Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona recurrirán la decisión de no encarcelar a 'la manada'

La decisión dividida de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra de mantener en libertad a los cinco miembros de la manada ha sido acogida con críticas por las instituciones navarras que ejercen la acusación popular, el abogado de la víctima y los partidos políticos. El presidente del tribunal, José Francisco Cobo, también discrepa de la opinión de sus colegas, como ya hizo e pasado mes de junio, cuando se tomó la decisión de ponerlos en libertad provisional. Su voto particular recoge las argumentaciones de las acusaciones.

El Gobierno de Navarra recurrirá el auto que desestima el ingreso en prisión provisional de los condenados de la manada, como habían solicitado la Fiscalía, la acusación particular y las acusaciones populares. En los recursos de súplica se solicitará la revocación de esa decisión y el inmediato reingreso en prisión.

En un comunicado, el Ejecutivo foral ha manifestado su “absoluta discrepancia” con la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial Navarra por la que desestima la solicitud de ingreso en prisión de los acusados, informa Europa Press.

El Gobierno se reafirma en los motivos que fueron alegados por la asesoría jurídica del Gobierno en la vista celebrada el pasado 26 de diciembre para solicitar el ingreso en prisión como “son el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, teniendo en cuenta además la gravedad de los hechos por los que fueron acusados, la pena de nueve años de prisión a la que fueron condenados, así como la propia sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 30 de noviembre del pasado año, confirmatoria en lo sustancial de la de la Audiencia Provincial”. Esta última sentencia, ha expuesto, “incluso contó con el voto particular de dos magistrados que calificaron los hechos como agresión sexual”.

Según ha añadido el Ejecutivo, “esta calificación es la que desde el inicio de este proceso ha sostenido el Gobierno de Navarra y así ha sido argumentada también en el recurso que ante el Tribunal Supremo han presentado tanto el propio Gobierno como el resto de acusaciones, postulando que se les condene por agresión sexual”.

Frente a los argumentos de dos de los magistrados de la Audiencia Provincial contenidos en los autos, el Gobierno de Navarra ha indicado que “comparte los del voto particular singularmente relativos a que la medida del reingreso en prisión es necesaria para procurar el fin legítimo asignado a la prisión provisional”.

“De esta forma, se evita que los acusados puedan sustraerse a la acción de la justicia y a la existencia de dos sentencias condenatorias, en las que se impone y ratifica una condena a 9 años de prisión, una pena que supera, hasta casi duplicarlo, el umbral inferior de 5 años considerado en el Código Penal como límite para diferenciar los delitos graves de los menos graves”, ha añadido el Ejecutivo, que además considera que “el cumplimiento que vienen realizando los procesados, desde que fueron excarcelados, de las condiciones impuestas, puede desvirtuar el riesgo de fuga”.

Por otra parte, el Gobierno de Navarra quiere volver a manifestar su “rechazo y condena” de “cualquier caso de violencia sexual, por lo que supone una intolerable violación de los derechos humanos, una violencia que revictimiza a las niñas y mujeres y que atenta contra su vida y libertad”.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento también recurrirá el auto. “No compartimos esta decisión, es un auto que nos parece que ahonda en esa profunda brecha a la que más de una vez nos hemos referido que hay entre algunos sectores de la judicatura y la sociedad”, ha manifestado el alcalde, en declaraciones a los medios de comunicación.

Asiron ha afirmado que “el Ayuntamiento, en su pleno, y este alcalde, en primera persona, tienen un compromiso con la familia desde el primer momento para acompañar a la víctima en todo este proceso, y vamos a recurrir este auto siendo coherentes con lo que desde un principio hemos venido defendiendo, que es decir que lo que se produjo en aquel desgraciado suceso de los Sanfermines fue una agresión sexual en fondo y forma”.

Además, el alcalde ha expresado su “preocupación” por ver que “ese carácter garantista que estamos viendo en este auto no se aplica en cambio en otros casos bien cercanos a nosotros, como puede ser el caso de la sentencia de Alsasua”.

Decisión “desafortunada”

Carlos Bacaicoa, abogado de la víctima de la Manada, ha considerado “desafortunado” el auto de la Audiencia de Navarra por el que se mantiene la situación de libertad provisional para los cinco condenados por abuso sexual con prevalimiento, y ha señalado que “casi con toda seguridad recurriremos”.

En declaraciones a Europa Press, Bacaicoa ha opinado que “no son las mismas circunstancias que se dieron cuando fueron excarcelados” porque “lógicamente el proceso va avanzando y el recurso de casación es mucho más limitado que el recurso de apelación”.

Así, ha explicado que, una vez ratificada la condena por parte del TSJN, el recurso de casación ante el Supremo, próximo paso en este proceso, “no admite evaluación ni revisión de los hechos probados sino infracción de ley o quebrantamiento de forma”, por lo que “evidentemente, si los hechos probados no pueden ser combatidos, la condena la tienen clara” lo que “es un motivo bastante claro para haber acordado la prisión”, ha considerado.

El abogado ha indicado que estudiarán interponer un recurso de súplica y ha indicado que “casi con toda seguridad recurriremos” pero ha explicado que lo comentará con el otro letrado con el que comparte labores y con su cliente.

Por otro lado, ha recordado que “nos tienen que dar traslado a las partes del plazo para presentar el recurso de casación, luego las partes impugnaremos el recurso de la parte contraria” y, finalmente, “el asunto llegará al Supremo” que decidirá en un plazo que, en su opinión, podría extenderse a lo largo de dos años.

Además, ha señalado que “luego el caso pasaría otra vez a la Audiencia Provincial para que se pronuncie sobre el delito contra la intimidad sobre el que no quiso pronunciarse en la sentencia”. “Tenemos que tener paciencia”, ha indicado.