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El 'salario social' cumple un cuarto de siglo con récord de perceptores

Colectivos sociales y sindicatos se manifiestan contra los recortes en ayudas sociales.

Eduardo Azumendi

Vitoria-Gasteiz —

A mediados de los años 80 del pasado siglo, Euskadi sufre una tasa de paro superior en algunos momentos al 25%, muy por encima de la media del resto de España. La crisis de la industria vasca desboca el paro y provoca la reaparición de la pobreza. Un desempleo que prácticamente era nulo en 1973 y que conlleva la disminución de la renta per cápita en Euskadi. El mayor deterioro corresponde a Bizkaia, territorio que cae del segundo puesto en renta familiar disponible per cápita en 1971 al puesto 21 en 1985. Este era el caldo de cultivo en el que el Gobierno vasco puso en marcha el 'salario social', una ayuda destinada a las personas con menos recursos y con la que se pretendía detener la brecha de la desigualdad. En 1990, se aprobó la Ley del Ingreso Mínimo de Inserción, convirtiendo así la ayuda en un derecho subjetivo, es decir, exigible por ley. No está sujeta a la discrecionalidad técnica, económica o política de las instituciones. Nunca se acaba la partida. Ya han pasado 25 años y ahora el 'salario social' se llama Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

En 2014, es difícil que Euskadi se refleje en esa imagen del pasado, pero la dureza y duración de la crisis actual pueden hacer temer lo peor. El Gobierno vasco analiza ahora el origen de aquel programa para entender “la lógica de su desarrollo” y estudiar los retos a los que se enfrenta el actual sistema de prestaciones de garantía. El Ejecutivo va a contar con el testimonio de diferentes expertos y también con el del lehendakari que puso en marcha el programa: José Antonio Ardanza.

Se trata del mejor sistema de rentas mínimas de España y comparable a los impulsados en los estados socialmente más avanzados de la Unión Europea. Esa es la opinión de los expertos, quienes también resaltan que gracias a este sistema, Euskadi se aleja por completo de las tasas y el riesgo de pobreza del resto de España. Sin embargo, este sistema de ayudas sociales se acerca a su hora más difícil.

La RGI registró el pasado mes de marzo 64.190 beneficiarios, récord absoluto en sus 25 años de historia. En los últimos meses, una media de 20 personas cada día se suman a la lista. Las cifras son de vértigo y no dejan de crecer.

El reto de la inserción

La persistencia de la crisis, la caída del empleo, las restricciones en el acceso a las ayudas sociales, el recorte en las cuantías y la desafección de una parte de la población hacia las ayudas a los más pobres conducen al modelo hacia una encrucijada. Pero el principal reto al que se enfrenta el modelo es el de la inserción. El objetivo para el que nació: ayudar a los perceptores a que encuentren acomodo en el mercado de empleo. Sin embargo, la coyuntura actual es la más complicada para eso.

Jesús Loza, exviceconsejero de Asuntos Sociales con el lehendakari Ardanza, reconoce que el principio básico y fundacional de la ayuda está lejos de poder cumplirse en estos momentos. “Es un objetibo ineludible, lograr que los perceptores logren un trabajo. En las circunstancias actuales al menos nes necesario que acudan a cursos de formación. Ya no se trata de gente en graves problemas de exclusión los que recurren a la RGI. Ahora, en muchos casos, son personas que han trrabajado con normalidad y que, de pronto, se quedan sin trabajo y sin subsidio de desempleo”.

El anterior Ejecutivo traslado la gestión de la RGI al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide en un intento de consumar el obvjetivo de percibior ayudas y a la vez obtener formación. Sin embargo, el momento económico no ha acompañado esa filosofía y la gestión de la prestación está acarreando más dificultades de las previstas inicialmente.

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