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Los profesores presionan ahora al Gobierno vasco en busca de una solución

Eduardo Azumendi

Vitoria-Gasteiz —

Los profesores de la escuela concertada han vuelto a realizar una demostración de fuerza con la movilización de miles de docentes en demanda de un convenio propio para el sector y la retirada del convenio estatal, que en la actualidad les aplica la patronal. La segunda jornada consecutiva de huelga se ha saldado con una movilización masiva (un 80% de seguimiento según los sindicatos) que ha culminado con una concentración frente al Parlamento. Los sindicatos convocantes, ELA, CC.OO, STEE-EILAS, LAB y UGT, han querido escenificar así la “responsabilidad” que tiene el Gobierno vasco en todo el conflicto, al que consideran “el origen y la solución” del conflicto. Por eso, ahora han decidido redoblar la presión sobre el Departamento de Educación en busca de una mediación que termine con el conflicto que les enfrenta con la patronal.

Kristau Eskola (que cuenta con 137 centros de mayoría religiosa) ha mostrado su disposición a no aplicar el convenio estatal a sus 12.000 docentes si éstos se avienen a negociar los atrasos de salarios que les debe. Esta deuda, que se arrastra desde 2010 (el Gobierno vasco recortó la financiación a la concertada por el decreto del Gobierno central que obligaba a rebajar el sueldo de los funcionarios), supera los 20 millones de euros. Si no hay acuerdo, Kristau Eskola seguirá adelante con la presentación del recurso a la sentencia que da la razón a los docentes y rechaza la aplicación en Euskadi del convenio estatal del sector.

Los sindicatos recordaron que “desde el inicio del conflicto nuestras peticiones han sido muy simples y muy básicas: que las patronales cumplan el convenio roto de manera unilateral y nos devuelvan lo quitado”. En la manifestación, que ha partido desde la sede del Ejecutivo, los docentes han denunciado los recortes “impuestos” por el Gobierno vasco y la decisión de las patronales de “trasladarlos” a los trabajadores. “Son los responsables del conflicto”.

Así, han exigido al Gobierno autonómico y al Parlamento que “dejen de lado las políticas de recorte” y apuesten “verdaderamente” por los servicios básicos y la educación “y aumente su inversión”. Al mismo tiempo, han instado a las patronales a que retomen la negociación para la renovación del convenio “sin ningún planteamiento de recorte” y que se garantice su cumplimiento en cada centro, así como su validez hasta la firma del siguiente.Amenazas

“Primero”, han añadido, “incumplen el convenio de manera unilateral y nos imponen los recortes, seguido recurren la decisión del Tribunal Superior de Justicia, a los 6 meses de la sentencia del Tribunal Supremo acuerdan el pago de la deuda, a la semana se aprovechan de la reforma laboral del PP para abandonar el convenio de Comunidad Autónoma y aplicar el estatal, y, ahora, en lugar de aplicar nuestro convenio, tal y como dice la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, dicen que van a recurrir la sentencia”.

Sobre las “amenazas” por parte de la patronal de que un centenar de centros podría quebrar si se pagan los atrasos, los sindicatos han asegurado que “ocultan el verdadero problema y la salida de fondo del conflicto, con el fin de seguir trasladando los recortes a las trabajadores”. “La viabilidad de los centros o de los puestos de trabajo no se pone en riesgo con nuestras reivindicaciones o por la condiciones laborales, sino por financiación insuficiente, falta de matriculación o por la mala gestión de los centros”.

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