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El tribunal ya desestimó la petición de nulidad del mayor caso de corrupción en Euskadi

El letrado del supuesto cerebro de la red corrupta del 'caso de Miguel, Alfredo de Miguel, dice que se han vulnerado los derechos de inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías y sin dilaciones indebidas y ha reclamado de nuevo la nulidad

Señala además que las 24 grabaciones que destaparon la petición de una 'mordida' de 100.000 euros a la abogado y empresaria denunciante, Ainhoa Alberdi la gran prueba de cargo contenida en la causa, han sido "manipuladas"

De izquierda a derecha, Jon Iñaki Echaburu, Aitor Telleria y Alfredo De Miguel,en el banquillo de los acusados. Foto: Nuria González

De izquierda a derecha, Jon Iñaki Echaburu, Aitor Telleria y Alfredo De Miguel,en el banquillo de los acusados. Foto: Nuria González

El letrado del exnúmero dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, presunto cerebro de la red corrupta del 'caso de Miguel', el mayor escándalo de corrupción en la historia de Euskadi que salpicó en 2010 al núcleo del PNV en Álava, ha fiado -y con él el resto de los abogados que han tomado la palabra en la primera sesión del macrojucio en la Audiencia de Álava- el arranque del proceso a la petición de nulidad total de las actuaciones. Bien porque se han vulnerado derechos fundamentales o porque una de las pruebas de cargo, las 24 grabaciones sonoras aportadas por la abogada y empresaria que destapó el presunto caso de corrupción ante la Fiscalía en noviembre de 2009 en una grabadora marca Olympus, han sido manipuladas o no se ha asegurado la cadena de custodia de la prueba.

De hecho, los letrados del también exdirigente del PNV Aitor Telleria y Koldo Ochandiano se han adherido a esa solicitud y han reclamado la nulidad de toda la instrucción, liderada por el magistrado Roberto Ramos, junto al fiscal jefe alavés, Josu Izaguirre, y la investigación de la Ertzaintza al entender que se han vulnerado derechos fundamentales recogidos en la Constitución como el de inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías y sin dilaciones indebidas. 

Gonzalo Susaeta, abogado de De Miguel, es un letrado experimentado. Y no ha pasado desapercibido en la sala de vistas que ha sido el propio abogado de Txitxo De Miguel el que ha recordado que parte de la sala que ahora enjuicia la causa --formado por su presidente Jaime Tapia, la magistrada ponente de la sentencia, Elena Cabero, y el magistrado Raúl Aztiria- ya resolvió algunos de esos planteamientos de nulidad en su auto de 28 de octubre de 2015. En esa resolución, el juez Jesús Alfonso Poncela García sustituía a Raúl Aztiria. Esos tres magistrados desestimaron íntegramente los recursos presentados contra el auto de procesamiento (en realidad de transformación de la causa en procedimiento abreviado) de los 26 encausados que finalmente han terminado por sentarse en el banquillo de los acusados. 

Alfredo De Miguel (a la derecha) entra en el Palacio de Justicia.

Alfredo De Miguel (a la derecha) entra en el Palacio de Justicia. Nuria González

El abogado Gonzalo Susaeta también ha enumerado entre las causas de nulidad la supuesta "investigación paralela" realizada por la Ertzaintza, algunos de cuyos agentes se habrían "extralimitado" en sus pesquisas sin cobertura del juez instructor y de "espaldas al proceso" y sin indicios objetivos concretos. Pero el tribunal, en su resolución de octubre de 2015, ya negó tal posibilidad. Y argumentó que, "por el contrario, en este caso se inició con indicios de objetivos desde las diligencias abiertas en Fiscalía". No hubo, por tanto, una "investigación prospectiva generalizada" como alegaron entonces las defensas y han vuelto a hacer ahora en el juicio y ya rechazó la Audiencia provincial de Álava, que preside el magistrado Jaime Tapia, el mismo que lidera ahora el tribunal juzgador.

