40.000 vascos esperan todavía un piso público de alquiler
La profundidad de la crisis ha dado un vuelco a las tradicionales preferencias de los vascos por la compra de vivienda en lugar del alquiler. La necesidad se ha impuesto, pero miles de vascos se han topado con que el mercado de alquiler libre sigue prácticamente tan inaccesible como antes de la crisis: apenas ha bajado 45 euros de media el coste de un arrendamiento en el periodo 2007-2014. La futura ley de vivienda, pactada entre PSE, EH Bildu y UPyD, tratará de colocar el precio del alquiler en cifras más ajustadas a la realidad que vive el país e invertir la fotografía actual: 11.355 vascos viven de alquiler en un piso de protección oficial, mientras que 40.000 aguardan en lista de espera.
En la actualidad, el parque de vivienda gestionado por la sociedad pública Alokabide asciende a 11.355 viviendas. De estas, 4.590 corresponden al programa Bizigune. Un programa consistente, básicamente, en que el Gobierno garantiza unos ingresos de 450 euros al mes al dueño del piso a cambio de lo que ponga en el mercado de alquiler y sea el propio Ejecutivo el que fije el precio (más módico y sin superar el 30% de los ingresos del inquilino). El Ejecutivo rebajó de 600 a 450 euros la máxima retribución para los dueños. Sin embargo, Bizigune cuenta con 285 viviendas menos que en 2012. ¿Por qué? Algunos expertos hablan de que el programa ha dejado de ser atractivo para los propietarios “a costa de resultar más barato para el Gobierno vasco”.
Por otra parte, entre el parque gestiona Alokabide también se encuentra el programa ASAP, puesto en marcha por el Gobierno socialista de Patxi López y más barato que Bizigune, ya que el Ejecutivo solo se hace cargo de pagar los seguros de las viviendas. ASAP contaba con 147 pisos a finales de 2014, muy por debajo de los 350 previstos en el Plan Director 2013-2016 para el año pasado.
Con estos datos, los expertos consideran que el impulso dado por el Gobierno al alquiler es “más bien escaso”. Y en esta línea, recuerdan que el Ejecutivo tiene 562 viviendas de protección oficial vacías al no poder adjudicarlas por falta de comprador. Y de estas, 255 llevan más de un año en esta situación, la mayoría en Vitoria. Los problemas de los adjudicatarios para obtener crédito está detrás de las renuncias. El PSE ya ha solicitado al Departamento de Vivienda que las incluya en el parque público de alquiler estos pisos.
