Una sentencia ordena que Podemos readmita a los expulsados en Álava por romper la disciplina de voto
Los cuatro exmiembros de Podemos en Álava que fueron expulsados del partido por romper en 2016 la disciplina de voto al no acatar un acuerdo presupuestario con el PNV en las Juntas Generales han conseguido dar la vuelta a una primera sentencia desfavorable y, merced a un recurso, la Audiencia Provincial de Álava ha determinado que el partido morado debe reconocerles su condición de afiliados. Fuentes de la formación morada indican que recurrirán esta resolución judicial y remarcan que, en primera instancia, ya ganaron el pleito contra cuatro personas que retuvieron su escaño hasta las elecciones del pasado mes de mayo como integrantes de una marca llamada Orain Araba, dejando diezmado el grupo oficial de Podemos.
El partido, a finales de 2016, incoó un expediente a los cuatro junteros díscolos, Koldo Martín, Daniel Trujillano, Juan José Celorio y José Javier Bizarro. Además de la “desobediencia” en el voto, en aquella época se sucedieron los conflictos personales entre este sector y Podemos, así como disputas incluso económicas.
En enero de este año esta crisis se ventiló en un juicio celebrado en Vitoria. La abogada de Podemos, ante su señoría, indicó que “ha quedado acreditado que los cuatro llevaron a cabo una desobediencia” porque “conocían” la “decisión del partido” en torno a los presupuestos y no la acataron. Además, ha denunciando que los críticos activaron “una campaña de desprestigio contra el partido”. Por el contrario, los afectados insistieron en que se limitaron sus derechos políticos y que, además, Podemos fue “chapucero” en el procedimiento interno.
El partido ganó en primera instancia pero los expulsados le han dado la vuelta tras un primer recurso. Según las fuentes consultadas, la resolución judicial ordena que se restablezcan todos los “derechos” de Martín, Trujillano, Celorio y Bizarro como afiliados. Los cuatro ya están fuera de la política tras las elecciones. La sentencia, en todo caso, no es firme y los servicios jurídicos de Podemos confían en que el Tribunal Supremo ratifique la primera sentencia.