También se ha alegado como cuestión previa por algunas defensas en la primera sesión de macrojuicio la indefensión al entender que en los primeros trámites de la investigación y de las detenciones -por una u otra razón- hubo una "extralimitación de la policía" en lo incautado en los registros de los domicilios de los tres principales encausados (De Miguel, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano). La sala también lo resolvió en su auto de octubre de 2015: "De una lectura somera de las diligencia de investigación practicadas no se observa una extralimitación en los informes policiales, ni la existencia de una investigación judicial separada de la policial, siendo además una cuestión a debatir en su caso en el acto de plenario". En definitiva, "ninguna extralimitación se observa en la actuación policial que cause nulidad o indefensión a la parte recurrente", acuñaron en su auto los tres magistrados.

El letrado de De Miguel también ha reclamado la nulidad parcial de todo lo actuado en base a una de las pruebas de cargo de este caso: las 24 grabaciones sonoras que destaparon la petición de una 'mordida' de 100.000 euros a la denunciante, han sido "manipuladas" y no se ha mantenido la cadena de custodia de la citada grabadora. En la sesión inaugural, el propio fiscal jefe, Josu Izaguirre, ha planteado un testigo novedoso: el agente de la Ertzaintza con número 3133 con el que pretende demostrar que sí se mantuvo en todo momento la cadena de custodia de la citada prueba.

La metabolización de la corrupción en el PNV

Más allá de la vertiente procesal y de las diferentes estrategias de defensa que se comienzan a dibujar o redibujar en la sala de vistas, la vertiente política también está encima de la mesa. Y algunas declaraciones de representantes del PNV revelarían que este partido no ha terminado de metabolizar. 

Entrevistado en Radio Euskadi una hora antes de que comenzara el proceso, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reiterado dos cosas que los peneuvistas usan como argumentario en este escándalo de corrupción. Una cierta: que durante los cinco años que duró la instrucción en ningún momento se ha podido constatar que haya habido financiación ilegal del partido que entonces dirigía el ahora lehendakari, Íñigo Urkullu. La otra, en cambio, manifiestamente falsa: que los entonces dirigentes peneuvistas detenidos e imputados en 2010 apenas se resistieron unos pocos días a entregar los carnés, como les había exigido desde el minuto cero el presidente del partido, Íñigo Urkullu. La verdad es que los dirigentes imputados -que en todo momento han negado con rotundidad las acusaciones- no entregaron sus carnés hasta enero de 2011, diez meses después de iniciada la causa.

Alfredo de Miguel y Joseba Egibar, a punto de fundirse en un abrazo en el Parlamento Vasco en 2011

Alfredo de Miguel y Joseba Egibar, a punto de fundirse en un abrazo en el Parlamento Vasco en 2011 NURIA GONZÁLEZ

Es verdad que el PNV actuó de inmediato para destituir en las responsabilidades institucionales que ostentaban entonces algunos de los imputados -entre ellos De Miguel, que era en el momento de su detención diputado foral-. De Miguel fue nombrado secretario del Araba Buru Batzar (ABB, la Ejecutiva del partido en ese territorio) del partido en 2000, bajo la presidencia de Iñaki Gerenabarrena. Durante esa etapa, ejerció como directivo de dos Industrialdeak de la sociedad pública autonómica de Urbanismo y promoción de suelo, Sprilur. En 2007 fue nombrado diputado foral en Álava de Administración Territorial y Equilibrio Territorial (Urbanismo) con Xabier Agirre como diputado general de un tripartito conformado por los partidos PNV, EA y Aralar. También era vicepresidente segundo de la Caja Vital Kutxa de Álava, ahora integrada en Kutxabank junto a BBK, Kutxa y Cajasur.

Txitxo De Miguel, tuvo que abandonar todos esos cargos tras su detención en marzo de 2010 por orden del partido, pero tardaría diez meses en entregar su carné. Solo cuando se lo pidió Joseba Egibar tras una reunión en Vitoria, el mismo dirigente peneuvista que se fundió en un abrazo con De Miguel cuando éste tuvo que ir en 2011 a la Cámara vasca a declarar a la comisión parlamentaria sobre el caso que finalmente le ha sentado en el banquillo de los acusados.

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