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Los Presupuestos dan cobertura legal a la subida de 3.300 euros a los mandos de la Ertzaintza

El articulado de las Cuentas, que limita al 1% la mejora salarial de los funcionarios, abre la puerta a la creación de un "complemento de jefatura" en la Policía vasca que compense la crisis interna por la regularización del IRPF de las dietas

Beltrán de Heredia llama a la tranquilidad ante detenciones yihadistas porque no iba a haber "una actuación inminente"

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia

La ley de Presupuestos de 2017 incorpora una disposición específica que da cobertura legal a la subida salarial para los mandos de la Ertzaintza a través de un nuevo “complemento de jefatura”, que según las últimas previsiones (que podrían sufrir aún modificaciones) estaba dotado con 3.336 euros anuales, más allá del 1% decidido como subida salarial para todos los funcionarios autonómicos. Así lo ha confirmado este martes el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, en la presentación del articulado de las cuentas en el Parlamento, que hasta el jueves acoge las comparecencias de todos los consejeros del Gobierno para que detallen partida a partida el proyecto ya conocido la pasada semana.

La norma, en una de sus disposiciones adicionales, plantea la “adecuación de las indemnizaciones por razón del servicio y las retribuciones complementarias del personal de la Ertzaintza”. Se persigue buscar una salida legal para la polémica por el pago de dietas de locomoción y manutención, cobradas principalmente por la cadena de mando del cuerpo. Este caso ha sacudido a la Policía vasca y se halla en los juzgados y en el Tribunal de Cuentas del Estado tras una denuncia del sindicato Sipe, que entendió que eran sobresueldos opacos a Hacienda, extremo que rechazan los afectados.

El pasado año, el Departamento de Seguridad acordó con las tres Haciendas vascas regularizar las cantidades de IRPF no abonadas durante los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 correspondientes a esas dietas, cifra que ascendió a 1,57 millones de euros. Ahora, ese dinero se ha “individualizado” y se ha exigido a los perceptores de esas dietas que paguen de su bolsillo ese dinero. Las facturas ascienden a varios miles de euros en algunos casos.

Como publicó eldiarionorte.es, el enfado entre los ertzainas con más galones es muy grande y la situación interna es de alto voltaje. Organizados en una plataforma, han acordado adoptar medidas de presión contra la consejera, Estefanía Beltrán de Heredia, que podrían acabar en una dimisión generalizada. Entienden que el grueso de las facturas ahora sujetas a tributación son gastos y no retribuciones salariales, por lo que no deberían repercutir en el IRPF.

Para resolver el entuerto, Seguridad planteó modificar por decreto el convenio de la Ertzaintza y la normativa reguladora de indemnizaciones por razón de servicio o dietas. El borrador de ese reglamento ya está listo y plantea un nuevo “complemento de jefatura” para la escala de mando de la Policía, calculado inicialmente en 3.336 euros anuales. Ahora, el Gobierno da cobertura legal a esta subida salarial con el artículo incorporado en los presupuestos: “La normativa en materia de retribuciones de los funcionarios de la Ertzaintza podrá prever que el complemento específico incorpore un componente para la específica consideración de las funciones de jefatura especial inherentes a los puestos de trabajo de carácter directivo reservados a las categorías profesionales incluidas en la escala superior y ejecutiva”.

Fuentes del equipo de Beltrán de Heredia indican que la modificación de las dietas y retribuciones está “en tramitación” y que la decisión de reforzarla en las Cuentas le dota de mayor seguridad jurídica. El texto concreto aún está sujeto a modificaciones, añaden. El Gobierno matiza, en todo caso, que esta subida no deberá exceder el presupuesto global de gastos de personal de la Ertzaintza previsto para 2017.

El salario de los funcionarios sube un 1%

En la misma comparecencia parlamentaria de Azpiazu, la oposición de izquierdas de la Cámara, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, han criticado la decisión del Gobierno de limitar la subida salarial para el conjunto de los 70.000 funcionarios autonómicos al 1% cuando el IPC ha crecido un 1,5%. “Los trabajadores de nuestro país siguen perdiendo poder adquisitivo. El Gobierno no apuesta por los trabajadores del sector público vasco”, ha denunciado Julen Bolláin, de Elkarrekin Podemos.

El consejero Azpiazu ha explicado que, en materia de personal, Euskadi se mueve en el marco que fijan los presupuestos generales del Estado. En previsión de que las cuentas de Mariano Rajoy recojan una subida del 1%, como en 2016, los presupuestos vascos recogen esa posibilidad que sólo será efectiva cuando estén aprobados los generales, cuya tramitación se está retrasando. De manera transitoria, se creará un “complemento” salarial de una cuantía equivalente para que la mejora económica sea efectiva desde el minuto uno a que el Parlamento Vasco dé luz verde a las cuentas autonómicas.

Cambios en Vivienda en los presupuestos

Azpiazu ha enumerado también otras disposiciones incorporadas a los presupuestos vinculadas con las políticas de Vivienda. El consejero ha subrayado que “como el año pasado” el articulado prevé la desaparición de la prestación para el alquiler vinculada a la renta de garantía de ingresos (PCV) cuando quede regulada por decreto la nueva ayuda asociada a la Ley de Vivienda (PEV). La oposición no ha preguntado por el entuerto legal que supone este cambio, que dejará a fuera a un número importante de beneficiarios potenciales, principalmente extranjeros.

También ha recordado que los presupuestos contemplan una mejora de las cuantías de la renta de garantía de ingresos (RGI) en un 1,5%, el equivalente del IPC de 2016. Se rompe así con la vinculación de estas prestaciones con el salario mínimo interprofesional, que este año ha crecido un 8%, como han recordado EH Bildu, Elkarrekin Podemos e incluso el PP. Azpiazu ha explicado que esta decisión se adopta “sin perjuicio de que este Parlamento proceda a la revisión de la normativa” reguladora de las ayudas sociales. El calendario legislativo del Gobierno, presentado el pasado domingo y aprobado este martes, contempla efectivamente una reforma legislativa en los próximos años.

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