De Miguel pide la nulidad de la investigación de su supuesta trama de corrupción
Alfredo de Miguel, exnúmero dos del PNV en Álava, exdiputado foral y principal acusado de la presunta trama de corrupción en la que están encausadas otras 25 personas, la mayoría vinculadas o pertenecientes a la formación jeltzale en la época de los hechos, ha pedido la nulidad de los cinco años de investigación de la supuesta trama de corrupción realizada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria.
La defensa de De Miguel considera que ésta se ha realizado de forma “indiscriminada” para buscar “hechos sobre los que realizar 'a posteriori' una imputación”, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El letrado Gonzalo Susaeta ha presentado este miércoles recurso contra el auto del juez Roberto Ramos, hecho público el pasado 10 de marzo, en el que decidió encausar a 26 personas y que abría la vía para la apertura del juicio oral en torno al llamado 'caso De Miguel', destapado en 2010, y cuya trama estaría dirigida a la obtención de contratos públicos de forma “irregular” y al cobro de comisiones presuntamente ilegales.
El magistrado apreció indicios de presunta comisión de delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público y/o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
En su recurso, Susaeta pide la nulidad de todas las actuaciones al considerar que se ha producido “una investigación indiscriminada” para buscar “hechos sobre los que realizar 'a posteriori' una imputación”, en lugar de comprobar los datos que denunció la Fiscalía al considerar que había indicios de corrupción.
Vulneración de derechos
A su juicio, durante la investigación, se han vulnerado los derechos de su defendido a la tutela judicial efectiva, a ser informado de la acusación, a la defensa y a la práctica de la prueba pertinente y a un proceso sin dilaciones indebidas.
El abogado asegura que no se puede hacer una investigación global sobre la actividad de Alfredo de Miguel para, después, atribuirle unos hechos delictivos. Además, denuncia que no se comunicara, de manera inmediata a los imputados, de los delitos de los que se les acusaba.
En su escrito subraya que, en un principio, se ordenó investigar a la empresa Kataia Consulting, supuesta matriz del entramado societario, para, finalmente, investigar hasta a 25 sociedades. Asimismo, asegura que la Ertzaintza realizó una investigación “paralela” a la emprendida por los tribunales que excedió lo autorizado por el juez.
