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A vueltas con los recortes de Zapatero siete años después

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Iker Rioja Andueza

El decreto-ley con el que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en aquel fatídico mayo de 2010, recortó un 5% el salario de los funcionarios de toda España tenía un error de bulto, en la lista de organismos afectados no se citaba a las sociedades públicas autonómicas. En Euskadi, sin embargo, el Ejecutivo de Patxi López aplicó la medida por igual en la Administración general, en entes como Osakidetza (sí citados específicamente) y también en las sociedades públicas (EiTB, Spri, Visesa, etc.). Numerosas sentencias, sin embargo, han obligado a devolver ese dinero retirado a los trabajadores afectados, pero en mayo de 2017, siete años después, el abono de esos atrasos de siete años aún no es una realidad en algunas empresas como Spri o EiTB y continúan abiertas numerosas causas judiciales en los tribunales.

Fue el 20 de mayo de 2010 cuando entró en vigor el decreto-ley con el que Rodríguez Zapatero dio carta de naturaleza a la llegada de la crisis a España. Y en 2015 llegó la primera sentencia en el grupo EiTB (pero no aplicable a todos sus trabajadores) por la cual los tribunales ordenaban la restitución de ese 5% recortado con carácter retroactivo desde 2010. A partir de ahí, principalmente a instancias del sindicato ELA, se plantearon conflictos colectivos en otras sociedades como Spri, Ejie, Visesa o la Orquesta Sinfónica que también dieron la razón a los trabajadores, aunque sólo desde 2015, desde la fecha de la primera sentencia. Finalmente, en enero de 2017 el portavoz del Gobierno y consejero competente en materia de funcionarios, Josu Erkoreka, declaró que “el planteamiento de los tribunales” era “claro” y el Ejecutivo acordó provisionar el dinero para devolver todo el salario adeudado.

Fuentes del sindicato ELA han explicado a eldiarionorte.es que los compromisos de pago se han ido formalizando en algunas sociedades como EiTB, Visesa o Ejie, pero no ha ocurrido lo mismo en el grupo Spri, dependiente del Departamento de Arantxa Tapia. Una portavoz oficial ha informado de que el abono de los retrasos se realizará “en junio” una vez individualizadas las cantidades concretas que se han de reintegrar. Arguyen que el retraso se debe a “temas administrativos” porque Spri “siempre ha acatado y acatará las sentencias dictadas por los jueces”, como el resto de sociedades públicas.

Las fuentes sindicales consultadas, sin embargo, entienden que este pago no resolverá todo el problema. Según ELA, unos 14 trabajadores no han visto reconocidos todos los recortes que han sufrido, principalmente porque Spri ha entendido que los ascensos y las mejoras salariales ocurridas estos años cubren las reducciones anteriores. Además, desde el sindicato insisten en que se activarán procedimientos judiciales de “reclamación de cantidades” para que el carácter retroactivo de la medida sea desde 2010, no sólo desde 2015.

Y lo mismo ocurre en otras sociedades. Los trabajadores de EiTB que sólo tienen reconocidos los atrasos de 2015 a 2017 han pedido equipararse a sus compañeros y reclamado los pagos hasta 2010 de nuevo en los juzgados. En algunos casos lo han hecho a título individual y otros a través de los sindicatos. Desde el Gobierno apuntan que no se ha ofrecido una solución única y global porque “cada sociedad pública tiene autonomía libérrima” en materia de personal.

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