La mitad de los pisos protegidos terminados en 2018 se localizan en Madrid y País Vasco

En un momento en el que los jóvenes con menos de 30 años apneas tienen posibilidades de emancipación debido a la carestía de los pisos y la precariedad del mercado laboral, las miradas se vuelven hacia la vivienda de protección oficial (VPO) en busca de soluciones. Pero, por el momento no parece que ahí vaya a estar la solución. La crisis ha pasado una enorme factura a la construcción de vivienda protegida en España. Incluso una comunidad como Euskadi, vanguardia en las políticas de VPO, a duras penas consigue cumplir con sus objetivos.

La vivienda protegida ha sufrido una caída en picado en la última década, pasando de las 68.587 viviendas terminadas en 2008 a las poco más de 5.100 de 2018, es decir, una brecha del 92% menos. Mientras en el mismo espacio de tiempo, la vivienda libre creció un 20%.

Son datos del Observatorio Vasco de Vivienda (dependiente del Gobierno vasco), que aprecia una ligera recuperación de la vivienda protegida en España en 2018 con relación a 2017. Pero hay que tener en cuenta que se viene de mínimos históricos: frente a las 4.938 viviendas entregadas en 2017, el año pasado se terminaron 5.167.

Lo sorprendente es que de esas 5.167 viviendas protegidas terminadas en 2018, la mitad se localizan entre Madrid y País Vasco, con 2.418 y 859 respectivamente. Hay que tener en cuenta, que Madrid tiene tipologías muy laxas de protección y casi cuatro veces más población. Comunidades con varias veces la población vasca como Andalucía, Catalunya y Comunitat Valenciana están por debajo de Euskadi. En 2017 sólo se terminaron en el País Vasco 385 pisos, por lo que los 859 de 2018 supone un incremento del 123 %. Y en cuanto a las viviendas protegidas iniciadas en 2018, se contabilizan 1.866, un 39 % más que sobre 2017.

Apuesta por el alquiler

Además, en el segmento del alquiler protegido dos de cada tres terminaciones en alquiler en España son vascas.  Visesa, la sociedad de vivienda pública y suelo de Euskadi que depende del Gobierno vasco, dejará de promover protegidos para la venta a partir del próximo año en cumplimiento de la Ley autonómica de Vivienda de 2015. Las nuevas promociones que Visesa realice a partir de 2020 serán únicamente de viviendas públicas de alquiler protegido.

El departamento que dirige el socialista Iñaki Arriola ya dejó de edificar pisos de promoción oficial destinados a la venta desde el inicio de la actual legislatura con el objetivo de priorizar el alquiler social. Desde que comenzó su actividad en 1992, Visesa ha construido en el País Vasco un total de 15.283 viviendas de protección oficial y la mayoría de los pisos, casi el 75 %, fueron destinados a la venta. Esta tendencia fue cambiando y a partir del comienzo de esta legislatura el 55,6 % de las viviendas promovidas por el Gobierno vasco han sido en régimen de alquiler y el resto en venta.

Mario Yoldi, director de Planificación y procesos operativos de vivienda del Gobierno vasco, asegura que la vivienda protegida en alquiler no le interesa a los promotores porque no es rentable. Por eso, “la tenemos que construir las administraciones”.