Los presidentes de todos los tribunales superiores exigen “más plantilla” al ministro Catalá
Más plantilla en los juzgados y a corto plazo. Esta es una de las exigencias consensuadas por todos los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de España, algo que consideran indispensable para poder implantar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno del PP. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha escuchado de boca del presidente del alto tribunal vasco, Juan Luis Ibarra, esta reclamación, incluida en el documento de conclusiones que se le ha entregado al ministro en la sesión de clausura de las jornadas celebradas en Bilbao.
Los 17 presidentes de los altos tribunales han hecho públicas las conclusiones de su reunión, en las que acogen “positivamente” la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entrará en vigor el próximo 6 de diciembre al considerar que “garantiza el ejercicio del derecho a la doble instancia reconocido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a toda persona declarada culpable en un proceso penal”. Era la de cal que ha recibido el ministro.
Pero también señalan que la plantilla actual de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia “no permite, con carácter general, la debida implantación de la reforma” y estiman necesario “un inmediato aumento” de la planta judicial. La misma conclusión han alcanzado sobre la unificación de la casación en materia de Derecho Autonómico ante los tribunales superiores: la valoran “de forma positiva”, pero consideran que no se acomoda “a las previsiones actuales de la planta judicial de las Salas de lo Contencioso-Administrativo”. Fue la de arena.
100 nuevas plazas
Además, los 17 presidentes de los altos tribunales de justicia españoles afirman compartir la necesidad de acortar la duración media actual de la fase de instrucción penal, pero manifiestan su “inquietud” porque ese objetivo “se quiera alcanzar mediante la simple fijación legal de límites temporales a dicha instrucción”, sin que vaya acompañada de la dotación de medios humanos y materiales “necesarios para garantizar la respuesta judicial efectiva y en plazos razonables”.
El ministro ha tomado la palabra para reconocer que la reforma aprobada es “parcial”, aunque la ha puesto en valor calificándola de “ambiciosa y de altísima calidad”. Y se ha mostrado de acuerdo con los presidentes al apuntar que la agilización de la justicia no se va a conseguir solo “por la vía de acortar” el proceso de instrucción. Al menos, no solo actuando como hace la reforma en la fase de instrucción. “No hemos aprobado una reforma integral”, ha admitido.
Y también se ha mostrado receptivo a las necesidades de nueva planta judicial y de más medios tecnológicos y humanos, al tiempo que ha recordado que los Presupuestos Generales para 2016 incluyen una dotación de 100 nuevas plazas.
