del área medioambiental, que se eleva a 64,9 millones, se articula en torno a los seis objetivos estratégicos fijados para este ejercicio. El primero es la Protección del Patrimonio Natural (patrimonio natural, reserva de Urdaibai, restauración de la bahía de Txingudi, restauraciones ambientales, ZEC-Red Natura 2000, proyectos de investigación, custodia del territorio, geodiversidad) con un presupuesto de 4,4 millones de euros de la Dirección de Patrimonio Natural y 130.000 euros de Ihobe.

El segundo objetivo es la Economía baja en carbono y eficiente en recursos. Las actuaciones en economía circular, gestión de residuos y cambio climático cuentan con un presupuesto de casi 2 millones de euros (400.000 euros de la Dirección de Patrimonio Natural y 1,5 millones de Ihobe).

El Medio ambiente saludable y la calidad ambiental, que cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de euros (2.682.950 euros desde la Dirección de Administración Ambiental y 1.217.189 euros desde Ihobe), incluye la red de calidad del aire, la regeneración de áreas degradadas, bien por suelos contaminados o ruinas industriales, y el apoyo a las tareas de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Sostenibilidad del Territorio está dotada con un presupuesto de 2,08 millones de euros, la Integración ambiental y la Educación ambiental cuentan con casi 4 millones (1.978.617 euros de la Dirección de Patrimonio Natural y 1.900.010 de Ihobe) y la Integración ambiental y Mejora de la administración ambiental dispondrán de 1,7 millones.

AGENCIA VASCA DEL AGUA

Por su parte, la Agencia Vasca del Agua-URA cuenta con un presupuesto de 42,8 millones de euros, de los que el 37,4 millones son ingresos provenientes de la aportación que realiza el Departamento. También se cuenta con 4,6 millones de ingresos propios y de 750.000 euros de otras subvenciones.

Sus principales actuaciones en 2018 van a consistir en obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones, proyectos de mantenimiento y reparación de cauces, mejora del sistema de prevención de inundaciones, e intervenciones en materia de captación de aguas residuales y saneamiento.

También llevarán a cabo actuaciones inversoras para otros entes (fundamentalmente consorcios, ayuntamientos y otras entidades), en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas por valor de 12,9 millones de euros.

Al programa de Ordenación del Territorio y Urbanismo se asigna un presupuesto de 7,9 millones de euros. Sus actuaciones se centran en tres ejes: Planificación territorial, con una dotación de 1,4 millones al servicio de la apuesta por un territorio equilibrado, cohesionado y sostenible y la puesta en valor del paisaje; El urbanismo y la regeneración urbana, con un presupuesto de 5 millones; y La información geográfica territorial, que cuenta con 800.000 euros.