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La Justicia reconoce las competencias de Lanbide y anula el plan de colocación de parados de Báñez

La ministra Fátima Báñez

Iker Rioja Andueza

La Audiencia Nacional ha dado la razón al Gobierno vasco en un contencioso-administrativo que mantenía con el Ministerio de Empleo a cuenta de un plan de la ministra Fátima Báñez para centralizar el servicio de colocación de parados a través de agencias privadas (ETT). En una sentencia dada a conocer por el diario ‘El País’, el alto tribunal reconoce a Lanbide las competencias plenas en políticas activas de empleo y estima que el Gobierno central se ha extralimitado en sus funciones. Andalucía y Cataluña, que no habían recurrido pero que tampoco aplicaban el plan, podrían beneficiarse también de esta sentencia.

El programa fue anunciado por Báñez en 2015 y preveía una única convocatoria nacional de empresas privadas de recolocación de parados a pesar de que, como la Sanidad o la Educación, las políticas activas de empleo están transferidas ya a todas las comunidades autónomas. Fue precisamente Euskadi la última en asumir parte del servicio del antiguo Inem. Fue en 2010 cuando se creó Lanbide tras una polémica negociación entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el PNV.

El Ministerio de Empleo justificó su propuesta, dotada con 41 millones de euros, en la necesidad de garantizar la movilidad geográfica de los desempleados. Adecco, Manpower o Eulen se convirtieron en entidades colaboradoras para la intermediación laboral en toda España. Pero Euskadi levantó la voz desde el principio. Celoso de una competencia recién estrenada, el Gobierno vasco reivindicó que Lanbide –su agencia autonómica- tiene plenos poderes en materia de activación laboral. Las competencias del Sepe -nueva denominación del Inem- se limitan a las denominadas políticas pasivas de empleo, esto es, al abono de las prestaciones económicas por desempleo.

Según ha valorado este martes el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, “la convocatoria del Sepe desconocía el contenido de la transferencia de políticas activas de empleo de 2010”. Erkoreka, diputado durante años en el Congreso, participó activamente en aquella dura negociación. “Es una excelente noticia. No hemos hecho aún una valoración en profundidad pero puedo adelantarles que estamos satisfechos en la medida en que los tribunales nos dan la razón en una materia no precisamente irrelevante”, ha explicado Erkoreka, a preguntas de los periodistas, en su rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno.

Precisamente la pasada semana, la consejera vasca de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ofreció algunos datos sobre la eficacia de Lanbide como servicio de colocación de parados. En respuesta al PP, que recordó que nunca se ha alcanzado el objetivo prometido del 5% de intermediación laboral, Artolazabal defendió que Lanbide va mejorando sin cesar en este apartado hasta alcanzar ya el 3,27%. El dato, abundó, supera la media nacional e incluso el de algunos países europeos como Alemania. Pero queda lejos del 10,6% que luce Extremadura, beneficiada por la aplicación de programas de empleo rural subvencionados como el PER.

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