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Análisis

La Tierra Prometida para los presos de ETA no está en Estrasburgo

El revés judicial para acabar con la dispersión en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sitúa el dilema donde siempre ha estado: en la decisión individual de los presos sobre el reconocimiento del daño causado y la aceptación de la legalidad

Amnistía Internacional denuncia la política de dispersión de presos de ETA.

Manifestación contra la dispersión de presos de ETA.

ETA dejó de matar hace más de cinco años, pero aún mantiene abierto un frente en el que sigue cosechando reveses: el carcelario. Un frente del que dependen los 342 presos que aún tiene la organización terrorista en prisiones españolas y francesas principalmente.  Esta semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha echado por tierra las pretensiones de los reclusos etarras de que sea la justicia la que acabe con la dispersión que sufren desde los años 80.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la queja presentada en 2013 por tres reclusos de la organización terrorista  -entre ellos el exjefe militar de ETA Alejandro Zobaran-, que habían alegado estar a más de 800 kilómetros del domicilio familiar al estar recluidos en la prisión de Lyon-Corbas (Francia). Básicamente, los jueces que velan por el cumplimiento de la Convenio para la protección de los Derechos Humanos por parte de los Estados europeos firmantes consideran que ese alejamiento de sus domicilios no constituyen una "injerencia en el derecho al respeto de su vida familiar", reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Aunque el Tribunal de Estrasburgo siempre resuelve sobre casos concretos, la estrategia de los abogados de los reclusos de ETA era inundar el tribunal con más de 200 demandas con el objetivo de que la Corte europea acabara con una política penitenciaria que el Gobierno del PP y su nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, han reiterado que mantendrán mientras ETA no se disuelva y desaparezca definitivamente. De alguna manera, los letrados pretendían repetir el éxito cosechado contra la doctrina Parot, cuando Estrasburgo obligó a España a excarcelar a más de 80 presos -más de 50 de ETA- a los que se les había alargado de manera irregular desde febrero de 2006 la estancia en prisión.

El varapalo para esa estrategia que fiaba el fin de la dispersión a lo que pudiera resolver el Tribunal de Estrasburgo es importante ya que los recursos se basan precisamente en la conculcación del derecho a la vida familiar. Es cierto que el equipo de letrados al mando, con la abogada Amaia Izko como máximo referente, plantean otras cuestiones en sus demandas, como que no hay acomodo en la legislación española para esa política penitenciaria o que su "aplicación para la lucha contra ETA ya no se sostiene". Una política de alejamiento que esta misma semana Amnistía Internacional ha pedido que fuera revisada para "siempre que sea posible e individualmente lo soliciten", los presos "puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo".

El itinerario para que los presos de ETA salgan de la cárcel es claro: cortar con los terroristas, pedir perdón a las víctimas, aceptar la legislación penitenciaria y colaborar con la justicia.

El revés judicial, además, ha coincidido en el tiempo con otra resolución que incide directamente en el debate que están teniendo los presos de ETA en las cárceles en relación a la aceptación de la legalidad penitenciaria y el reconocimiento del daño causado. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, ha autorizado la salida de prisión de la etarra Sara Majarenas para que viva con su hija en una fundación. De esta manera ambas recibirán "el apoyo y afecto que necesitan madre e hija para solventar las dificultades que derivarían de una separación".

Sin duda la movilización ciudadana puesta en marcha desde que se produjo el intento de asesinato de la niña por parte del padre ha ayudado a la resolución favorable de este caso. Pero, una vez más, la clave ha estado en el comportamiento individual de la presa. Majarenas había remitido un escrito al juez Castro el 6 de febrero pasado en el que abjuraba de ETA. "Yo, Sara Majarenas Ibarreta, reconozco el el daño causado por la organización ETA y, ante esta institución y públicamente si fuera necesario, me comprometo a no utilizar las vías violentas, sino únicamente vías pacíficas. (...) Me comprometo a trabajar por la reparación de toda clase de víctimas y a sanar las heridas causadas por cualquier tipo de violencia. También la de ETA".

Izko (Sortu) dice que el Estado español se ve "obligado" por Europa a "deshacer" la legislación "de excepción"

La abogada Amaia Izko junto al exdirigente de Sortu, Pernando Barrena.

El itinerario para que los presos de ETA salgan de la cárcel es claro: cortar con los terroristas, pedir perdón a las víctimas, aceptar la legislación penitenciaria y colaborar con la justicia. No es el primer caso en el que un alejamiento de la estrategia violenta de un preso de ETA tiene una repercusión directa en su situación penitenciaria. El etarra arrepentido Asier Arronategi obtuvo la libertad el 27 de junio de 2014. Su itinerario para salir de prisión estuvo marcado por su voluntad inequívoca de cortar con la organización terrorista, su disposición a colaborar activamente con las autoridades en lo que sea requerido y su petición de perdón a las víctimas. Lo dejó negro sobre blanco ante notario, como Majarenas ha hecho ahora en el escrito remitido al tribunal que tenía que decidir sobre una situación de justicia: que madre e hija estuvieran juntas. La clave está dentro de las prisiones y en las decisiones individuales que cada preso adopte dentro de lo que marca la legalidad penitenciaria.

Por eso es fundamental que el debate en las cárceles llegue a buen término -y ahí el trabajo de pedagogía interna iniciado por dirigentes con galones como Rufi Etxeberria sigue siendo fundamental- y que se flexibilice la política penitenciaria con el objetivo de impulsar este itinerario individual para los presos de ETA que apuestan por una vida alejada de la violencia.

Plantear que la solución en materia penitenciaria está en un tribunal situado en una imaginaria Tierra Prometida (הארץ המובטחת) -por muy legítimo que sea el planteamiento judicialmente hablando- previsiblemente retrasará la solución para un colectivo que, pese a mantener una unidad incontestable, hace tiempo que ha dado muestras de agotamiento interno.

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