El archivo de la denuncia de abril retrasó que un menor dejara la prostitución

¿Qué explicaciones ha ofrecido la Diputación de Álava a la madre que en abril denunció ante la Policía Local de Vitoria que sospechaba que su hijo menor, interno en un centro foral para jóvenes problemáticos, podría estar ejerciendo la prostitución y que no recibió respuesta? ¿Cómo es posible que hace medio año no se pudieran probar los gravísimos hechos ocurridos en Sansoheta que se han conocido ahora a pesar de que los indicios ya estaban sobre la mesa?  

El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha afrontado este lunes la que quizás ha sido su rueda de prensa más complicada desde que accedió al cargo en 2015 y que ha eclipsado por completo un asunto capital, la presentación de los presupuestos de 2017. No sólo es que un juzgado de Vitoria, la Fiscalía y la Ertzaintza estén investigando desde el 6 de octubre y tras la confesión de una de las implicadas un caso tremendamente espinoso, el hecho de que al menos nueve menores tutelados por la Diputación y residentes en Sansoheta se ofrecieran en Internet para contactos sexuales con adultos. Es que a ello se le añade, como adelantó el sábado eldiarionorte.es, que en abril la madre de uno de los implicados ya alertó de esta posibilidad sin que su denuncia llegara a buen puerto. Quedó archivada en el juzgado de Instrucción número 1 por “falta de autor conocido”.

González, en un ejercicio de equilibrismo político, ha tratado de defender a la vez que la Diputación no desdeñó las pruebas presentadas por esa madre y que, si no se actuó con la contundencia con la que se han tomado medidas ahora, fue porque el caso nunca llegó a oídos de la máxima responsable de Servicios Sociales, la diputada Beatriz Artolazabal.

A preguntas de los periodistas, González ha reconocido la existencia en abril de esa primera denuncia sobre “sospechas de posibles contactos sexuales” –y también sobre robos de móviles en Sansoheta- y ha añadido que “desde el primer momento” el Servicio del Menor del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) “colaboró” con la investigación en coordinación con la Policía Local, receptora de la denuncia, con la Fiscalía de Menores y con el juzgado de Instrucción. Era una evidencia que la institución foral conoció los hechos seis meses antes de que estallara el caso porque agentes del cuerpo municipal se personaron en el IFBS recabando datos sobre los hechos.

Sin embargo, González ha descartado cualquier tipo de negligencia política. “Es muy posteriormente, hacia el mes de octubre, cuando los técnicos de Sansoheta detectan en las tutorías que algunos de los internos pueden estar manteniendo relaciones sexuales con adultos y denuncian o comunican esa situación a la diputada, que de manera inmediata decide presentar una denuncia ante la Ertzaintza […]. Ese mes de octubre, tras conocer los indicios encontrados, se dio traslado a la diputada por parte de los técnicos de la denuncia de abril”, ha argumentado el diputado general a preguntas de los periodistas.

Artolazabal, en cambio, no ofreció ninguna pista sobre este asunto el sábado en su comparecencia extraordinaria para dar cuenta de la noticia. De hecho, se centró en la denuncia presentada por la propia Diputación cuando una informadora le preguntó expresamente si había una o dos causas en los juzgados de Vitoria.

En todo caso, ¿se tomó alguna medida en este período para evitar que un menor continuase ejerciendo la prostitución durante estos meses? La Diputación defiende que ya en abril se activó un “protocolo” de control, pero asume que “ha sido difícil” llevarlo a cabo por el “historial de fugas” de Sansoheta que presenta este adolescente. Personal de este recurso foral insiste en que es muy habitual que los internos entren y salgan a su antojo. No se trata de un régimen penitenciario, pero sí es un centro para menores con graves problemas de integración social y que está sujeto a unas normas que no se suelen cumplir.

Por ello, algunas fuentes cercanas a la investigación cuestionan la diligencia de la Diputación. A falta de que se puedan concretar todos los extremos del caso, los jóvenes usaban los ordenadores de Sansoheta para publicitarse en Internet y concertar citas con sus ‘clientes’. También abandonaban con libertad el centro, a veces de noche, para quedar con los adultos que pagaban por sus servicios. González, invitado a una reflexión sobre el modelo del servicio de menores tutelados, que en los últimos meses ha incluido también motines, agresiones a cuidadores o robos, entre otros episodios, ha querido ampliar el foco y ha lamentado la “facilidad” con la que “todos los menores en general” acceden desde Internet a determinados contenidos y situaciones.

“Los culpables son los adultos”

Lo que sí ha enfatizado González es la importancia de dejar claro que “los culpables son esas personas sin escrúpulos que se dedican a cometer esa tipo de actividades con menores”. El Código Penal es meridiano: la prostitución de menores, sea o no inducida, es un delito en todo caso para los ‘clientes’. Además, en el caso de los menores de 16 años se añade el agravante de que la relación sexual nunca puede ser consentida y se trataría ya de casos de violación o abusos. Los nueve adolescentes identificados tienen edades comprendidas entre los 14 y los 17 años.

Aunque la información es difusa, es errónea la cifra de 14 personas detenidas en esta operación contra la corrupción de menores. Fuentes judiciales apuntan a media docena de imputaciones, entre las que se incluye la de un psicólogo que está en prisión preventiva desde hace varios días. Se trata de un profesional de un gabinete privado adscrito a un servicio del Ayuntamiento de Vitoria pero que nunca trató a los internos de Sansoheta, como ha remarcado la Diputación y en contra de lo que por error publicó este periódico.

Entre esa nómina de investigados no se halla, de momento, el trabajador de Sansoheta apartado del servicio por la Diputación. La medida cautelar en su caso viene motivada por que algunos de los menores le citaron en sus declaraciones, aunque de momento no ha sido acusado formalmente de nada.

Los responsables de la investigación están pendientes de analizar con detalle todo el material informático recopilado para determinar el alcance de los hechos, que al menos se remontan a principios de año. Se están revisando decenas de perfiles de personas adultas en redes sociales para tratar de identificar a todos los que abusaron sexualmente de los internos de Sansoheta.

Abusos sexuales en colegios: un precedente

La polémica en torno al grado de conocimiento de la Diputación de Álava en el el caso de Sansoheta tiene un precedente cercano en el tiempo. De nuevo en Vitoria, en octubre de 2015 Educación se vio obligada a apartar a un profesor de Educación Infantil investigado como supuesto responsable de cinco casos de abusos sexuales a niños menores de cuatro años en colegios públicos. Lo hizo cuando el asunto saltó a la primera plana de los medios de comunicación.

La delegada educativa en Álava, Blanca Guerrero, argumentó que la Administración actuó cuando tuvo conocimiento de estos hechos. Sin embargo, la Fiscalía había iniciado una investigación un año antes y comunicó sus sospechas a la propia Guerrero y a inspectores educativos en una reunión.