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La presión popular paraliza un desahucio por una deuda de 5.400 euros

Una protesta de Stop Desahucios Gipuzkoa.

Eduardo Azumendi

Elisabet Ibarra, una donostiarra de 39 años, separada y con una hija de siete años a su cargo, ha logrado salvar su piso. Al menos de momento. La presión popular ha conseguido suspender la subasta de su piso hipotecado, prevista para el próximo día 18. El banco acreedor se ha comprometido a darle dos meses de plazo para negociar un acuerdo sobre una deuda inicial de 5.400 euros. Según los portavoces de Stop Desahucios Gipuzkoa, el caso de Elisabet es “otro ejemplo de cómo una subasta puede paralizarse gracias a la presión ciudadana” y, también, “a la intermediación” de los alcaldes de las fuerzas políticas que firmaron el manifiesto de la plataforma de mantener “libre de desahucios” sus municipios.

Según la afectada, el director del Banco Popular en el País Vasco se ha comprometido “verbalmente” a detener el procedimiento judicial iniciado en noviembre pasado, cuando Targobank presentó demanda de ejecución hipotecaria, al ser esta entidad filial del Banco Popular y compradora de dos sucursales en San Sebastián, una de ellas, la de la mujer denunciada, ubicada en el barrio de Amara de San Sebastián.

El alivio moméntaneo de Elisabet le permite ganar tiempo en busca de una solución más a largo plazo. Elisabet compró el piso en el barrio de Amara a principios de 2008. “He pagado todas las cuotas durante los más de siete años transcurridos, aunque en los últimos meses con algunos retrasos, debido a las dificultades económicas que atraviesa el bar que regento”, ha explicado. .

Los “problemas” con el banco tienen su origen, según ella, en la demanda que presentó contra la entidad en junio del año pasado por una “cláusula suelo abusiva”. “No sé si como represalia, pero a partir de ahí las cosas con el director de mi sucursal cambiaron”, ha añadido. Y en las cuotas de la hipoteca de julio, agosto y septiembre pasados acumuló una deuda de 5.400 euros, lo que llevó al banco a dar por resuelto el contrato y reclamarle la totalidad del préstamo.

Pero durante el mismo mes septiembre y “gracias al apoyo de familiares”, pudo ingresar la cantidad adeudada por las cuotas atrasadas. Sin embargo, Targobank “decidió dedicar ese dinero a otros pagos, como a abonar los intereses abusivos y otros gastos de demora”, ha puntualizado la portavoz de Stop Desahucios.

Así, el banco le informó de la resolución del contrato y formalizó la demanda judicial el 10 de noviembre. “Solo dejé de pagar 5.400 euros de las cuotas de tres meses, pero los aboné al final del trimestre y después seguí pagando las cuotas hasta final de 2014”.

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