“El Gobierno vasco ha hecho trampas al solitario con la RGI”
Expertos en el sistema vasco de prestaciones sociales, el más amplio de España y que supone un coste anual de 500 millones de euros para 64.000 beneficiarios, sostienen que la última decisión del Gobierno de PNV y PSE-EE de desvincular ‘de facto’ la renta de garantía de ingresos (RGI) del salario mínimo interprofesional (SMI) supone otra vuelta de tuerca a “lo decidido hace una década”, en 2008, cuando el Parlamento promulgó la ley que creó la RGI. “Al final [la prestación] se ha ido modificando con otras leyes de presupuestos. Es legítimo, son leyes aprobadas con mayoría en el Parlamento. Pero de alguna manera el Ejecutivo se hace trampas en el solitario”, argumentan estas fuentes.
El sábado, tras varios días de análisis, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, anunció a través de un comunicado que por primera vez desde que la RGI se empezó a abonar en 2009 las cuantías anuales no iban a estar vinculadas al SMI, como dicta la ley. Este año que el SMI había subido un 8% el Ejecutivo ha optado por limitar la mejora al 1,5%, el equivalente al IPC. De esta manera, el coste de la revaloración de estos subsidios será de unos 6 millones de euros (serían 30 con el 8%) y además se limitará el acceso de nuevos perceptores a la nómina de 64.000 beneficiarios ya que los umbrales económicos máximos tampoco se incrementarán un 8%.
Las fuentes consultadas entienden que esta decisión era “esperable”, más después de que el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, aludiera al gran impacto presupuestario que significaría el poner 30 millones de golpe sobre la mesa. Indican incluso que puede ser “hasta lógico” no modificar de manera notable las cuantías si lo que se prevé para los próximos meses es un debate para la “reforma general” del sistema de garantía de ingresos, algo que confirmó la propia Artolazabal el sábado.
“El SMI, en efecto, puede ser un indicador un poco falso. Que suba un 8% de golpe no quiere decir que los salarios suban en la misma proporción y en otros países hay otras fórmulas de ajuste de las cuantías. Pero han modificado el espíritu de la ley [que marcaba que la RGI cubriera al menos el 88% del SMI] como hizo el Gobierno socialista en 2011 al recortar las cuantías un 7%”, explican los expertos en el funcionamiento de Lanbide. En el nuevo escenario, la cobertura mínima de la prestación autonómica será de alrededor del 76% del SMI, muy lejos del 88% prometido en 2008.
Algunas voces han criticado las formas y los argumentos utilizados por el Gobierno. “Es poco creíble que se diga que una subida del 8% vaya a desincentivar el empleo. Ésa no es la razón. La razón es que cuesta mucho. Es un tema de presupuestos”, añaden estos especialistas.
La oposición habla de “nocturnidad” en el anuncio
El anuncio del Gobierno llega después de una semana en que partidos de la oposición como EH Bildu y Elkarrekin Podemos y todos los sindicatos (ELA, LAB, CCOO y UGT) habían exigido que se respete en la RGI la subida del 8% del SMI. Por eso, la decisión de Artolazabal ha motivado ya las primeras reacciones.
La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha anunciado a través de la agencia Europa Press que su formación buscará apoyos en la Cámara para “hacer frente” a la propuesta del Gobierno y empujarle a que dé “un paso atrás”. “Si realmente este Gobierno entiende que la protección a las personas que peor lo están pasando y tienen dificultades es una prioridad, como dijo el lehendakari, ésta es una muy buena oportunidad que han dejado pasar”, ha lamentado la representante de la coalición de la izquierda abertzale, que aprecia “un poquito de nocturnidad” en la comunicación de Artolazabal. “Fue un sábado por la tarde, cuando nadie se va a enterar”, ha apostillado.
El ‘número dos’ de Podemos, Eduardo Maura, ha calificado la decisión del Gobierno de PNV y PSE-EE como “política” y no “presupuestaria”. Entiende, en este sentido, que marca una línea sobre la política social que ejecutará el gabinete de Iñigo Urkullu en los próximos cuatro años y lamenta que el marchamo de izquierdas de los socialistas sea inapreciable. La coalición de su partido con IU y con Equo, ha dicho Maura, defiende en el Parlamento no sólo que se aplique la subida del SMI en la RGI, sino también que se revierte cinco años después el recorte general del 7% introducido en 2011 por el Ejecutivo de Patxi López y mantenido cuatro años por el de Urkullu. La estación término para la formación morada sería pasar de la RGI a una renta básica incondicional.
Finalmente, el PP también ha valorado el anuncio del Gobierno. La ‘popular’ Laura Garrido ha criticado más las formas que el fondo. También en declaraciones a Europa Press, ha reclamado que Artolazabal se “retrate” y “explique” la decisión adoptada porque, a su entender, un comunicado un sábado por la tarde no es la mejor puesta de largo de una medida de calado. Garrido ha dicho también que, en vista de lo ocurrido, a su partido le preocupa el esfuerzo presupuestario que pueda hacer el Gobierno respecto a otras prestaciones sociales, las ayudas de conciliación.
