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El PSN reclama una justicia proporcionada para los condenados de Alsasua a la vez que se solidariza con los agredidos

Familiares de los condenados de Alsasua piden apoyo a los partidos frente a "una situación judicial extraordinaria"

Amaia Otazu

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Familiares de los condenados en Alsasua por la agresión a dos guardias y miembros de la plataforma 'Altsasukoak aske' han comparecido este viernes en la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento de Navarra -a petición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos de Izquierda-Ezkerra- para pedir el apoyo de los grupos parlamentarios navarros antes de que el Tribunal Supremo revise el “caso Alsasua” el próximo 18 de septiembre. Los ocho condenados por dicha agresión han sido absueltos hasta en dos ocasiones del delito de terrorismo y se enfrentan a penas de entre dos y trece años de prisión por agresión a agentes de la autoridad. Los ocho llevan entre 400 y 1 030 días en prisión sin que haya habido una condena en firme.

Bel Pozueta, madre de uno de los condenados y excandidata de EH Bildu, ha pedido a los grupos parlamentarios que “hagan todo lo que esté sus manos para terminar con este sufrimiento” y con un caso que consideran que es un “castigo ejemplarizante”. Las comparecientes han apelado a los informes de organizaciones internacionales -como Fair Trade- que señalan que se está produciendo un “abuso de la prisión preventiva”.

En respuesta a su comparecencia, Javier Lecumberri, del PSN -partido en el Gobierno de Navarra-, ha asegurado que esta es una “situación compleja donde se mezclan consideraciones jurídicas, sociales y humanas”. El PSN no ha terminado de posicionarse junto con sus socios de gobierno -Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu- y se ha limitado a “trasladar la comprensión en lo humano hacia las familias y hacia la situación que están viviendo y, por otro lado, expresar la solidaridad con los agredidos”. Lecumberri sí que ha resaltado que su formación nunca ha considerado “acertada la calificación de delito terrorista” y ha incidido en “la importancia de la justicia proporcional e individualizada”.

Por su parte, Iñaki Iriarte, parlamentario de Navarra Suma -recientemente cuestionado por su participación en un acto requeté- ha señalado que “en la medida en que se trata de una causa judicial que está todavía abierta, no nos corresponde hacer valoraciones desde el Parlamento, como no nos correspondería en caso de cualquier otro ciudadano”. Al mismo tiempo, Iriarte ha expresado su solidaridad con los guardias civiles y sus parejas y ha subrayado que no se trató de una “pelea de bar”. El parlamentario ha denunciado la 'banalización' del caso por parte de algunos grupos políticos y ha señalado que su partido “no se alegra de las condenas ni de la situación por la que están pasando las familias”. Sin embargo, ha asegurado que no cree que “nadie pueda cuestionar el derecho de las víctimas a pedir las penas que sean”.

En cuanto a los grupos proponentes de la comparecencia, la tónica general de los discursos ha sido la denuncia de unas condenas desproporcionadas. Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai -socio de Gobierno-, ha llamado a los grupos parlamentarios a centrarse en la “dimensión pública y política, que no partidaria” de esta cuestión. Barkos ha resumido su intervención diciendo que “esto no es la aplicación del código penal, sino la aplicación del código postal”.

Por parte del tercer socio del Gobierno de Navarra, Podemos-Ahal Dugu, ha comparecido Ainhoa Aznárez, quien ha señalado que “ha habido un abuso de la prisión preventiva”. Una denuncia que, ha dicho, “no solo es de los padres y madres de los condenados, sino que hay organizaciones con largo recorrido denunciando este hecho”. Siguiendo la línea mantenida por Geroa Bai, Aznárez ha añadido que ese caso es “una aberración jurídica” y que “este juicio nunca debió salir de Navarra”.

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, y Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, han formulado discursos similares a los de Podemos y Geroa Bai y han trasladado su solidaridad a las familias de los condenados por la 'desproporcionalidad' de las penas.

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