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La sociedad pública Alokabide adjudicó un 'call center' para la COVID-19 tras invitar al concurso a tres empresas relacionadas

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, en una entrevista en Radio Euskadi

Iker Rioja Andueza

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La adjudicación del servicio especial de 'call center' montado en la pandemia para tramitar ayudas urgentes por la sociedad pública de alquiler social del Gobierno vasco, Alokabide, recayó en una mercantil llamada Servicios Integrales de Atención al Clientes Xupera XXI tras un procedimiento “negociado sin publicidad” en el que la Administración invitó a otras dos empresas para que aparentemente compitieran entre sí. Una de ellas llamada Veryqual comparte sede en Barakaldo y administrador (Sergio García de Iturrospe) con la ganadora del concurso. La otra en liza, según 'El Mundo', también estaba interrelacionada.

Se da la circunstancia de que ninguna de las competidoras de Xupera XXI presentó finalmente oferta, por lo que el camino para la adjudicación de este servicio quedó expedito para esta firma, que ya gestiona el 'call center' ordinario de Alokabide, que depende del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco dirigido por el socialista Iñaki Arriola. El expediente de contratación resuelto a finales de la pasada semana en muy pocos días explica que ni Veryqual ni Sharing Brands acreditaban capacidad “debido a la situación del estado de alarma y las medidas de seguridad necesarias”. La adjudicación se cerró en 193.268,28 euros (IVA incluido), muy cerca del precio máximo del contrato (198.092 euros). Xupera XXI cobrará 14,81 euros/hora sin IVA y se prevé una prórroga de seis meses en caso de necesidad.

Acompaña a la adjudicación un informe jurídico que asegura que, por el importe, no es posible una adjudicación directa o 'a dedo' en forma de contrato menor. Se apunta a un procedimiento extraordinario de emergencia fruto del estado de alarma -así se han adquirido respiradores o mascarillas, por ejemplo- pero se explica que esa fórmula está más pensada para compras de material sanitario aunque la regulación estatal abre la puerta a actuaciones “directa o indirectamente” relacionadas con la pandemia de COVID-19. Por ello, se optó por una fórmula de invitaciones a tres que en otras ocasiones también ha generado situaciones anómalas.

Fuentes del Departamento de Vivienda indican que Alokabide necesitaba poner en marcha este servicio con urgencia y que no estaba para “labores detectivescas” durante la tramitación del expediente. Destacan que el expediente se tramitó “por la vía ordinaria”, que las dos empresas invitadas se retiraron y que la adjudicataria trabaja ya habitualmente para el Gobierno “a satisfacción”.

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